La apertura de nuevos colegios, los arriendos y la selección de alumnos generan amplia polémica.
Publicado el 15.09.2014
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Tan pronto terminen las celebraciones de Fiestas Patrias, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados se abocará desde el martes 23 a votar las casi 200 indicaciones que se han presentado a la emblemática reforma escolar del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

La nueva legislación busca terminar con el copago, el lucro y la selección en los colegios subvencionados, temas que fueron instalados y exigidos por el movimiento estudiantil y que incorporó la Mandataria en su programa.

Las posiciones y amplios debates que han generado los actores involucrados -como el Ministerio de Educación con sus 24 nuevas indicaciones, los diputados y senadores, los gremios de sostenedores, apoderados y profesores, la Iglesia Católica, la Confech y Cones, los partidos políticos y movimientos como Fuerza Pública, Amplitud y Evolución Política, los especialistas y centros de estudios-, se pueden resumir en tres nudos gordianos que marcarán la discusión parlamentaria.

El primero es la eliminación de la libertad de apertura de nuevos colegios de calidad, aun cuando existan establecimientos con deficiente calidad educativa en la comuna donde resida la familia, explica el diputado y miembro de la comisión de Educación, Felipe Kast, quien le hizo 58 indicaciones al proyecto, a las que se suman otras 42 de la UDI.

El segundo, “muy grave”, a su juicio, es que al impedir la selección de alumnos se deja en una condición inaceptable a colegios que buscan generar mayor integración, por ejemplo, los que tienen a alumnos con necesidades especiales y no queden seleccionados en la tómbola que se usará para elegirlos.

Polémica entre colegios religiosos y laicos

El tercero, y que ha generado más polémica pública, es la obligación de tener contratos de arriendo a 20 años con precio fijado en base al avalúo fiscal, lo que gatillaría el cierre de los colegios donde los dueños de los inmuebles no estén dispuestos a arrendar en esas condiciones, asegura Kast.

Esta indicación fue ingresada por el Ejecutivo tras las críticas al proyecto original que sólo permitía la compra del establecimiento, lo que obligaba al fisco a destinar US$ 5 mil millones sólo a la compra de infraestructura, lo que llevó al senador Ignacio Walker a acusar al Mineduc de “gestor inmobiliario”.

Pero el arriendo es criticado por los gremios de sostenedores y apoderados que señalan que sólo beneficiará a colegios religiosos y discriminará a los laicos, muchos de los cuales tendrán que cerrar.

Temor que expresó a El Líbero” Erika Muñoz, al señalar que el 80% de los colegios subvencionados, donde estudian 1,8 millones de alumnos, tienen fines de lucro y, por tanto, “la gran mayoría quedaría fuera de la subvención, entre ellos, escuelas especiales de lenguajes, de educación diferencial y técnicos profesionales”.

Similar opinión ha expresado públicamente Hernán Herrera, presidente de los Colegios Particulares de Chile (CONACEP), al indicar que es “impresentable” que el Gobierno le permita el arriendo a los colegios  religiosos y a los demás los obligue  a la autocompra: “Las soluciones debieran ser para todos y no hacer excepciones”.

El diputado de Evolución Política coincide con las críticas al Ejecutivo porque discrimina a los colegios particulares subvencionados laicos en relación con los religiosos, dañando el principio de igual trato para todos.

“Las indicaciones minimizan o tratan de hacerse cargo de los errores brutales del proyecto original, pero no le cambian el corazón a la reforma para que premie la calidad y nivele hacia arriba. Se requieren US$3 mil millones para emparejar la cancha para los niños de menores recursos”, acusa Felipe Kast.

Sin embargo, el presidente de la comisión, el diputado DC Mario Venegas, discrepa de esa posición y dice que es legítimo hacer una diferencia entre los colegios particulares subvencionados con y sin fines de lucro.

“Los colegios religiosos están dispuestos a convertirse en fundaciones sin fines de lucro. No se abrirá la posibilidad de que haya arriendo a empresas relacionadas porque si no se repetiría lo que ocurre con las universidades, que tienen una inmobiliaria que es la dueña de la infraestructura y lucra”, señala.

El parlamentario advierte que “no es posible simplemente consensuar todas las ideas”, y que hay muchas indicaciones que se rechazarán porque se “alejan de las ideas matrices del proyecto o son facultades privativas del Ejecutivo”.

Crítica de expertos

José Joaquín Brunner, experto en educación, dice que el foco del debate del gobierno está equivocado porque “estamos discutiendo temas propios de la industria de la construcción, como arriendos y compra, y no de la calidad de la educación. No han recogido bien la discusión que existe y una vez más queda a medio camino con una solución  que no le va a gustar prácticamente a nadie”.

El economista y académico de la Universidad Católica, Carlos Williamson, pide que haya controles o topes razonables en los arriendos para que se avance en la dirección correcta y tiene dudas que el avalúo sea el mejor indicador porque su precio es muy inferior al mercado.

 

FOTO: DAVID CORTES SEREY/AGENCIA UNO