Millonarios negocios con Saydex, eventual estafa al empresario Gonzalo Vial Concha por $1.200 millones, delitos informáticos, cohecho y depósitos en paraísos fiscales son parte de la investigación que continúa en el caso que involucra a la familia de la Presidenta.
Publicado el 14.03.2016
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Diversas reacciones en el mundo político ha generado la renuncia del fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, quien durante un año dirigió la investigación del caso Caval, en que logró formalizar a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, entre otras 12 personas.

Toledo asumirá el cargo de director de la Unidad Especializada en Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público desde el 1 de abril; pero aseguró que el bullado caso “seguirá siendo investigado con el mismo rigor por el mismo equipo” de profesionales, que estarán dirigidos por su cercano colaborador Sergio Moya.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, calificó su salida de “decisiones internas del Ministerio Público, que me parece que es súper legítima. Las investigaciones no dependen de una sola persona, no hay insustituibles. Ni en el Ministerio Público ni en ningún ministerio”.

En tanto, el diputado Pepe Auth (PPD), admitió que “cuando cambias fiscales generas sospechas (…) y eso obliga incluso a probar que el cambio fue sólo una cuestión procedimental y de reorganización interna, y no un cambio de manos en la investigación”.

Lo avanzado por Toledo

Cuando Toledo comenzó la investigación en febrero de 2015 sólo tenía una denuncia de los diputados Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards -representados por el abogado Eduardo Riquelme– en contra de “todos los funcionarios públicos que pudieran resultar responsables de los delitos de negociación incompatible, violación de secretos y cualquier otro que se pudiere haber cometido, en relación  a la modificación del plan regulador de la comuna de Machalí, que implica un cambio de uso de suelo de tres predios rurales que pasarían a urbanos, de propiedad de Caval”.

12 meses después, Luis Toledo logró formalizar a 13 personas y avanzar sustancialmente en una investigación que suma varias aristas, decenas de carpetas y miles de documentos obtenidos por múltiples interrogatorios, incautación de computadores, teléfonos y cuentas bancarias, etc.

La  estrategia de Toledo fue “quitarle el apellido a las personas investigadas por una razón sencilla, que es intentar hacer más fáciles las cosas dentro de la investigación. Si uno les quita el apellido a las personas indagadas, puede sopesar con mayor profundidad cuál es su eventual responsabilidad”, según admitió a La Tercera.

Las aristas pendientes de Caval

Abogados querellantes y miembros de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en el caso Caval consultados por este diario identifican, al menos, cinco aristas pendientes en la investigación.

“La primera formalización fue el tronco del árbol pero falta seguir con las ramas”, resume Claudio Sepúlveda, querellante en la causa. Su colega Eduardo Riquelme espera que el cambio de fiscal no signifique la “paralización o suspensión de lo avanzado en la investigación y que se continúen indagando las múltiples aristas abiertas. Confiamos en la labor del Ministerio Público”.

El diputado Felipe Ward sostiene que aún queda más de la mitad del trabajo y que la investigación “recién inicia. Después de conversar con el fiscal Toledo me queda claro que estamos en la punta del iceberg. Al caso le queda un año”.

1- Los contratos con Saydex

La empresa Saydex le pagó $170 millones a Caval por asesorías orales y escritas y “tips” en los procesos de licitaciones de servicios informáticos en los hospitales de Maipú, San Borja y la Posta Central.

Las consultorías se produjeron entre diciembre de 2012 y enero de 2013, período en que el hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, se desempeñaba como gerente de proyectos de Caval.

De hecho, varios de los gerentes, ejecutivos y especialistas de Saydex trabajaron en el Ministerio de Salud durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet (2006-2010).

El abogado querellante Claudio Sepúlveda plantea que una de las principales aristas a investigar es si hubo pagos para obtener las licitaciones públicas.

“La Fiscalía ha despachado diligencias para verificar si la empresa que entregó las  facturas había tenido o no la capacidad de dar esas asesorías o ese tipo de diligencias, para poder argumentar que son falsas. Está investigando los pagos y facturas”, plantea Sepúlveda.

2- Posible estafa de Caval al empresario Gonzalo Vial Concha

El empresario Gonzalo Vial aseguró en la fiscalía que Natalia Compagnon le envió más de 300 mails con información que podría ser falsa, puesto que se referían a un complot de terceros en contra de los negocios de su padre. Según su declaración, por esos servicios de información él le habría pagado a Caval $1.200 millones.

“No está claro cuál es el origen de esos correos electrónicos y eso es lo que está periciando el Departamento de Labocar de Carabineros. Están haciendo una pericia documental para determinar qué tipo de documentos son: si efectivamente fueron obtenidos desde un correo electrónico o si fueron pantallazos que se tomaron desde computadores”, afirmó el fiscal Moya.

Sepúlveda dice que se debe investigar si Vial Concha fue víctima del “cuento del tío” al recibir correos engañosos y cobrarle por un servicio inexistente.

“Está probado que los servicios que se prestaron no eran los que decían las facturas. Los servicios fueron como una eventual estafa, como de espionaje y otros anexos. Las facturas tenían glosas que eran mentirosas. Hemos pedido públicamente la denuncia del SII”, sostiene el abogado Riquelme.

3- Computador de Dávalos

Los diputados Nicolás Ward y Marcela Sabat presentaron una denuncia por delito informático en contra de Sebastián Dávalos, por haber destruido información de un computador de propiedad pública.

Toledo dijo que “el señor Dávalos es una persona dentro de la investigación y faltan diligencias que desarrollar a su respecto. Por ahora no existe ningún antecedente que permita formalizarlo”.

Claudio Sepúlveda señala que se pidió  tener acceso al respaldo de información de sus computadores para determinar si hay correos o información relevante. “No se han hecho análisis más exhaustivos de los correos de Dávalos”, sostiene.

4- Eventuales depósitos de dinero en paraísos fiscales

En febrero, la Fiscalía de O’Higgins solicitó a la PDI elaborar un informe con los viajes al extranjero de los 13 formalizados del 29 de enero en el caso Caval. El objetivo es precisar si realizaron o no depósitos de dinero fuera de Chile.

El abogado Sepúlveda explica que Compagnon y Valero realizaron varios viajes fuera del país, principalmente a Estados Unidos, y que se requieren realizar indagaciones a ese respecto.

“Tenemos que determinar el destino de los dineros de los delitos de cohecho, soborno, infracción a la Ley de Quiebras y delitos tributarios. El origen de los dineros ya está, pero debemos precisar con certeza el destino de esos dineros”, señala el abogado.

5- Arista Direcon

En 2012, mientras Dávalos trabajaba en el Departamento de Asia Pacífico de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería recibió $3 millones por trabajos para Vial Concha.

“A Gonzalo Vial lo vi una vez en el Hotel Hyatt en Santiago, por una reunión de una empresa india o de Singapur que quería realizar proyectos mineros en Chile y Vial tenía pertenencias mineras. A mí me invitaron como traductor”, declaró Dávalos en abril pasado.

“Dentro del primer semestre de 2012 trabajé para la Direcon y también para Caval, concretamente en la creación de una fundación de hipoterapia y un museo para Gonzalo Vial Concha”, agregó ante el fiscal. Por estas labores, Dávalos admitió que Caval recibió pagos del empresario.

El delito a investigar es cohecho, explica Eduardo Riquelme, por haber trabajado para empresarios precisamente del Asia pacífico, en momento que era funcionario público.