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Publicado el 25 de enero, 2015

Los primeros escándalos sobre el financiamiento de la política y qué fue de los implicados

Autor:

Renato Gaggero

En su mayoría tienen que ver con mal uso o triangulación de recursos estatales. Tuvieron un tortuoso proceso y parecen demostrar que en política no existen los muertos.
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Renato Gaggero

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Los últimos meses han estado marcados por cuestionamientos al financiamiento de la política. Todo comenzó a mediados de 2014 con el denominado “Pentagate” que tiene como supuestos implicados a varios miembros de la UDI, al ex candidato presidencial Andrés Velasco y al ministro Alberto Undurraga (DC). En diciembre pasado se sumaron las supuestas irregularidades del comando de Michelle Bachelet que pagó $240 millones a la esposa de su creativo de campaña y hace unos días explotó el “Yategate” donde han existido denuncias sobre posibles donaciones al comando de Bachelet fuera del marco legal.

Pero desde el retorno de la democracia se pueden contar al menos una decena de escándalos vinculados al financiamiento de la política. Estos son los casos y la vida de sus protagonistas después de la tormenta.

Digeder (1992)

Ocurrió en 1992, pero fue descubierto en 1994 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Se constataron desórdenes administrativos por $500 millones (un 5% del presupuesto del organismo) bajo la administración de Iván Navarro (DC). Aunque la Contraloría General de la República solo estableció la existencia de “desórdenes”, diputados de la Democracia Cristiana señalaron que el dinero fue usado para financiar campañas políticas. El caso se cerró sin encontrar responsables.

Posteriormente Navarro fue intendente de Los Lagos y luego pasó a formar parte del grupo Norte-Sur, que en 2011 intentó (sin suerte) adquirir la Universidad Central, además de manejar 19 colegios particulares-subvencionados.

Desmalezado en la Refinería de petróleo de Concón (1993)

En 1993 se denunciaron pagos irregulares de la Refinería de petróleo de Concón (RPC), bajo la dirección de Marcos Vásquez, a una empresa de propiedad de Francisco Zárate. El trabajo realizado fue de desmalezamiento y el pago ascendió a $381 millones en circunstancias de que en los años anteriores el gasto por ese concepto no superó los $90 millones de la época.

Este hecho desembocó en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y en acciones judiciales en tribunales. En ese contexto existieron acusaciones sobre que esos recursos se habrían utilizado en una campaña del senador Juan Hamilton (DC) y el diputado Aldo Cornejo (DC). Ambos negaron cualquier vinculación.

Hubo seis procesados. En 2002 la jueza Berta Froimovich condenó a Zárate por “estafa” y al ex secretario general de RPC, Ricardo Soto, por “fraude al fisco”. Ambos fueron sentenciados a 541 días de presidio, además del pago de $162 millones. Después de eso no han tenido figuración pública.

Cornejo fue alcalde de Valparaíso y hoy es presidente de la Cámara de Diputados y Hamilton falleció en 2007.

MOP Gate (1999)

Comenzó el año 2000 cuando Héctor Peña Véliz, dueño de Gestión Ambiental y Territorial S.A. (Gate), denunció el robo de $190 millones a su empresa. Resultó ser un autorrobo de parte de su secretaria, Sara Oliva.

Ese mismo año, a partir de las declaraciones de Oliva ante los tribunales, se destapó el caso. En esa instancia señaló un supuesto vínculo entre la empresa Gate y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde la primera habría sido ocupada por funcionarios del ministerio para desviar fondos públicos hacia campañas políticas y sobresueldos.

En ese contexto se verificó que la empresa recibía pagos del MOP por $1.700 millones en circunstancias de que sus contratos eran por $1.400, desde ahí recibieron sobresueldos cerca de 79 funcionarios del ministerio. Estos eran depositados por el MOP y las concesionarias a Gate, que mantenía contratos de outsourcing con el ministerio. Ya avanzada la investigación, el ex ministro de Obras Públicas, abriendo una arista paralela, reconoció que él y el resto de los ministros recibían un sobresueldo todos los meses en un sobre con dinero en efectivo.

El llamado MOP-Gate tuvo en total 27 aristas distintas

Carlos Cruz, ministro de la cartera cuando ocurrieron los hechos, se había desempeñado como encargado de finanzas de la campaña de Ricardo Lagos, lo que aumentó las especulaciones sobre un posible financiamiento de la campaña presidencial con dineros triangulados en un número importante de las aristas, aunque esto nunca fue demostrado judicialmente.

La arista principal significó un fraude al fisco por $1.253.352.295

Este caso llevó al histórico acuerdo entre Pablo Longueira (entonces presidente de la UDI) y José Miguel Insulza (entonces ministro del Interior) para la modernización del Estado y la “Ley de financiamiento a las campañas políticas”.

En 2014 Cruz fue condenado en segunda instancia a tres años de presidio remitido. Otras doce personas recibieron penas que fluctuaron entre los cuarenta días y los cinco años. El ex ministro deberá pagar $799 millones y otros veintiún implicados tendrán que desembolsar montos que van desde los $10.000.000 a los $777.000.000.

