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Publicado el 22 de marzo, 2018

Las razones profundas del gobierno para bajar la licitación del Transantiago

Autor:

Magdalena Olea

Si bien en julio del año pasado más de 200 representantes de empresas asistieron al evento de promoción para la relicitación del Transantiago, finalmente solo siete se presentaron al concurso. Fuentes del gobierno consultadas por "El Líbero" dicen que la razón profunda de su paralización es porque "estaba mal hecha y olía mal".
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Magdalena Olea

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El 25 de enero de 2018 el proceso de licitación del Transantiago estuvo suspendido durante casi dos meses de manera transitoria por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tras acoger las demandas de Transanber y Santín, empresas que denunciaron “barreras” para que nuevos actores entraran y compitieran en el mercado. Si bien en marzo el TDLC levantó parcialmente la suspensión de esta licitación para cuatro de las seis zonas de Santiago, la polémica que se generó instaló severas dudas con respecto a las bases del proceso. En especial, entre las nuevas autoridades del ministerio de Transportes.

Así, el martes 20 de marzo la ministra de Transportes, Gloria Hutt, le puso punto final a la licitación del Transantiago, que había sido impulsada y desarrollada bajo el mandato de Michelle Bachelet y que entraba en la etapa final, en la que las seis empresas en carrera debían adjudicarse el concurso por un período de 10 años. Si bien han surgido críticas con respecto a esta decisión, la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, defendió ayer la decisión argumentando que la licitación “no solamente está pensada y diseñada mal sino que además con un espíritu de querer implementarla yendo en contra justamente de aquellos parámetros que la justicia establece”. Por otra parte, fuentes del gobierno consultadas por “El Líbero” dicen que la razón profunda de la paralización de la licitación es porque ésta “estaba mal hecha y olía mal”.

Si bien en julio del año pasado más de 200 representantes de empresas de Inglaterra, España, Francia, China, Japón, Corea, México, Brasil, Australia y Chile asistieron al evento de promoción para la relicitación del Transantiago, demostrando un alto interés inicial, solo 60 compraron las bases, y finalmente solo siete se presentaron para la nueva licitación. De estas siete, una no tenía la boleta de garantía y cuatro ya pertenecían al sistema. Solo dos empresas eran nuevas, y solo una totalmente extranjera.

Este hecho llamó la atención dentro del gobierno y levantó sospechas de que existían serios problemas dentro de las bases de la licitación, que no permitían el acceso de nuevos competidores. Así, se encontraron varios impedimentos que provocaban que las nuevas empresas se encontraran en condiciones desfavorables con respecto a los actores actuales del sistema.

Los problemas

Uno de los problemas que tenían los nuevos competidores que querían adjudicarse la licitación del Transantiago, y que los dejaba en posición de desventaja con respecto a los operadores antiguos, era que no contaban con terminales para los buses, y se les planteaba una costosa barrera de entrada. Las empresas nuevas debían instalar terminales a gran distancia, por lo que eso los ponía en desventaja a la hora de hacer una buena oferta económica.

Por otro lado, había un problema de asimetría en la información. Un operador actual maneja gran parte de la información del sistema, conoce los costos ocultos, los perfiles de carga, etc.  y sabe cuál es su evasión real. Para los oferentes nuevos se entregaba una evasión promedio por unidad de negocio en un trimestre, un cálculo que puede resultar más arriesgado que cuando se tiene la información exacta de cuántas son las personas que pagan por cada bus en cuestión.

Además, las bases se presentaron en junio del 2017, estuvieron publicadas en octubre del mismo año, y se dieron 60 días para presentar las ofertas. “De los 60, a los 45 días recién estaban contestadas las respuestas, o sea, las cartas arriba de la mesa completas y reales estuvieron solo 15 días antes del plazo de las ofertas. Les faltó tiempo (…) Es un plazo corto cuando se tiene que conseguir la información, los terminales, etc…”, dice una fuente consultada por “El Líbero“.

Si bien el TDLC  levantó parcialmente la medida precautoria, y cuatro de las seis zonas podían retomar el proceso de licitación en cuestión, en las bases no estaba previsto el escenario de una adjudicación parcial, ya que estaba estipulado como un proceso unitario completo. Por otro lado, todavía había que esperar el resultado del juicio de las dos demandas restantes que seguían estudiándose en el TDLC.

Por lo tanto, si se adjudicaban las licitaciones y finalmente el tribunal establecía que había un problema y resolvía modificar las bases, se podía generar un conflicto mayor y complejo de solucionar. En ese escenario, se hubieran tenido que dar de baja los contratos e indemnizar a quienes prestaron los servicios.

Por estos motivos, fuentes consultadas por “El Líbero” dicen que “lo más sano era dar de baja el proceso, entender que hay problemas en su desarrollo y hacerlo de nuevo tratando de superar los elementos para corregir los problemas de competitividad, y además, traer más oferentes”.

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