En el proyecto de ley laboral del Gobierno varios constitucionalistas advierten visos de inconstitucionalidad en el derecho a la asociación y a la negociación colectiva, y en la legalización del aborto se afectaría el derecho a la vida y la integridad física.
Publicado el 14.12.2015
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La resolución del Tribunal Constitucional que calificó de “discriminación arbitraria” el proyecto del gobierno que daba gratuidad sólo a una porción de los estudiantes universitarios, podría tener efectos inesperados en otras reformas que impulsa la Presidenta Michelle Bachelet, según constitucionalistas consultados por este medio.

Actualmente en el Congreso se debate la reforma laboral, la legalización del aborto en determinadas causales y este mes ingresaría también el proyecto de ley que modifica la legislación actual de la educación superior, y que ha gatillado amplia polémica por la decisión del Ejecutivo de utilizar la glosa de presupuesto para financiar la gratuidad.

Arturo FermandoisPara el abogado litigante en el TC que le dobló la mano al gobierno en la gratuidad, Arturo Fermandois, una de las “lecciones del dictamen es, naturalmente, una señal a los poderes públicos, al Congreso, a la Presidenta y a la opinión pública, que deben tener mayor cuidado a la hora de diseñar mecanismos o políticas públicas por las cuales se transfieren beneficios a las personas. El mensaje es no hacer discriminaciones arbitrarias, que mejores diseños pueden evitar”.

En la misma línea, Olga Feliú, ex presidenta del Colegio de Abogados, sostiene que dicho fallo “debe hacer recapacitar a los legisladores de la necesidad de que las grandes políticas públicas Olga_Feliú, ex pdta del colegiodeben ser materias propias de una ley con una discusión regular, y no una materia que deba tratarse de manera apresurada”.

Respeto de la reforma laboral,  que este miércoles incluyó nuevas modificaciones que generaron el rechazo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y que prohíbe el reemplazo en huelga y limita el derecho de asociación de los trabajadores, Feliú advierte que habría un “problema comprometido que es el derecho de propiedad, porque una huelga sin reemplazo puede llevar al empresario a su desaparición”.

Acusan visos de inconstitucionalidad en la reforma laboral

En ese sentido, Fermandois “invita a una revisión más exhaustiva de cuáles son los criterios de diferenciación que trae la reforma laboral”, para evitar que se vuelva a cometer discriminaciones arbitrarias, como en el caso de la gratuidad.

“Una positiva sorpresa del tribunal, que representa una novedad, es que en el caso de la gratuidad fue al fondo y por primera vez en muchos años hace un juicio a la igualdad identificando preceptos inconstitucionales. O sea, los estándares de discriminación arbitraria que están en la Constitución y que muchos académicos enseñamos, se acercan más a la realidad, al ciudadano y el proceso legislativo a partir del fallo del TC”, explica el ex embajador en EE.UU.

Sergio Morales, investigadorSergio Morales, abogado e investigador del Instituto de Libertad y Desarrollo, plantea que existirían visos de inconstitucionalidad en el proyecto de reforma laboral en lo referente a la titularidad sindical, que el Gobierno nunca ha intentado corregir.

El proyecto de ley plantea que en una empresa donde haya sindicato sólo se podrá negociar colectivamente por medio de un sindicato, y no de un grupo negociador, como se hace actualmente. En las empresas donde no existan sindicatos, se permitirá la existencia de grupos negociadores pero se les privará su derecho a huelga.

Esto significaría una violación constitucional al derecho a la negociación colectiva que pertenece a los trabajadores y  no al sindicato, y también al derecho de asociación, que garantiza que no se puede obligar a alguien a pertenecer a una asociación para poder obtener beneficios laborales”, afirma Morales, quien agrega que ya se presentó una reserva de inconstitucionalidad en la votación de la comisión de Trabajo del Senado.

Otro tema que podría llegar al TC son las causales que quiere permitir el Ejecutivo en casos de aborto, dado que ello atentaría contra el derecho a la vida y a la integridad física, contenidos en el artículo 19, número uno, de la Constitución vigente.

A juicio de otros abogados constitucionalistas consultados, el fallo del Tribunal Constitucional en materia de gratuidad es una “señal muy potente al Gobierno de que los  ministros no responden a la presión y que pueden tomar decisiones autónomas”.

Además, recuerdan que en agosto de 2017 reemplazará en la presidencia del TC a Carlos Carmona –ex autoridad en varios gobiernos de  la Concertación-, el abogado Iván Aróstiga, ex director jurídico del Ministerio de Interior durante el Gobierno del Presidente Piñera, y quien lo nominó.

Lo medular en el fallo del TC: Defendió libertad de elegir de los estudiantes

El próximo lunes 21 de diciembre el Tribunal Constitucional dará a conocer los detalles del fallo sobre la “discriminación arbitraria” del proyecto del Gobierno sobre la gratuidad, pero ya se deslizan algunos principios que tuvieron a la vista los seis ministros que votaron a favor de acoger el recurso de la oposición.

Lo medular, según información recabada por este medio, es que el tribunal “puso su mirada en los estudiantes más vulnerables y en defender su derecho a elegir la institución educativa que deseen”. Ello es clave porque es un principio constitucional que debe ser resguardado, según el artículo 19, número dos, inciso segundo de la Constitución, que establece que “ni la ley ni autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias”.

Por ello, se plantea que el “fin no justifica los medios” y que la gratuidad es un fin que no se puede obtener de cualquier manera, sino a través de lo permitido en la Constitución.

Los cuatro votos de minoría, liderados por Carlos Carmona, se fundaron en los efectos políticos que podría tener para el gobierno el rechazo al emblemático proyecto de la gratuidad, en línea con los utilizados por la abogada defensora del Gobierno y ex ministra, Paulina Veloso.

Los tres ministros que votaron a favor del Gobierno

En el fallo de gratuidad hubo tres votaciones, que terminaron con resultado 6 a 4 (discriminación arbitraria), 7 a 3 (la triestamentalidad) y 5 a 5 con voto dirimente del presidente Carmona respecto al uso de la glosa como vía de financiamiento de la gratuidad sin necesidad de hacer la ley respectiva.

En las tres votaciones hubo tres ministros que votaron siempre a favor del Gobierno: Carlos Carmona, Gonzalo Vargas y Nelson Pozo. Los dos primeros son ex autoridades de tres gobiernos de la Concertación y el tercero vinculado al Partido Socialista.

Carlos Carmona, presidente del TCCarmona es abogado de la Universidad de Chile y profesor de esa casa de estudios desde 1999. Al TC llegó en abril de 2009 designado por la Presidenta Bachelet luego de 15 años de trabajar como jefe de la división jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante los gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Bachelet.

El segundo ministro que votó sí a la propuesta del Gobierno es Gonzalo García, profesor de derecho constitucional, ex subsecretario de Defensa de Eduardo Frei, de la Marina durante la administración de Lagos y subsecretario de Guerra entre 2006 y 2010 mientras gobernaba Gonzalo García, ministro del TCBachelet en su primer mandato.

Nelson Pozo, abogado de la Universidad de Chile, es el más reciente de los  ministros –junto a Cristián Letelier (UDI)- dado que asumió en enero de este año en reemplazo de Hernán Vodanovic. El Senado lo eligió como candidato de consenso, y es autor de un informe en derecho que exculpa al ex subsecretario de Interior de Bachelet, Patricio Rosende, en la causa del 27F.

nelson pozo, ministro TCEl PS lo propuso como candidato debido a  su “destacada formación académica y experiencia profesional”. El ministro es autor de más de una docena de libros jurídicos y técnicos, integró como abogado la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, y es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal.