Una de las olas que llegó a Juan Fernández se llevó a su hijo. Helen Fajardo es querellante en la causa y repudia el acuerdo entre el Ministerio Público y los acusados, quienes podrían evitar ser juzgados pagando una multa. "La postura del fiscal de ahora es tirada de las mechas", dice.
Publicado el 12.03.2016
Comparte:

El 18 de febrero pasado Joaquín Ortiz Fajardo, a quien cariñosamente le llamaban “Puntito“, debió haber apagado su vela número 14. Estaría viviendo en Puerto Montt junto a su madre Helen y su hermano Pablo, quien ahora tiene 19 años. Pero el tsunami del 27 de febrero de 2010 acabó con la existencia del niño de entonces ocho años y, también, con el plan de vida de su familia.

“Esto se podría haber evitado”, repite una y otra vez Helen Fajardo. Es que a pesar de que han pasado seis años desde la tragedia, ella cree que nunca podrá superar el trauma de esa madrugada cuando una gran ola los arrastró a ella y a su hijos en una calle de la isla Robinson Crusoe. Fue la última vez que vio a “Puntito”. Sin embargo, hoy más que la tristeza por la pérdida de Joaquín, lo que la envuelve es el sentimiento de impotencia tras enterarse de que el fiscal regional metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, llegó a un acuerdo con la defensa de los acusados en el caso, para buscar una salida alternativa y evitar el juicio oral.

Helen es una de las 105 víctimas -representada por al abogado Alfredo Morgado– querellantes en este proceso que busca las responsabilidades penales del ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende; la ex directora de Onemi, Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana, Johaziel Jamett; y los ex funcionarios del SHOA, Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina.

La propuesta de suspensión condicional del procedimiento la dio a conocer el fiscal el pasado lunes, momento en el que informó a las víctimas que los acusados deberán pagar un monto total de $ 245 millones, de los cuales $ 235 millones se dividirán entre los querellantes.

De inmediato la noticia causó revuelo, no sólo por la salida alternativa, sino que a muchos les llamó la atención que el fiscal Pérez Calaf llegase a este acuerdo cuando recién asumió el cargo el 22 de enero pasado, pues fue la fiscal Solange Huerta la que lideró este proceso previamente. Por lo mismo este 14 de marzo, fecha en la que comenzaría la preparación del juicio oral, donde cabía la posibilidad de que la Presidenta Michelle Bachelet tuviese que testificar, el Juez de Garantía, en cambio, tendrá que decidir si acepta o no el acuerdo para suspender la causa. De acoger esta propuesta los abogados querellantes recurrirán ante la Corte de Apelaciones.

Helen Fajardo: “Por cómo se han dado los escenarios, sinceramente esto debe ser un manejo político”

La madre de “Puntito” tiene 43 años y aunque vive en Puerto Montt, por estos file_20130718200654días trabaja en un café en Juan Fernández. No sabe cuánto tiempo se quedará en el archipiélago, pero necesitaba estar con su madre y reencantarse con el territorio. Es que ella conoció el lugar cuando sólo tenía 15 días de nacida, pero el 27F la obligó a alejarse de su tierra por un tiempo. Esta es la tercera vez que Helen viaja a la isla desde que ocurrió la tragedia y es la primera visita en que “puedo abrazar a mis amigos y no caerme”.

Desde la isla Robinson Crusoe, Helen cuenta a “El Líbero” sus impresiones tras la propuesta de suspensión de la causa.

¿Cómo recibió la noticia?

– Esto es un insulto, nos están pasando a llevar a las víctimas como si nada. Lo que ocurrió corresponde llevarlo a juicio. Imagínate todos los años en que se preparó todo y la postura de la fiscal anterior era otra, mientras que el actual fiscal en menos de dos meses decide suspender todo. Aquí hay responsabilidades. Uno piensa que esto se trata de un manejo político totalmente. Yo creo que el fiscal ni si quiera ha leído todo el caso, toda la negligencia que hubo.

¿A qué se refiere con manejo político?

– Se supone que deberían declarar de la Presidenta hacia abajo, decir qué pasó esa noche, y no me refiero sólo a lo que ocurrió en Juan Fernández, sino que también en Dichato, por ejemplo, donde aún están a la vista todas las pruebas. No somos tontos. Hay que tener dos dedos de frente. Yo creo sinceramente que debe ser un manejo político, por cómo se han ido dando los escenarios. Y eso que el Poder Judicial es autónomo, pero la postura del fiscal de ahora es tirada de las mechas. ¿En menos de un mes y medio leyó? ¿Vio alguna prueba? Además, que el fiscal dice que no quieren hacer sufrir más a las víctimas, yo me pregunto de qué está hablando. Qué sufrimiento más que con esto, esto es una burla. Nada me va a devolver a mi hijo y nada me va a devolver por lo que he pasado, mi familia, mis amistades… Pero es una burla. Cuando vino la fiscal Solange Huerta dijo que el escenario era un juicio por las responsabilidades y ahora el fiscal dice que no nos quiere hacer daño. ¿De qué está hablando? Es un doble discurso para todos nosotros. Qué moral tiene para decir eso. Imagínese que recién en noviembre del año pasado recibí el certificado de defunción de mi hijo. Yo iba a Fonasa y mi hijo aparecía vivo. Eso es más que un insulto. Esta gente no tiene corazón, no tiene perdón, así de simple.

¿Qué espera de este proceso?

– Que se dé a conocer la verdad, que no tapen con mugre cosas tan básicas o que digan que van a hacer esto por las víctimas. Aquí se tiene que saber que hubo una negligencia.

¿Le gustaría recibir disculpas por parte de los acusados?

– ¿Y tú crees que ahora después de seis años alguien va a hacerlo de corazón? Aquí hubo un asesinato en vida. Están todas las pruebas. Qué daño nos pueden hacer ahora. Qué sentido tiene que ahora alguien diga “lo siento”. “Es tarde para amar”, como dice el dicho.