Cartas con cargo al Congreso (2002)

El 05 de junio de 2002 el entonces diputado Guido Girardi reconoció haber enviado 24.648 cartas a los militantes del PPD con cargo a la presidencia de la Cámara (encabezada por Adriana Muñoz, su compañera de bancada) en el marco de la elección interna de su partido, donde finalmente derrotó al senador Nelson Ávila.

Las cartas tuvieron un costo de $3.820.440 y, luego del revuelo mediático que generó el hecho, la bancada de ese partido cubrió el gasto.

El entonces diputado Girardi es hoy senador reelecto por Santiago Poniente. Nelson Ávila, contrincante suyo en la interna del PPD, dejó la tienda para ingresar al Partido Radical.

Caso revistas (2004)

Apareció en la prensa en 2006 cuando el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres (PS), denunció que la ex alcaldesa, y en ese momento diputada, Amelia Herrera (RN), habría ocupado en 2004 fondos municipales para financiar su candidatura al Congreso.

La denuncia señaló que Herrera pidió a Ricardo de la Barrera que hablara con las empresas que mantenían deudas con la municipalidad para que entregaran dineros destinados a la impresión de 17.000 revistas que daban cuenta de su gestión edilicia. Se reunieron $8.745.384 pesos que nunca pasaron por las arcas de la municipalidad. Las revistas se entregaron durante la campaña.

Herrera fue desaforada y luego condenada por “cohecho”, al igual que de la Barrera. Posteriormente la entonces parlamentaria pidió la anulación del juicio, que finalmente se concretó: aunque el ilícito fue comprobado por la justicia, no se determinó que ella aceptara y quisiera que se financiaran esas publicaciones con el dinero municipal.

Herrera, quien es casada con el ex diputado Arturo Longton, fue a la reelección parlamentaria en 2009, perdiendo por 16 votos contra su compañero de lista, Arturo Squella (UDI).

Empleos Brujos (2005)

A fines de 2005 el alcalde de Quillota, Luis Mella (DC), denunció el desvío de fondos públicos para la campaña parlamentaria de Marco Enríquez-Ominami (PS). Los fondos habrían provenido del Plan de Generación de Empleo y se habrían utilizado para pagar a equipos de brigadistas.

La investigación no probó la responsabilidad de Enríquez-Ominami, pero sí la de algunos funcionarios públicos. Paralelamente se abrieron otros flancos bajo la misma acusación en Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe y San Antonio, además de iniciarse un proceso administrativo contra el intendente de la V región, Luis Guastavino, por incumplir su responsabilidad de supervisar a los gobiernos locales.

En este contexto, fueron formalizados por “estafa” la concejala Marisol Paniagua (PPD), hija de la diputada Laura Soto (PPD) y el yerno de la parlamentaria,Uziel Valle, jefe de finanzas de la intendencia regional, ambos por desviar dineros estatales para la campaña municipal de 2004.

Laura Soto fue formalizada por los delitos de “fraude al fisco” y “estafa”, junto a Paniagua y Valle, por el desvío de $9 millones para la campaña parlamentaria de 2005. Los mismos cargos debió enfrentar el diputado Rodrigo González por un monto de $15.768.000.

La diputada Soto fue absuelta de los cargos, pero su hija y Valle fueron condenados por “estafa reiterada”. La investigación absolvió a González luego de que el testigo clave se retractara de sus dichos.

También fueron condenados a 541 días de presidio remitido, por desviar fondos en favor de las candidaturas de MEO y Rodrigo González, el ex concejal de Viña del Mar, Max Bastidas (PPD), Luis Fernández y Fernando Avendaño, ambos activistas.

Laura Soto siguió en la política hasta que en las parlamentarias de 2009 fue derrotada por Aldo Cornejo en Valparaíso. Rodrigo González aún es diputado por Viña del Mar. Luis Mella se mantiene como alcalde de Quillota.

Publicam (2005)

En el marco de la campaña parlamentaria de 2005, la empresa Publicam S.A. vendió facturas falsas para evadir impuestos. Estas fueron encontradas en distintas empresas, en las cuentas de Chiledeportes y dos, por 5 y 18 millones, aparecieron en la rendición de gasto electoral del entonces candidato al senado, Guido Girardi.

Girardi señaló que el uso de las facturas falsas se hizo sin su consentimiento, por lo que finalmente fue absuelto. Sin embargo, Ricardo Farías, ex asesor y administrador electoral del parlamentario, fue condenado a 541 días de presidio remitido y al pago de 21 UTM. Por su parte, Walter Leoz, cercano al PPD y quien habría hecho llegar las facturas al comando, fue condenado a 540 días de pena remitida y 5 unidades tributarias anuales.

Estas facturas también fueron encontradas en la rendición senatorial de Lily Pérez (RN) y presidencial de Sebastián Piñera (RN), pero no se comprobó su participación.

Las “maniobras defraudatorias” generaron al fisco un perjuicio por $55.890.981.

Posteriormente Ricardo Farías trabajó como asesor de René Alinco. Hoy es dueño de la agencia Lidera Comunicaciones junto a Alberto Barrera (PS), asesor del ministro del Interior. Esta fue la empresa más solicitada por la Nueva Mayoría en la pasada elección parlamentaria, facturando más de $408 millones.

 

*Documentos consultados:

Informe de corrupción 1998-2008 Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho Universidad de Chile.

Itinerario de la Corrupción 1990-2009, Instituto Libertad.

Prensa.

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

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