La reforma educacional con los cambios en los niveles parvulario, escolar y superior crearán un entramado enorme de subsecretarías, intendencias, superintendencias, consejos de calidad, servicios de educación, universidades y centros de formación técnica que le costarán al Estado cada año, adicionalmente a lo que actualmente pone, más de US$7 mil millones.
Publicado el 19.09.2016
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La educación es el gran caballito de batalla que utilizó la Presidenta Michelle Bachelet en su campaña presidencial de 2013 y que ha marcado su gestión en La Moneda.

Tan pronto comenzó su segunda administración lanzó una reforma escolar prohibiendo el lucro, el copago y la selección en los colegios subvencionados, a lo que se sumó una reestructuración completa del sistema universitario prometiendo gratuidad universal, y la desmunicipalización de la educación, ya que las escuelas públicas dejarán de depender de los municipios para pasar a manos del Ministerio de Educación.

“El Estado, a través de la educación pública, desarrollará un rol fundamental en cada nivel educacional. El Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a una educación de calidad, fortaleciendo la educación pública, entregando garantías explícitas y exigibles a ciudadanos y ciudadanas”, afirmó la Mandataria en su programa de gobierno.

Las reformas de Bachelet crearán 91 nuevos organismos públicos en educación

Y es que Bachelet entiende y promueve la educación al alero del Estado, lo que explica que dichas reformas obligarán a crear 91 nuevos organismos públicos con la contratación de centenares de funcionarios, oficinas y equipamiento que serán financiados con los impuestos de todos los chilenos.

Las nuevas dependencias estatales serán una Subsecretaría de Educación Parvularia, una Intendencia de Educación Parvularia, dos nuevas universidades estatales, 15 CFT estatales, una Subsecretaría de Educación Superior,  una Superintendencia de Educación Superior,  un Consejo de la Calidad de la Educación Superior, un Servicio de Educación Pública y 68 Servicios Locales de Educación, que reemplazarán a los municipios.

Ello significará un gasto anual adicional al presupuesto actual del Ministerio de Educación de US$7mil 316 millones según los informes financieros entregados por el Ejecutivo en los proyectos de ley de dichas reformas cuando estén en régimen. Ese monto no incluye el costo de operar los 15 CFT regionales que ya se encuentran en etapa de implementación.

Investigador: “El Gobierno desconfía tremendamente de las personas y la sociedad civil”

jorge-aviles-investigador-de-lydPara el abogado del Instituto de Libertad y Desarrollo, Jorge Avilés, dichas reformas “buscan solucionar las deficiencias del sistema sólo con más aparataje estatal y aumentando notablemente sus atribuciones”.

El especialista agrega que “el gobierno desconfía tremendamente de las personas y la sociedad civil, por lo que buscan solucionar todos los problemas creando nuevo aparataje estatal dotado cada vez mas de excesivas facultades. Estos 91 nuevos órganos públicos que se han propuesto requerirán de infraestructura, personal, mobiliario, recursos, etc”.

Además, plantea que dichos organismos son “tremendamente centralizados y muy políticos”, y se pregunta si sirve quitarle los colegios a las municipalidades y dárselo a nuevos servicios públicos si es no se hace ningún esfuerzo por mejorar el colegio mismo. “Es sólo una forma cara de alejar la educación de las personas sin mejorar la calidad”, sostiene Avilés.

La compleja desmunicipalización

Al menos 17 de los Servicios Locales de Educación que reemplazarán los municipios administrarán más de 100 establecimientos, una cantidad que no tiene precedentes. Por ejemplo, el municipio que más escuelas gestiona es Ovalle con 80, pero el 90% de las alcaldías tiene 30 o menos.

Además, entre los casi 5 mil sostenedores particulares subvencionados, el 99% tiene menos de 20 establecimientos.

Los problemas que advierte Avilés con los servicios locales es que deberán hacerse cargo de una mayor diversidad de alumnos y territorios, estarán más lejos de la comunidad y en contra de la recomendación de los especialistas de avanzar hacia una mayor descentralización.

El proyecto del gobierno parece basarse en la idea de que el municipio es el único problema de la educación municipal, sin embargo hay colegios con buenos desempeños y seis de cada 10 mejoraron alguna prueba SIMCE entre 2010 y 2014.

“Sacar a los municipios como sostenedores de la educación pública tendría sentido en tanto se reemplacen por entidades con mayores capacidades y responsabilidades definidas, siempre empoderando a las escuelas, pero eso no lo hace el proyecto del Mineduc”, asegura Jorge Avilés.