Pocos días después de las incendiarias declaraciones en que declaró ser perseguida y recibir un trato desigual, a la nuera de Bachelet y a su marido se les autorizó salir del país, les retrasaron en una semana la formalización por estafa y citaron a declarar a Ana Lya Uriarte, lo que no había ocurrido en un año.
Publicado el 31.12.2016
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En la mañana del pasado viernes 16 de diciembre, Natalia Compagnon rompió inesperadamente su silencio de casi dos años desde que se destapó el escándalo Caval, y ante todos los medios de comunicación y junto a su marido Sebastián Dávalos, leyó una dura declaración pública en que acusó a la Fiscalía de cometer delito, de recibir un trato desigual y no respetar sus derechos básicos procesales.

“No se han dado las garantías necesarias, no se han respetado principios tan básicos como la igualdad ante la ley y el principio de presunción de inocencia. A mi entender, la fiscalía ha cometido faltas graves. Incluso, podrían ser causales de delitos y me sumo a la queja en otras causas de connotación política, que están siendo investigadas por el Ministerio Público, respecto de las filtraciones de información a la prensa, que es un delito y está tipificado en el Código Penal”, dijo la socia de la empresa Caval.

Sus acusaciones obligaron a varias autoridades a responder de inmediato, partiendo por su suegra, la Presidenta Michelle Bachelet, quien afirmó que “si hay algo que sea denunciado por cualquiera persona, sea quien sea, es la fiscalía la que tiene que responder, no la Presidenta de la República. Yo soy muy respetuosa de cada poder del Estado y su autonomía”.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, replicó que “hace un año se filtró su declaración ante la fiscalía y no hubo reclamo hasta ahora, pero tiene el derecho a hacer cualquier presentación o denuncia según corresponda”.

Pero  lo cierto es que desde que hizo sus declaraciones, Compagnon puede sacar cuentas alegres, porque ha conseguido, al menos, tres cosas concretas que había pedido y le habían sido negadas o no se habían realizado.

1- Autorización para salir del país

Viajar fuera del país durante la Navidad y año nuevo le fue negado a la pareja Dávalos-Compagnon reiteradamente por la justicia, bajo el riesgo de que no volvieran, como alegó la Fiscalía.

Sin embargo, cinco días después de su declaración pública, la misma Corte de Apelaciones de Rancagua que les había negado el permiso se los concedió por tres votos contra cero, autorizando a la pareja a viajar entre el 20 y el 5 de enero, porque el 6 iba a ser formalizada Compagnon por el delito de estafa contra el empresario Gonzalo Vial Concha.

Los ministros Emiliano Elgueta, el ministro (i) Álvaro Saavedra, y el abogado integrante, Carlos Moreno, argumentaron la presunción de inocencia, el tiempo que permanecerá en el extranjero, la baja pena del delito imputado, las eventuales atenuantes y tratados internacionales.

Pero el fiscal acusador, Sergio Moya, se declaró contrario al beneficio ya que a su juicio hay peligro real de fuga. “Lo reiteramos el día de hoy ante el tribunal de alzada: planteamos que se han dado diversas argumentaciones para el viaje: primero vacaciones, después trabajo, luego negocios y estudios; ahora nuevamente se señala que es por un tema de relaciones familiares… Nosotros formulamos nuestros argumentos, pero fueron desechados“.

2- Retraso de la fecha de formalización

Lo anterior conduce a la segunda regalía que consiguió Compagnon, y es que su abogado solicitó que le cambiaran también la fecha de formalización, la que se aplazó para el 13 de enero, es decir, una semana más tarde. Así podían estar más tiempo en EE.UU. disfrutando de sus vacaciones familiares dada la demora de las entidades estatales para facilitarles la documentación requerida.

La decisión fue tomada por la jueza de garantía Loreto Salas, quien acogió la petición de la defensa de los socios de Caval, y el fiscal Moya advirtió que “habiendo quedado notificados, si ellos no comparecen, lo que procede es que se despache una orden de arresto”.

3- Citación a declarar de Ana Lya Uriarte

18 de Enero 2016/SANTIAGO La Jefa de Gabinete de la Presidenta Bachelet, Ana Lya Uriarte (en la foto, junto a la Senadora Isabel Allende, der), quien ha sido vinculada al caso Caval, camina por los patios del Palacio La Moneda al término del Comité Político. FOTO: JORGE FUICA/AGENCIAUNO

En su declaración ante la Fiscalía en enero de 2016, la nuera de Bachelet involucró a la jefa de gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte, por estudios que realizó para Caval y que costaron $19 millones.

Sin embargo, transcurrido un año la Fiscalía nunca investigó esa arista, no pidió el informe que habría realizado la ex ministra de Medio Ambiente y no citó a declarar a Uriarte. Situación que llevó a Compagnon a afirmar el pasado 16 de diciembre que para “aportar a la investigación, les quiero contar que no son solamente ocho los informes entregados al señor (Gonzalo) Vial (…) No puedo dejar de señalarles que Fiscalía se ha negado a recibirme formalmente y, por los conductos regulares, otros informes que también fueron parte de todos los entregados por el señor VialDentro de ellos figura el realizado por la señora Ana Lya Uriarte”.

El efecto casi inmediato fue que Uriarte declaró ante los fiscales Moya y Emiliano Arias,  sobre los informes realizados y dijo no conocer al supuesto beneficiario, el empresario Vial. Tras concluir la diligencia, Uriarte se retiró de la fiscalía por un acceso lateral, sin realizar declaraciones.