La actual ministra del trabajo ha manifestado su molestia por el fallo del Tribunal Constitucional que mutiló la reforma laboral del gobierno. Sin embargo, cuando fue senadora, acudió al organismo para impugnar el proyecto que permitía el voto de chilenos en el exterior con ciertos requisitos; y la ley de Ingreso Ético Familiar.
Publicado el 29.04.2016
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“¿Corresponde este tipo de control?”. Esa fue la pregunta retórica que lanzó ayer en la mañana la ministra Ximena Rincón cuando, en conversación con T13 radio, se le preguntó por el derecho que tenía la oposición a recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar proyectos del gobierno.

“Esa es otra gran discusión que existe en el mundo, que tiene que ver con los controles constitucionales y cómo se hacen estos. Es parte de los debates que vamos a tener en nuestro país”, se auto contestó la titular del Trabajo.

Y es que en La Moneda aún se están recuperando del knock out en el que quedaron luego que el miércoles en la noche el TC declarara inconstitucional la “titularidad sindical”, pilar de la reforma laboral del Ejecutivo y uno de los cuatro puntos del proyecto que impugnó Chile Vamos hace algunas semanas.

La secretaria de Estado dijo que la decisión del TC está amparada “en una Constitución que claramente no representa a todos y no es la casa de todos” y que el 9 de mayo, cuando el tribunal que preside el abogado Carlos Carmona –quien fue subsecretario de la Segpres en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle– entregue el detalle del fallo, el gobierno decidirá cuáles son los caminos a seguir, entre los que se barajaría la idea del veto presidencial.

Las impugnaciones de Rincón: voto de chilenos en el exterior e Ingreso Ético Familiar

Históricamente la Concertación ha cuestionado el rol del TC y el supuesto uso que la Alianza le ha dado para frenar las reformas del gobierno de turno, pero lo cierto es que en el período 2005-2015 los dos bloques han recurrido en la misma cantidad de veces al tribunal (ver nota).

De hecho, la misma Ximena Rincón (DC), mientras ejercía como senadora por la región de El Maule entre 2010 y 2014, hizo al menos dos presentaciones ante el TC para torpedear proyectos del gobierno de Sebastián Piñera.

Según el buscador del sitio web del Tribunal Constitucional, el 15 de marzo de 2011 la actual ministra presentó junto a otros 14 senadores de la Concertación un recurso “para que se declaren inconstitucionales los artículos 183, 184, 185 y 23 transitorio que los artículos 1° y 2° del proyecto de ley que regula el derecho de voto de los chilenos en el extranjero, iniciado por Mensaje N° 479-358, incorpora a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, N° 18.700” (ver aquí).

En el reclamo, los senadores cuestionaban que el proyecto del gobierno de Piñera exigiera a los chilenos en el extranjero que quisieran votar “la residencia o el avecindamiento en Chile por cierto tiempo, en circunstancias que la Constitución Política no manda al legislador establecer ningún requisito con tal objeto”.

El 29 de marzo el TC se pronunció al respecto archivando los antecedentes “por resultar improcedente emitir pronunciamiento a su respecto”.

La segunda presentación (ver aquí) en la que participó Rincón fue en agosto de 2012 por el proyecto conocido popularmente como Ingreso Ético Familiar. En el reclamo pedía junto a otros senadores de la Concertación “que se rectifique la promulgación incorrecta de la Ley N° 20.595, señalando que el título de la misma es diverso al que constitucionalmente corresponde”.

En el reclamo se señala que la ley salió del congreso con el título “Establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea subsidio al empleo de la mujer” y que el gobierno de Sebastián Piñera la había publicado en el diario oficial como “Crea el Ingreso Ético Familiar que establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea subsidio al empleo de la mujer”

Finalmente el TC rechazó el requerimiento, advirtiendo que “la promulgación del proyecto de ley reclamado es correcta y se ajusta, por tanto, a los términos de la Constitución”.