Desde noviembre de 2014 Tatiana Gaviola ha estado vinculada a Presidencia ininterrumpidamente. Según señalan fuentes de La Moneda, y documentos a los que tuvo acceso “El Líbero”, todos estos meses ha estado trabajando en el documental.
Publicado el 10.02.2016
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En La Moneda han tratado de bajarle el perfil al tema durante los últimos días, sin embargo, el contrato por $40 millones de pesos entre Presidencia y la cineasta Tatiana Gaviola para la realización de un documental sobre la segunda administración de Michelle Bachelet, no ha parado de atormentar a los pocos que deambulan por estos días en el palacio.

Tanto el ministro del Interior como el vocero subrogante han salido a desdramatizar el asunto diciendo que el video no será material de propaganda y que la contratación se ajusta a la ley. De hecho, Jorge Burgos señaló que transformar este tema en el hito del verano le parecía “un exceso”, pero aun así la noticia sigue presente en los medios y está lejos de abandonar la agenda.

Y es que según Gobierno Transparente y documentos publicados en Mercado Público, a los que tuvo acceso “El Líbero”, los montos involucrados para la confección del documental serían muchísimo más abultados, llegando a los $91.860.000.

Honorarios y licitaciones

En noviembre de 2014 Presidencia contrató a honorarios a Tatiana Gaviola -cercana a la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte– por $3.382.500 como asesora de la dirección administrativa, a cargo del cuestionado Cristián Riquelme. Pero el vínculo a través de ese formato se extendió sólo hasta el 31 de diciembre de ese año ($6.765.000 en total).

Cristian Riquelme, administrador de La MonedaSegún fuentes del gobierno que conocen de cerca el tema, siempre estuvo contemplado que trabajara en la realización de un documental sobre el mandato de Bachelet y varios, hasta el día de hoy, se preguntan por qué su contrato no se extendió de la forma en que estaba.

En mayo de 2015, cuando Gaviola llevaba cuatro meses y medio trabajando para el gobierno sin recibir sueldo, Riquelme habría ideado otra fórmula para pagar por sus servicios. Mediante la resolución exenta N°1121 (ver aquí), firmada el 14 de mayo por el propio administrador de La Moneda, Presidencia volvió a contratarla por trato directo a través de su empresa Gaviola y García Producciones de Cine y TV LTDA. En el documento se señala “la necesidad de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, de contratar los servicios de edición documental, consistente en la selección, organización y montaje del material audiovisual disponible en la cámara presidencial de la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República, que testimonie la gestión presidencial de S.E. Presidenta de la República a través de los hitos más relevantes”.

gaviolaMás adelante se detalla que la empresa de Gaviola –es dueña del 95% de sus acciones- deberá entregar un documental de una hora de duración en un disco duro y cinco copias en formato DVD, material por el que se le pagarán $24.800.000, en dos cuotas.

Si se divide ese monto entre enero y junio de 2015 –en julio volvió a ser contratada a honorarios- y se le resta el 19% de IVA que debía pagar la empresa, el ingreso mensual que recibió la cineasta fue de $3.348.000, muy similar a lo que percibió en los meses que trabajó en 2014.

Entre julio y diciembre de 2015, la cineasta volvió a ser contratada vía honorarios por el mismo salario de antes: $3.382.500 (20.295.000 en total).

Y el 31 de diciembre de 2015, mediante resolución exenta N°3080 (ver aquí) firmada por Cristián Riquelme, se le volvió a contratar por trato directo. Pero esta vez no a su empresa, sino que a Tatiana Gaviola como persona natural. ¿La misión? La misma de antes: “Realizar la Memoria Presidencial en formato audiovisual, que permita mantener el registro de la gestión del Gobierno de S.E., la Presidenta de la República, con una vigencia de 12 meses a contar del 01 de enero de 2016”. Todo, por un monto de $40.000.000, el que dividido en 12 meses da un ingreso mensual de $3.333.333, cifra virtualmente igual a la que recibió en sus dos contratos de honorarios y en la licitación a dedo que ganó su empresa.

Cuestionamientos a la contratación

Expertos en temas de licitaciones públicas señalan a “El Líbero” que la contratación de Gaviola estaría rozando la ilegalidad, pues podría vulnerar la letra a) del artículo 3° de la Ley 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

Según la norma, deben quedar excluidas “las contrataciones de personal de la Administración del Estado reguladas por estatutos especiales y los contratos a honorarios que se celebren con personas naturales para que presten servicios a los organismos públicos”.

En este caso, se habría contratado a la empresa de Gaviola por las mismas funciones que ella ya estaba realizando cuando figuraba contratada a honorarios.

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