La Universidad Arturo Prat, la Universidad de Los Lagos y la UTEM fueron acreditadas por tres años y no cuatro, como se les exige a las privadas. Estas tres instituciones fueron aludidas ayer durante los alegatos ante el TC, porque serían la evidencia de que la política del gobierno es discriminatoria.
Publicado el 10.12.2015
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“Creemos que es arbitraria porque, en igual y objetiva situación de vulnerabilidad, estudiantes van a ser excluidos del beneficio. Y en segundo lugar, porque las exigencias son requisitos que no cumplen las universidades del Cruch. Esta es una parte medular de la arbitrariedad”, afirmó ayer Máximo Pavez, coordinador legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, en su exposición durante los alegatos públicos ante el Tribunal Constitucional (TC) por el requerimiento presentado por la oposición en contra de la glosa de gratuidad.

La exposición de Pavez y de algunos otros intervinientes como el abogado Ignacio Covarrubias del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, refleja uno de los argumentos que incluye el requerimiento que presentó la oposición hace dos semanas ante el TC contra la glosa de gratuidad incluida en el Presupuesto 2016. 

A principios de octubre el gobierno dio a conocer los requisitos que debían tener las instituciones para acceder a la gratuidad en 2016. Fue la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien explicó los plazos, fórmulas y criterios del Ejecutivo para acceder a la gratuidad en educación superior.

La secretaria de Estado afirmó que podrían adscribir al sistema todas las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores (Cruch), los institutos profesionales y centros de formación técnica, y todas las universidades privadas con 4 o más años de acreditación que tengan alguna forma de participación de sus estudiantes y que sus directivos no tengan sociedades con fines de lucro. Esto, con el objetivo de asegurar que los recursos serán dirigidos a instituciones que cumplan estándares mínimos de calidad.

Sin embargo, existen tres universidades del Cruch que no cumplen con el criterio exigido a las privadas de tener 4 años de acreditación. Estas tres instituciones  quedan eximidas sólo por ser parte del Cruch, de manera que estarán incluidas en la glosa de gratuidad. Ante esto, Delpiano afirmó a La Segunda a principios de noviembre que “tal como dijo la Presidenta, el Cruch es el Cruch. Son instituciones que nos dan garantías a todos los ciudadanos en torno a que van a invertir bien los recursos”.

Las instituciones tradicionales del Cruch que no cumplen el mínimo de años de acreditación son la Universidad Arturo Prat, la Universidad de Los Lagos y la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), las cuales tienen problemas financieros y deficiencias en su proyecto educativo, según los informes de la Comisión Nacional de la Acreditación (CNA).

Este argumento ha marcado el debate en la oposición y en el mundo de los constitucionalistas, con respecto a que en la glosa de gratuidad existe discriminación y diferencias aribitrarias, por lo que podría declararse inconstitucional.

De hecho, el abogado y ex presidente del TC Raúl Bertelsen afirmó hace algunos días a “El Líbero” que “si el Tribunal Constitucional llegara a declarar inconstitucional la glosa porque ha establecido una diferencia arbitraria, porque ha sido discriminatorio, eso obligaría a corregir la política de gratuidad que el gobierno está impulsando”.

Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, afirma  a “El Líbero” que “la glosa de gratuidad para el próximo año implica un cambio profundo en el sistema de educación superior, ésa es  la razón por la cual esa materia debe discutirse a través de una ley especial y no vía presupuesto, ese es un tema”, y agrega que “la manera en que está redactada, conlleva a una serie de diferencias arbitrarias en el trato que el Estado da a las distintas instituciones y a sus estudiantes. Una de ellas está dada por las exigencias que se establecen en materia de acreditación. En el caso de las privadas y los institutos profesionales pone como requisito tener cuatro años de acreditación, y como contra partida, en el caso de las universidades del Cruch, el único requisito es pertenecer al Consejo, pero no establece otras normas en términos de cómo acreditar la calidad. Esto, evidentemente es una discriminación arbitraria que no tiene cabida en nuestro sistema jurídico”.

Ayer también expuso el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, quien profundizó sobre el estatus del que goza el Consejo de Rectores: “El Cruch era una institución abierta y se transformó en un cuerpo cerrado, que provoca un tremendo problema. El Estado le entrega a las 25 universidades del Cruch, como aportes directos, 372 mil millones contra 17 mil millones a las universidades más pobres y donde está la mayoría”.

Sin embargo, más tarde el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, retrucó las aseveraciones referidas a la entidad: “no quisiéramos dejar pasar que se diga que con este requerimiento el Cruch sería beneficiario de un privilegio”.

Universidad Arturo Prat: tres años de acreditación debido a débiles indicadores académicos y crisis financiera

La institución tradicional cuenta con más de 13.000 alumnos, de los cuales 3.443 son parte de los primeros cinco deciles. En 2014 fue acreditada por tres años y según explica el informe de la CNA, la universidad “viene saliendo de una importante crisis financiera con total falta de liquidez”. De hecho, en un primer momento fue acreditada sólo por dos, pero debido a que en el último tiempo la universidad había mostrado un “buen manejo financiero que le ha permitido salir de la crisis”, la CNA decidió otorgarle tres años de acreditación.

Sin embargo, según explica el informe, se encontraron que las carreras no son impartidas de forma homogénea en sus diferentes sedes y que habían “débiles resultados de indicadores académicos”, además de “limitada infraestructura” y “asimetría en recursos de apoyo a la docencia en distintas redes”.

Universidad de Los Lagos: alto nivel de endeudamiento

La Universidad de Los Lagos fue acreditada por tres años hasta diciembre de 2016. La institución tiene 9.561 alumnos, de los cuales 3.662 son parte de los primeros cinco deciles. El informe de la CNA se centra principalmente en las malas condiciones económicas de la universidad. La CNA explica que si bien los costos han disminuido, la proporción ha sido menor que la baja en los ingresos. Del total de los ingresos, dice que el 67% proviene de la matrícula, la cual también indica una tendencia a la baja.

Además, señala que la institución mantiene un nivel importante de endeudamiento y que no tiene capacidad de generación para cumplir con “sus obligaciones y financiar el plan de inversiones contemplados”. Ante este escenario es que la universidad necesita “flujos adicionales” para sustentar su proyecto educativo.

Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM): falta de carreras acreditadas y cargos vacantes en el Consejo Superior

La UTEM fue acreditada por dos años, pero se acogió su recurso de reposición y la acreditación aumentó a tres años, hasta diciembre de 2016. La universidad tiene 4.564 alumnos, de los cuales más de 2.000 pertenecen a los cinco primeros deciles. El informe de la CNA explica que la institución está en un “proceso de reestructuración” , pero que existen observaciones importantes que no permitieron su acreditación por cuatro años.

Entre ellas, el informe señala que se ha “empeorado el indicador de estudiantes por profesores de jornada completa y media jornada”, que existen cargos vacantes en el Consejo Superior y que hay una gran cantidad de carreras no acreditadas. Con respecto al panorama económico de la institución, dice que el plan de inversiones es posible sólo a través de fuentes de financiamiento externas. De esta manera, la CNA especifica que no cuenta con recursos disponibles para enfrentar situaciones adversas a corto plazo.

 

FOTO: AGENCIA UNO

 

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