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Publicado el 27 de julio, 2016

Las cinco razones de la comisión asesora de Bachelet para rechazar la vuelta al antiguo sistema previsional de reparto

Autor:

Uziel Gomez

La opción se estudió en profundidad en la comisión del economista David Bravo, pero fue rechazada por 23 votos contra uno por el negativo impacto que tendría para los trabajadores, la inversión, el ahorro y los recursos fiscales. “No es sustentable y es expropiatoria” resume Bravo.
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Uziel Gomez

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Volver al antiguo sistema de reparto de seguridad social que había en Chile hasta 1981 es lo que proponen los líderes del movimiento “No +AFP”, que sacaron a las calles a unas 100 mil personas en Santiago y en otras 39 ciudades el pasado domingo.

Luis Mesina vocero de No+AFPLuis Mesina, el vocero de la agrupación, sostiene que “debemos poner fin  a este sistema urgentemente y sustituirlo por un sistema de seguridad social, un sistema de reparto como el que había anteriormente, mediante el cual las cotizaciones de los trabajadores activos se utilizan para pagar las pensiones de los que finalizan su vida laboral”.

Para ello, pide que Chile siga el ejemplo de lo que hizo la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien expropió los fondos de pensiones en dicho país, que ascendieron a US$30 mil millones. En Chile los ahorros que tienen los trabajadores en las AFP superan los US$150 mil millones.

Sin embargo, dicha propuesta de volver al antiguo sistema fue analizada en profundidad por la comisión asesora previsional que organizó la Presidenta Michelle Bachelet y lideró el economista David Bravo, pero que fue rechazada por 23 votos y sólo uno de aprobación.

Las razones de la comisión previsional de Bachelet para rechazar volver al sistema de reparto

Dicha comisión entregó cinco razones para oponerse a terminar con el sistema de AFP y volver al antiguo sistema de reparto.

1- Porque transfiere todos los depósitos y ahorros de propiedad de los trabajadores al sistema de reparto, sin compensación por la toma de sus cuentas individuales.

2- Porque requiere de un abrupto y fuerte incremento en las cotizaciones e impuestos al tiempo que la reserva es exhausta.

3- Porque el paso a un sistema total de reparto reduce el ahorro y la inversión, algo muy problemático cuando la fuerza laboral enfrentará una importante declinación a partir de las proyecciones demográficas.

4- Porque los supuestos sobre los que se basa la propuesta son excesivamente optimistas: aumentos en la tasa de cotización y edades de jubilación consideradas son inviables; optimismo en el aumento de la formalidad y supuestos conservadores en la cobertura de adultos mayores. Todos estos supuestos producen una reforma paramétrica perfecta para calzar el sistema pero sus bases se escapan de todo realismo acerca del comportamiento previsible del mercado del trabajo en Chile.

5- Porque se duda sobre la sostenibilidad financiera.

Cómo operaba el antiguo sistema de reparto

Las AFP se crearon mediante el DL 3.500 en mayo de 1981, bajo el concepto de un mecanismo de capitalización individual con contribución definida y obligatoria para los trabajadores dependientes.

Ese sistema reemplazó al que existía antes, que tenía 35 Cajas de Previsión y alrededor de 150 regímenes previsionales distintos, cuya normativa estaba distribuida en más de 600 cuerpos legales.

Según la comisión asesora, ese antiguo sistema era cuestionado por ser segmentado y con ausencia de portabilidad de derechos entre cajas, ya que cada caja administraba a partir de una sola tasa de cotización un conjunto de riesgos (salud, pensiones, seguros de invalidez, sobrevivencia, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

Hacia 1980 se pagaban más de un millón de pensiones y se registraban 1,7 millones de contribuyentes, alcanzando una cobertura cercana al 75% de los ocupados. Los requisitos que cada régimen previsional establecía eran diferentes, incluyendo una diversidad de edades legales o períodos de cotización disímiles para acceder a los beneficios allí considerados.

Asimismo, las tasas de cotización eran muy superiores al 10% actual que aporta el trabajador en las AFP. Por ejemplo, en 1973 el Servicio de Seguro Social requería una cotización del trabajador de 9,5% y del empleador de 40,4% de la remuneración imponible; la Caja de Empleados Particulares una cotización del trabajador de 14,6% y del empleador de 44,4%; y la Caja de Empleados Públicos una cotización del trabajador de 18,8% y del empleador de 7%, explica dicho texto.

Cada caja entregaba beneficios distintos a sus afiliados, los que variaban según cobertura, monto de la cotización, pensión esperada al momento de jubilar, etc.

Las edades exigidas para pensionarse por vejez variaban entre 55 y 65 años, pero existían pensiones de antigüedad (excepto en el Servicio de Seguro Social) que se otorgaban, dependiendo de la Caja, con 13 a 35 años de servicio o imposiciones. Es decir, si el trabajador sólo había cotizado 12 o 34 años quedaban sin pensión.

David Bravo ante idea de volver al sistema de reparto: “Es insostenible y una expropiación”

david bravo economistaEl presidente de la comisión asesora, David Bravo, afirma a “El Líbero” que la propuesta de volver al antiguo sistema de reparto fue ampliamente rechazada por los negativos impactos que tendría para los trabajadores y el país.

Implica una expropiación de las cuentas individuales sin ninguna compensación. Esa propuesta tendría un impacto fuerte en el ahorro y la inversión y no es sustentable a partir del envejecimiento acelerado de la población, y pensamos que no es sostenible”, señala Bravo, quien califica al sistema de reparto como “profundamente discriminatorio”.

El académico de la Universidad Católica agrega que Chile ya pagó un elevado costo fiscal del 5% del PIB para cambiarse al sistema de las AFP y que eliminarlo sería “una torpeza. Las alternativas van por el lado de perfeccionar lo que tenemos, no destruirlo, sino construir sobre lo que tenemos y no desecharlo”.

La comisión propone subir la cotización del 10% al 14% pero con cargo al empleador, subir en 20% los aportes a la pensión básica solidaria y la cobertura de beneficiados del 60% al 80% y aumentar la edad legal de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años.

Las medidas tienen un costo de US$1.800 millones, que cuesta lo mismo que gasta el Estado en darle una pensión solidaria a 1,1 millón de adultos mayores vulnerables, o darles pensión a 100 mil funcionarios de las FF.AA., Carabineros, Gendarmería y la PDI.

“El comité de ministros tiene que hacer un análisis de las medidas de la comisión y una recomendación a la Presidenta, estableciendo cuáles son las medidas para el corto, mediano y largo plazo o qué temas no respalda”, señala Bravo.

El economista plantea que las marchas del domingo pasado “son una expresión de descontento legítimo que ponen en evidencia la urgencia de enfrentar temas de gran relevancia. Necesitamos que eso ocurra”.

Sin embargo, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, admitió ayer que “hay desafíos que traspasan el umbral de un gobierno, eso significa que nosotros queremos avanzar y dejar despachado en este Gobierno el proyecto de ley que crea la AFP, pero también la hoja de ruta que nos permita abordar el desafío de fondo en materia de pensiones”.

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