En una veintena de iniciativas legales patrocinadas por diputados socialistas se busca normar el mercado de capitales y la rentabilidad de las AFP, la minería, las tarifas de las autopistas concesionadas, las cajas de compensación y el código de aguas, entre otros sectores donde invirtieron más de $13 mil millones.
Publicado el 13.05.2017
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Las multimillonarias inversiones financieras del Partido Socialista no han sido impedimento para que sus diputados hayan presentado diversos proyectos de ley en el Congreso que tienen relación precisamente con las empresas o sectores productivos en que llegaron a colocar los más de $13 mil millones que llegaron a amasar.

Las iniciativas legales de los socialistas buscan regular el mercado de capitales y la rentabilidad de las AFP, la minería, las tarifas de las autopistas concesionadas, las cajas de compensación y el código de aguas, entre otros.

Incluso, una comisión investigadora actualmente en funcionamiento sobre contribuciones financieras a partidos políticos está siendo dirigida por el diputado socialista Fidel Espinoza, quien ahora pide sanción para los responsables de las inversiones de su partido.

Dichos proyectos de ley llevaron a la bancada de la UDI a ingresar un oficio a la comisión de Ética de la Cámara de Diputados, pidiendo “la revisión de todas las votaciones efectuadas por el PS en cuanto a todas aquellas empresas, sociedades nacionales o extranjeras que con el objeto de operar en nuestro país hayan tenido que ser habilitadas por ley”.

El escrito iba acompañado de un listado de 19 proyectos de ley que podrían cumplir con esas condiciones, además de 7 proyectos de acuerdo y dos comisiones investigadoras vinculadas a estas materias.

Andrade pidió fuertes sanciones para el mercado de capitales y Allende para el uso del agua, ámbitos en que tenía millonarias inversiones el PS

El 13 de mayo de 2015, pocos días antes de dejar la presidencia del PS, el diputado Osvaldo Andrade fue autor de un proyecto de ley para modificar la ley 18.045 del mercado de valores, y endurecer las penas y sanciones a quienes transan en los mercados bursátiles.

Este proyecto busca aumentar las penas privativas de libertad e inhabilidades a quienes son sancionados por esta ley, ya que es de suma importancia en el ámbito privado y público tener la transparencia, idoneidad y legalidad al momento de actuar, pensando siempre en el delicado ámbito del mercado de valores, donde se juega con y se comprometen activos y fondos ajenos, que son los ofrecidos a los particulares para que inviertan o compren en los distintos mercados de valores”, sostiene el proyecto de ley que está en el primer trámite constitucional de la Cámara de Diputados.

Coincidentemente, ese año el Partido Socialista tenía invertidos en el mercado de capitales más de $13 mil millones en diferentes acciones y bonos de empresas reguladas por el Estado (Enersis, Endesa, CGE, AES Gener, Vespucio Norte Express, Autopista de Sol); en compañías extranjeras como Petrobras y Pemex, y  bonos soberanos en países como Rusia, Brasil y Colombia.

El hecho de que el PS tuviera $342 millones en las autopistas Vespucio Norte y $286 millones en la Del Sol no le impidió presentar otra iniciativa legal en 2011, por varios de sus diputados, para “perfeccionar el sistema de imputación del pago de multas en autopistas concesionadas”.

El proyecto tenía como objetivo establecer que la imputación por el no pago de las tarifas o peajes se efectúe al usuario que las cometió al momento de la infracción, y no al usuario inscrito del vehículo respectivo.

Los socialistas tenían $300 millones en AES Gener, la segunda compañía energética más grande del país, dueña de cuatro centrales hidroeléctricas de pasada y de Alto Maipo, en el Cajón del Maipo, e inversiones en Enersis, Endesa y en las sanitarias Esval y Aguas Andinas; e igualmente la senadora Isabel Allende presentó en agosto de 2012 un proyecto de ley para modificar el Código de Aguas.

Su propuesta busca exigir la inscripción en el Catastro Público de Aguas de todos los derechos de aprovechamiento de aguas, y sancionar a los que no cumplan con prohibirles realizar “acto alguno ante la Administración del Estado ni constituir ningún derecho real”.

