Es un proceso largo donde confluyen variados factores y en el que muchos filtros pueden echar pie atrás en la modificación.
Publicado el 19.02.2015
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El caso Caval ha instalado en la agenda todo lo que tiene relación con el proceso de modificación del uso de suelos de las diferentes zonas del país, el cual es regulado por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y se concreta por medio de los Planes Reguladores Intercomunales (PRI), que son los “instrumentos constituidos por un conjunto de normas y acciones para orientar y regular el desarrollo físico del área correspondiente”, señala la normativa.

Aunque el uso de suelos puede cambiarse de forma particular a través del artículo 55 de la ley (mediante aprobación de la Dirección de Obras municipal, además del informe favorable del Servicio Agrícola Ganadero y la Seremi de Vivienda), las modificaciones de carácter intercomunal solo pueden llevarse a cabo por iniciativa de la Seremi de Vivienda.

“El Líbero” indagó en la normativa y explica cuáles son los cinco pasos que se tienen que seguir:

Paso 1

La Seremi de Vivienda tiene dos opciones para llevar a cabo el proyecto de modificación: realizarlo mediante funcionarios de la Unidad de Desarrollo Urbano de esta repartición o solicitar recursos al Ministerio de Vivienda para llamar a una licitación entre empresas privadas.

Independiente de la alternativa que se escoja, quienes lleven a cabo el plan deben incluir “una memoria explicativa, que contendrá los objetivos, metas y programas de acción; una ordenanza, que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes; los plano, que expresen gráficamente las disposiciones sobre zonificación general, relaciones viales, áreas de desarrollo prioritario, límites de extensión urbana, densidades, etc”, según consta en la legislación. Además, deberán incluir un informe de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

Paso 2

Luego de que se han terminado todas las partes del proyecto, se pasa a una etapa de consulta y exposición con las distintas comunas involucradas, además de otras reparticiones públicas para  posteriormente esperar el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente.

Si éste lo aprueba, una de las exigencias de la EAE es que debe exponerse el proyecto durante 10 días en la Seremi, donde se expone todo el cuerpo del plan y se incluye un libro donde actores privados y estatales, como las municipalidades o empresas, pueden expresar sus reparos. Aunque estos no son vinculantes, el informe debe señalar que hubo opiniones diferentes (en caso de haberlas).

Paso 3

Una vez que el Ministerio de Medio Ambiente aprueba el plan y pasan los 10 días de exposición a la comunidad, se envía todo el documento a las comunas que se verán afectadas por la modificación y las colindantes de estas.

Las comunas directamente afectadas tienen un plazo para votar su aprobación en el concejo municipal, mientras que las segundas pueden realizar sus apreciaciones. Si, una vez acabado el plazo, una comuna no se ha pronunciado, se asume que aprobó.

Paso 4

En caso de que las comunas aprueben la iniciativa, el documento es enviado al consejo regional. En esta instancia pasa en primer lugar a la Comisión de Ordenamiento Territorial, que es el organismo relacionado al trabajo de estas temáticas. Posteriormente el intendente de la región debe convocar al pleno de los cores, quienes tendrán que votar la aprobación o rechazo del PRI.

Paso 5

Si el consejo regional aprueba el cambio del plan, el documento es enviado a la Contraloría General de la República para que tome razón de éste. Ahí pueden hacer correcciones que van desde la ortografía hasta objeciones de fondo. La Contraloría es un ente externo y autónomo que no tiene plazos fijados para entregar su resolución, por lo que las fechas para este trámite son variables.

Finalmente, en caso de que la Contraloría no presente objeciones de fondo, esta se encarga de publicar el cambio del PRI en el Diario Oficial. En este momento entra en vigencia.