Muchos corresponderían al pago de los brigadistas y trabajo territorial; expertos discuten la licitud de esos pagos.
Publicado el 09.02.2015
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Las rendiciones de gastos de los candidatos en la última campaña senatorial presentan cuantiosas boletas de honorarios por servicios personales ligados a tareas como logística, trabajo territorial y jefaturas de campaña. Muchas de ellas dan cuenta de millonarios pagos a personas naturales, que cobran tarifas que superan la remuneración de ministros de Estado o altos ejecutivos de empresas privadas.

De veinticuatro casos revisados, once detallan las fechas en que se habría realizado el trabajo, fluctuando entre los 15 y los 87 días, entregando promedios semanales entre los $362.000, casi un 50% sobre el ingreso mínimo mensual, en una jefatura de campaña distrital; y los $3.125.000 por el “Servicio de propaganda electoral”. Esta última cifra tiene poco que envidiar a los grandes sueldos de la Primera División del fútbol chileno, ya que supera los 12 millones de pesos mensuales.

En los documentos presentados al Servel se puede apreciar que las boletas más altas llegan hasta los $20 millones por “servicios de propaganda electoral” en la campaña de Felipe Harboe (PPD), en la VIII región cordillera, por un plazo de 45 días; e “instalación de propaganda en la vía pública”, sin período especificado, para la candidatura de Guido Girardi (PPD) por Santiago Poniente.

Además hay “servicios de asesoría logística” para la reelección de Víctor Pérez (UDI) por $19 millones en la misma circunscripción de Harboe y $16 millones pagados por el concepto de “jefatura de campaña” en el caso de Alberto Cardemil (RN) en la circunscripción 9 de la región de O’Higgins.

Las boletas de honorarios por servicios similares varían entre $4.500.000 y $20.000.000: doce corresponden a la Nueva Mayoría y once a la Alianza. Las candidaturas independientes presentaron una, Carlos Cantero.

Mientras el oficialismo acumuló gastos de $136 millones por estos conceptos, en la oposición fueron $96 millones. La candidatura de Cantero tuvo $6.670.000. Los candidatos con gastos más abultados son Felipe Harboe con $80 millones, Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) con $32 millones, Soledad Alvear (DC) con $24 millones, Alberto Cardemil con $22 millones y Guido Girardi con $20 millones.

Servicios entregados

Un parlamentario explica que, en muchos casos, estos honorarios se justificarían por el trabajo territorial y la contratación de brigadistas. Señala además que presentar boletas de todo el personal de campaña puede resultar muy engorroso a la hora de rendir los gastos ante el Servel, por lo que se le pagaría a una persona que hiciera todo el trabajo, incluyendo la contratación del equipo de campaña, el traslado de las personas, el cuidado de las palomas y el mantenimiento de los comandos. Es una venta del “servicio completo”.

La alta funcionaria de un servicio público regional y otrora coordinadora distrital de campaña de un senador, explica cómo operaba el sistema: “me transfería el encargado nacional de la campaña. Nos hacía entrega de unos dineros mensualmente y esa cifra yo la administraba contratando gente, trabajos esporádicos, para la instalación de palomas, el puerta a puerta y dentro de eso también estaban mis honorarios”. Agrega además el funcionamiento de las sedes y de la campaña en general en esa zona. Ella reconoció administrar dineros que sobrepasaban en varias veces el sueldo de un parlamentario.

Eventuales irregularidades

Los expertos consultados dieron opiniones contrapuestas respecto de la licitud de esta práctica, en el caso de que no fueran honorarios directos a las personas por servicios personales desarrollados, pues instalan la duda sobre una posible “cuadratura de caja” de cara a la rendición ante el Servel, donde individuos podrían generar boletas por actividades no realizadas.

Si se justificaran en la contratación de brigadistas y servicios de campaña, otros explican que la práctica podría deambular entre una falta menor y una grave, dependiendo de si la personas que trabajaron dieron una boleta de honorarios.

En caso de que hayan entregado el comprobante del Servicio de Impuestos Internos, podría haber una falta menor en tanto el encargado de contratarlos estaría declarando gastos como ingresos, “lo que no corresponde”, señala un experto. Mientras que, si no existieran boletas que respaldaran esos servicios, se incurriría en una falta grave porque habría personas que no estarían pagando impuestos.

Un último técnico en la materia explica que la práctica es perfectamente legal en tanto existan boletas que respalden el trabajo de los brigadistas y “puertapuertistas”.