En las cajas de compensación Los Andes y La Araucana tenían $100 millones en cada una, pero tampoco los inhabilitó para que algunos de los diputados socialistas fueran parte del proyecto que fija la tasa de interés corriente para el cobro de créditos sociales otorgados precisamente por dichas cajas.

El activo rol del PS en proyectos de ley para regular la minería

La gran mayoría de las iniciativas legales contienen regulaciones para la industria minera, en circunstancias que el PS compró $2 mil millones en bonos de SQM, empresa que está siendo investigada por la justicia tras los millonarios aportes ilegales que entregó a diversos personeros políticos, entre ellos, AyN, la empresa que financió a profesionales que trabajaron en la precampaña de Michelle Bachelet, como Rodrigo Peñailillo y Michel Jorrat.

Entre otras iniciativas mineras, están la modificación el Código de Minería respecto de los terrenos en que se requiere permiso del propietario para catar y cavar, que ingresó en diciembre de 2015 la diputada socialista Denise Pascal Allende.

Otros colegas de su partido, Luis Lemus y Daniel Melo, ingresaron un proyecto para modificar la ley 19.137 y establecer una licitación de pertenencias mineras traspasadas por Codelco a Enami, en beneficio de la pequeña y mediana minería.

En una iniciativa de septiembre de 2014, se exigía el cambio de dicho código minero para exigir a los concesionarios medidas de mitigación por la contaminación de las aguas que ocasione su actividad.

En 2015, también presentaron una reforma constitucional sobre la concesión de pasivos mineros, otro proyecto de ley para declarar nulidad de un artículo en la ley 20.469 respecto de la tributación de la actividad minera, y otro para modificar la duración y extensión territorial de dichas concesiones.

La ruta de la plata en el PS: De los aplausos por la rentabilidad a las incriminaciones actuales

En 2002, cuando por una ley impulsada por el Presidente Ricardo Lagos el Partido Socialista recibió más de $5 mil millones por los bienes expropiados durante el régimen militar, creó una “comisión patrimonio” para administrar los inesperados recursos y multiplicarlos en el mercado financiero.

Desde entonces, dicha comisión está integrada por seis miembros y tiene como mandato, establecido por estatutos aprobados por el Comité Central, utilizar sólo los fondos de las utilidades y no tocar el capital invertido, como una manera de no matar la “gallina de los huevos de oro”.

Por unanimidad, los socialistas definieron también que los miembros de ese comité fueran economistas con experiencia en el ámbito financiero. También dejaron por escrito que la comisión tenía atribuciones y que su funcionamiento sería autónomo respecto de la directiva de tumo del PS, porque de esa forma se cautelaba que las transacciones no respondieran a los intereses de los bloques internos de la colectividad.

El liderazgo de dicha comisión hasta 2010 recayó en Oscar Guillermo Garretón, quien era aplaudido cada vez que en una comisión política, en el Comité Central o en un Congreso del PS mostraba las millonarias cifras de rentabilidad que conseguía con los recursos.

Otra integrante destacada fue Jéssica Cuadros, a la época cónyuge del entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.

En 2005 se conocía que el partido tenía acciones en compañías como Endesa, Autopista del Sol, Esval, Banco Santander, Vespucio Norte y Terra Nova. “Las acciones cambian todos los días y el PS, como cualquier empresa, continuamente está evaluando el precio y el valor de las acciones en el mercado”, explicaba un dirigente socialista.

En 2007, el entonces vicepresidente del PS, Ricardo Solari, aseguró que el método que eligieron era más bien conservador, porque el objetivo del partido era buscar “ahorros seguros y con bajo riesgo”. De los $7 mil millones que el PS tenía ese año, 85% está en instrumentos de renta fija, 10% en moneda extranjera y 5% en renta variable.

En 2011 asumió como presidente de la comisión patrimonio el ex director de la dirección de Presupuesto, Alberto Arenas, quien estuvo hasta que en 2013 renunció para encargarse como jefe programático de la campaña de Bachelet.

Los informes financieros con los resultados se entregan mes a mes a la mesa del partido, lo que contrasta con los dichos de Álvaro Elizalde, quien dijo desconocer el destino de las inversiones. El ex presidente, Osvaldo Andrade, admitió a Mega que al hacerse público los escándalos de Penta y SQM instruyó que sacaran las inversiones que hubieran. Su secretario general era Elizalde.