El demandante Sergio Bustos, que gestionó la reunión entre Luksic y Dávalos, asegura que fue empleado de la empresa durante 14 meses y que no le pagaron.
Publicado el 25.02.2015
Comparte:

Hoy a las 9 de la mañana en la sala 3 del segundo piso del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en San Martín 950, la jueza titular Elsa Barrientos dará inicio al juicio laboral de Sergio Bustos Baquedano en contra de la empresa Caval Ltda., propiedad de Natalia Compagnon, cónyuge de Sebastián Dávalos Bachelet, por el no pago de $230 millones en sueldos, cotizaciones, indemnizaciones y premios.

La publicación de esta demanda el pasado viernes 6 por la revista Qué Pasa dejó al descubierto el préstamo de $6.500 millones del Banco de Chile a la empresa de la nuera de Bachelet. En dicha transacción, Bustos gestionó la reunión entre Andrónico Luksic y Sebastián Dávalos, que le terminaría costando la salida al hijo de la Mandataria a su cargo ad honorem de director sociocultural de la Presidencia.

Gracias a ese préstamo, la empresa, con un capital inicial de $6 millones en su constitución en febrero de 2012, pudo comprar tres predios agrícolas en la comuna de Machalí, Región de O’Higgins, el 17 de enero de 2014, y luego venderlos este mes en $9.500 millones al empresario Hugo Silva Martínez.

 La polémica de fondo: Hubo o no relación laboral entre Bustos y Caval

La discusión de fondo que deberá resolver la jueza es si entre Sergio Bustos y Caval existió una relación laboral, o sólo servicios civiles y comerciales prestados a través de un tercero, como argumenta la empresa.

Bustos alega que a él le prometieron un contrato, que realizó su trabajo viajando varias veces a la semana a Santiago y a Machalí, donde tasó los terrenos, hizo estudios de mercado, negoció con los vendedores y con el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín, hizo las promesas de compraventa y gestionó solicitudes de créditos comerciales con los bancos Santander, Itaú, BCI y Scotiabank.

“Hice mi pega y me gané mi plata y debieron haberme pagado. Yo no tengo por qué estar escondiendo nada a nadie, pero si hago el trabajo que me encargan y me pagan me quedo tranquilo y callado, pero no me pagaron y los demandé”, dijo Bustos a “El Líbero” el mismo día que estalló la polémica el 6 de febrero.

En la demanda, el abogado Rodrigo Lillo Astorga afirma que el crédito del Banco de Chile se obtuvo “gracias a las gestiones de mi representado y las de quienes contrató al efecto para mantener vigente mediante prórrogas la opción de compra”.

El ex agricultor agrega que era un empleado de confianza de la empresa porque se movilizaba en los autos Lexus, tenía la clave para hacer trámites con el Servicio de Impuestos Internos y amplias atribuciones para representar ante clientes y bancos a los socios, Natalia Compagnon y Mauricio Valero.

Según sus declaraciones, tiene cerca de 500 correos, documentos y 3-4 hojas de WhatsApp que acreditarían su relación laboral con la empresa.

Sin embargo, Caval pidió la incompetencia del tribunal alegando la inexistencia de la relación laboral y de subordinación y dependencia “que permita sostener que estamos en presencia de un contrato de trabajo”.

Los abogados de la empresa argumentan que Bustos laboraba en forma autónoma los días que él determinaba prestar sus servicios, no tenía horarios ni recibía órdenes ni instrucciones de la empresa. Por lo que sólo mantenía una “relación civil” que concluyó en enero de 2014, y que no se deben pagar indemnizaciones, ni cotizaciones previsionales.

El primer juicio se declaró nulo

Este juicio tuvo dos audiencias preliminares en diciembre pasado con un juez subrogante, donde la defensa de Bustos presentó un 20% de toda la documentación que dice tener. Pero el 6 de enero el juzgado emitió una resolución informando que el juez que veía el caso laboró sólo hasta el 31 de enero, por lo que se comenzaría un nuevo juicio, y que lo obrado anteriormente quedaría nulo.

El acuerdo extrajudicial por $160 millones que no prosperó

Bustos, de 68 años, residente en Chillán  y ex gerente de operaciones de las constructoras Piedra Luna y Esccon, reclama que trabajó con Caval durante 14 meses -entre mayo de 2013 y julio de 2014-, le ofrecieron un sueldo de $4 millones mensuales y un bono de 5.000 UF por conseguir el préstamo, pero que sólo le pagaron $5 millones y tampoco le cancelaron las previsiones de salud, AFP y cesantía, indemnización y feriado legal. En total, según él, la deuda alcanza los $230 millones.

Pero este litigio estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo extrajudicial de haber prosperado la semana pasada la propuesta que le hizo la empresa a Bustos por $160 millones, a cambio de que no diera más declaraciones públicas ni revelara los 500 correos y documentos que dice tener.

Sin embargo, el demandante alegó que sólo le cancelaban $11 millones y el resto en 60 días sin quedar clara la forma de pago. El mismo día en que debían firmar la escritura, el pasado martes 17, en una notaría de la calle Huérfanos, los abogados de Caval, Grace Álvarez y Antonio Garafulic, no se presentaron y avisaron de que no seguirían adelante con el acuerdo.