La empresa incluyó como testigo contra Sergio Bustos al abogado Levine, quien mencionó a “la señora” en sus mails, y que además medió para que el primero no hablara a la prensa y cerraran acuerdo laboral a cambio de $160 millones.
Publicado el 03.04.2015
Comparte:

Este lunes 6 a las 11.30 de la mañana la jueza del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Elsa Barrientos, comenzará el juicio laboral de Sergio Bustos Baquedano en contra de la empresa Caval, propiedad de Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, por el no pago de $230 millones en sueldos, cotizaciones, indemnizaciones y premios.

La publicación de dicho litigio por la revista Qué Pasa el viernes 6 de febrero dejó al descubierto el millonario negocio de Caval con 44 hectáreas en Machalí, y la reunión entre el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, con Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon,  que terminó con la renuncia del hijo de la Mandataria a su cargo de director sociocultural de la Presidencia, y con dos querellas por tráfico de influencia, información privilegiada, enriquecimiento ilícito y estafa que investiga el fiscal de Rancagua, Luis Toledo.

Caval puso al abogado que mencionó a “la señora” como testigo en juicio

El juicio podría significar el encuentro de dos amigos por 20 años: Sergio Bustos y el abogado de Caval Jaime Andrés Levine Contreras, quien mencionó en cuatro correos la existencia de “la señora”, que debía ser invocada por el primero para concretar la reunión entre Luksic, Dávalos y Compagnon, y que en entrevista ayer a “El Mercurio” aseguró que se refería a Natalia CompagnonEllo, pese a que en el correo del 4 de noviembre a las 12.32 el propio Levine le escribió a Bustos: “Dile a la secretaria que la reunión con Andrónico la estás solicitando a nombre de la señora pero que en la reunión ELLA hablará con él por teléfono”.

La comparecencia –de acudir Levine al juicio- será en veredas opuestas, porque Caval lo incluyó como testigo clave en contra de Bustos en el juicio laboral, pese a la larga relación de amistad que ha existido entre ambos, y a que Bustos fue quien contactó al abogado en agosto de 2013 para que sacara adelante un negocio que estaba a punto de fenecer, dada la insolvencia de la empresa de la nuera de la Presidenta.

Levine, el mediador entre la empresa y Bustos

Luego de la publicación de Qué Pasa y de algunas entrevistas que dio Sergio Bustos ese fin de semana, Levine se comunicó el domingo 8 de febrero a las 11 de la mañana con su entonces amigo, en nombre de Caval, para que se reunieran a negociar ese mismo día a las 14 horas en el restaurante Los Ganaderos, a la salida sur de Talca. Allí llegaron Lavine con otra abogada de nombre Catarina en el Lexus que usaba Natalia Compagnon.

Luego de varias tratativas y desacuerdos en el monto, acordaron la cifra de $160 millones –inferior a los $230 millones originales- pero a condición de que Bustos no hablara nunca más con la prensa, e incluso que mandara una carta a Qué Pasa pidiendo que se eliminara toda la información que él había proporcionado.

Pero durante las dos semanas siguientes la empresa no acudió a la notaría para firmar el acuerdo y traspasar los recursos, por lo que Bustos dio por terminada la negociación. En ese período Caval pudo inscribir las propiedades en el Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, que daba por finalizada la venta de los predios a Hugo Silva Martínez por $9.500 millones, reportándole ganancias de $2.500 millones.

Los hechos en que hay acuerdo

Diez son los hechos en que la empresa  y Bustos están de acuerdo, según el acta de audiencia preparatoria del 25 de febrero pasado.

Éstos son que el demandante prestó servicios a Caval entre el 2 de mayo de 2013 y enero de 2014 para gestionar la compra y obtener un crédito bancario en Machalí, que los predios en cuestión estaban en poder del síndico de quiebras, que Bustos efectuó gestiones ante los bancos Santander y Chile a fin de obtener un crédito comercial -que se consiguió con éste último-, que se hizo la compra de los terrenos y se inscribieron en el Conservador.

También hay acuerdo entre las partes respecto de que Bustos nunca firmó un libro de asistencia, no cumplió horario; y que le pagaron $2 millones en octubre de 2013 por servicios prestados.

En cambio, Bustos debe probar la naturaleza de los servicios prestados, como labor desempeñada, jornada, remuneración y fecha de término, y la existencia de un pacto de comisión por UF 5.000 en caso de que resultara el crédito comercial.

Según él, le ofrecieron un sueldo de $4 millones mensuales y un bono de 5.000 UF por conseguir el préstamo, y que no le cancelaron las previsiones de salud, AFP y cesantía, indemnización y feriado legal. En total, según su versión, la deuda alcanza los $230 millones.

En la audiencia preliminar la jueza propuso la suma de $38 millones como conciliación, que fue rechazada por el demandante.