El escrito de los senadores de RN y la UDI alega que dicha legislación viola principios básicos de la Constitución referidos a cuatro materias: la titularidad sindical, la extensión de beneficios, la información sobre remuneraciones y la obligatoriedad de negociación colectiva con sindicatos interempresas.
Publicado el 14.04.2016
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Acoger o no a trámite es la decisión que tomarán hoy los ministros del Tribunal Constitucional, respecto del requerimiento en contra de varios aspectos de la reforma laboral del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que presentaron senadores de RN y la UDI.

El requerimiento alega que dicha legislación viola principios básicos de la Constitución referidos a la titularidad sindical, la extensión de beneficios, la información sobre remuneraciones y la obligatoriedad de negociación colectiva con sindicatos interempresas.

Si bien los cuatro acápites tienen argumentos jurídicos sólidos, según admiten desde el propio tribunal a este medio, la libertad de afiliación -protegida por la Constitución- aparece como uno de los argumentos clave en el escrito de 86 páginas que presentó el abogado constitucionalista Gastón Gómez.

La vulneración de la libertad de asociación, el talón de Aquiles de la reforma laboral

Al interior del TC explican que el gran problema de fondo es si la reforma laboral contempla una suerte de monopolio de los sindicatos en la negociación colectiva, y si afecta la libertad de cualquier persona para afiliarse libremente a cualquier organización.

Según el requerimiento presentado por los senadores opositores, la Constitución reconoce expresamente que la negociación colectiva debe ejercerse en la empresa en que laboren, no pudiendo en caso alguno excederse de ese ámbito, por lo que generar la obligatoriedad de la negociación con sindicatos interempresa para las empresas medianas y grandes sobrepasa el mandato constitucional.

A lo anterior se suma que en la comisión mixta se eliminó la mención a que la negociación con sindicatos interempresa se circunscribe a la empresa, lo cual deja abierta la puerta para interpretar la norma de modo que permita negociación supraempresa y ramal.

Según señalan al interior del TC, sería difícil no acoger hoy a trámite el recurso y no declararlo admisible en cinco días más porque el requerimiento estaría bien armado y claramente explicado. Distinto es que se acoja o no en definitiva.

Ello, en directa relación con el artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que establece que los requerimientos “deberán contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que le sirven de apoyo. Se señalará en forma precisa la cuestión de constitucionalidad y, en su caso, el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación de las normas que se estiman transgredidas”.

El escrito, además, debe estar acompañado de copias íntegras de las actas de sesiones de sala o comisión en las que se hubiere tratado el problema y de los instrumentos, escritos y demás antecedentes invocados. Lo que lleva a que el expediente de la reforma laboral tenga más de 800 páginas.

Los otros cuestionamientos constitucionales

La reforma obliga a las empresas a entregar la plantilla de remuneraciones de los trabajadores afectos a la negociación con indicación de fecha de nacimiento, ingreso a la empresa y cargo que desempeña parece ser un atentado al derecho a la privacidad de las remuneraciones, derecho del cual es titular cada trabajador y no el sindicato, la cual debiera ser solicitada directamente por cada trabajador y puesta a disposición del sindicato en el caso de ser necesario.

Respecto de la extensión automática de beneficios cuando un trabajador se afilie al sindicato es un incentivo a la sindicalización, según los senadores, lo que fuerza la sindicalización, toda vez que la única vía para obtener mejoras en las condiciones de trabajo es mediante afiliación sindical, quedándole vedado al empleador extender beneficios al trabajador so pena de ser condenado por práctica antisindical.

Esta disposición atenta contra la igualdad ante la ley, la libertad sindical en su variable negativa (derecho a no afiliarse o desafiliarse), la libertad de contratación, la no discriminación en materia laboral, pues condiciona mejoras remuneracionales o en las condiciones de trabajo al hecho de estar sindicalizados.

“Nuevamente, nos encontramos con otra norma que sobrepone a los sindicatos por sobre los derechos de los mismos trabajadores, incitándolos a sindicalizarse incluso en contra de su voluntad para optar a los beneficios, so pena de que en caso de veto del sindicatos tengamos claramente dos clases de trabajadores en las empresas de nuestro país”, señala el investigador de LyD, Sergio Morales.

Un trabajador debe ser siempre libre de pertenecer a una organización sindical, pero esa libertad debe garantizarse mediante la proscripción de normas que impliquen una sanción o un desincentivo insalvable a no afiliarse, explica el abogado.