Estos son los plazos que estiman expertos tributarios y el propio ministro de Educación.
Publicado el 24.09.2014
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El 11 de septiembre la Presidenta Michelle Bachelet hizo una cadena nacional de radio y televisión para destacar la aprobación de  la reforma tributaria y la “enorme estabilidad y certidumbre” que generará en la economía chilena, pero la marcha blanca  de la implementación de dichos cambios, -los mayores en 30 años según el ministro de Hacienda-, durarían, al menos, hasta 2023 y tendrían numeras dificultades.

Así lo explican a “El Líbero” tres socios de PwC, la firma transnacional de auditoría y asesoría legal.

La complejidad principal dice relación con que las empresas convivirán con tres sistemas tributarios en paralelo hasta 2016: el actual, en que opera el FUT; el nuevo, que fue aprobado en la reforma -que tiene implícito, a su vez, otros dos sistemas de renta parcial e integrada-; más otro mecanismo de transición para los próximos dos años.

Dificultades para las empresas

En lo inmediato, este mes las 40 empresas que transan en la Bolsa de Comercio de Santiago tendrán que incorporar en sus estados financieros el mayor costo que les significará el alza impositiva del actual 20% al 27% en 2018, y lo mismo tendrán que hacer todas las empresas del país antes de fin de año.

“Tener sistemas paralelos de tributación no existe en otra parte del mundo, y es bien raro. Será muy complejo armonizar ambos sistemas. La reforma quedó menos mala, lo que no significa que sea mejor que el sistema actual”,  afirma Francisco Selamé, socio líder del área Legal y Tributaria de PwC Chile.

“Será muy complejo convivir con varios sistemas tributarios al mismo tiempo. Será como un Transantiago pero los pasajeros deberán elegir entre dos buses distintos. En los primeros años, los contribuyentes y el fisco van a cometer errores de interpretación e implementación”, advierte Didier Lara, socio del área Legal y Tributaria de PwC Chile.

Según los especialistas, las empresas aumentarán en un 30%, aproximadamente, las cargas administrativas con contadores, auditores y asesores; deberán hacer más declaraciones juradas; capacitar a los equipos e incorporar las decisiones contables en los directorios y gerencias.

El incremento tributario, además,  aumentaría el endeudamiento de las empresas, bajaría la rentabilidad y subiría los costos, que se traspasarían a los precios de los consumidores.

Bernardo Fontaine, economista y actor clave en el acuerdo de la Alianza con el Gobierno que permitió aprobar la reforma tributaria, señala que los profundos y estructurales cambios que se harán al sistema impositivo debieran ir acompañados de una marcha blanca o año de gracia durante 2018.

“La reforma se discutió demasiada acelerada y es posible que haya que aclarar varios aspectos. Es como cambiar el sistema Windows de todos los computadores. Se requiere la preparación, capacitación y adaptación de las empresas, las personas y el SII porque es un cambio profundo”, agrega. A su juicio, después de entrar en funcionamiento la reforma, tomará un par de años tener el manejo completo del nuevo sistema.

Preocupación por facultades del SII y judicialización

Las atribuciones que tendrá el SII para interpretar la ley a través de reglamentos y circulares es uno de los principales temores que tienen los expertos. Ello, porque la ley deja varios espacios a las interpretaciones, los funcionarios encargados de fiscalizar no están capacitados y porque ante una eventual mayor necesidad de recaudación se podrían hacer reinterpretaciones de la normativa.

“No será fácil el aprendizaje porque los temas son bien complejos. Una vez que esté la reforma en régimen en 2018, estimo que el aprendizaje de las empresas y todo el sistema tomaría cinco años. El Servicio de Impuestos Internos (SII) tampoco estará preparado en 2018 para responder, y puede que se cometan errores que después habrá que subsanar”, señala Germán Campos, otro de los socios.

Uno de los coletazos que podría generar la marcha blanca sería la judicialización ante eventuales desacuerdos entre el SII y los contribuyentes. “Si la reforma tiene como objetivo recaudar y no lo logra, podrían tratar de reinterpretar la norma para recaudar más o aumentar la fiscalización. Podría haber muchos juicios”, afirma Didier Lara. También cree que la ley, que se promulgará en los próximos días, debería tener ajustes legales para dejar un solo sistema de tributación, que sea más simple porque el que se implementará será muy complejo.

Plazos de la reforma educacional

El Mercurio destaca hoy que, según las estimaciones del Mineduc, el proceso de poner fin al copago se extendería unos 20 años. Por ejemplo, para el año 2034 todavía habría más de 10 mil alumnos con copago, pertenecientes a los grupos que hoy cursan sus estudios en establecimientos con mensualidades más altas.

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO