Pese a que una auditoría de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público detectó “inconsistencias” en la declaración de renta de la empresa de la nuera de la Presidenta, el director del SII ha rechazado presentar una denuncia o querella.
Publicado el 25.11.2015
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Nos parece que aún no tenemos los elementos de juicio necesarios para efectos de poder determinar la eventual interposición de una querella o denuncia“, dijo ayer lunes en la Cámara de Diputados ante la comisión investigadora de la empresa Caval el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, nombrado en agosto por la Presidenta Michelle Bachelet tras la renuncia de Michel Jorrat.

Barraza explicó que el organismo aún está recopilando antecedentes, que hay citaciones pendientes, y que algunas personas que ya prestaron declaración en la entidad fiscalizadora volverán a ser entrevistadas.

El director del SII admitió ante los diputados que se cambió la estrategia de interponer acciones judiciales en contra de los contribuyentes -que permitió procesar por delitos tributarios a la empresa Penta y a varios políticos de la UDI-, ya que “no corresponde presentar querellas bajo la forma ‘contra quienes resulten responsables’. Estamos retomando el criterio del SII en que las querellas siempre han sido cuando llegamos a la convicción de que hay delito. Las querellas son serias, son acciones que hay que definir con la mayor responsabilidad y cantidad de antecedentes”.

El fiscal nacional, Sabas Chahuán, le respondió a Barraza que “como Fiscalía he dicho varias veces que siempre nos interesan las querellas y las denuncias porque cooperan en la persecución penal”.

Las inconsistencias tributarias de Caval

Sin embargo, los antecedentes sobre los problemas tributarios de Caval son de conocimiento público, al menos, desde abril pasado cuando una  auditoría de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público –publicada por este diario- detectó que Caval  presentó “inconsistencias” en su declaración de renta ante el Servicio de Impuestos Internos en 2012, año en que obtuvo ingresos por más de $1.531 millones.

Se observan inconsistencias en los datos declarados del patrimonio financiero y el capital propio tributario, debido a que ambos presentan el mismo valor y son negativos, lo cual no es concordante con el ingreso de $1.531 millones, ni el resultado tributario (utilidad), ni el total de pasivos y activos”, concluye el informe de tres páginas que tiene en su carpeta de Caval la Fiscalía de Rancagua.

Ello significa que los socios de la empresa, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, sacaron las utilidades devengadas por la sociedad y se las repartieron o gastaron, dejando a la empresa en una precaria situación financiera. Las deudas, además, sumaron $517 millones, quedando un patrimonio financiero de -$69 millones.

Luis Toledo, fiscal O'HigginsAnte dichos antecedentes, Luis Toledo,  el fiscal regional de Rancagua que investiga una serie de eventuales delitos, interrogó el 7 de mayo durante una hora y media al contador de la empresa, Marcelo Carreño Salgado, quien se negó  a aclarar por qué y a qué personas  o empresas Caval pagó, durante 2012,  boletas y facturas por $1.132 millones –de los cuales $1.070 millones fueron por asesorías-, que declaró como gastos y le permitieron reducir su base imponible en la declaración de renta y, por tanto, pagar apenas $48 millones en impuestos.

La legislación establece que para descontar gastos de impuestos con asesorías, deben justificarse y estar respaldadas por informes técnicos, de los que se desconoce su existencia en Caval. Los únicos gastos que justificó Carreño fueron los que decían relación con el pago de arriendos de oficinas, y de algunos contratos con servicios a empresas externas. Cuando se le pidió más detalles, se excusó en que no recordaba nada.

El 90% de los ingresos en 2012 fueron pagos por  diferentes servicios prestados a empresas de Gonzalo Vial Concha, hijo del dueño de Agrosuper, y quien prestó una parcela para que la pareja Dávalos-Compagnon se casara.

En 2013, año en que el Banco de Chile le prestó $6.500 millones, la misma auditoría reveló que la empresa tuvo ingresos por $83 millones, con una pérdida operacional de $277 millones, lo que arrojó una pérdida tributaria por $88 millones.

Al ser interrogada Natalia Compagnon dijo desconocer la situación tributaria de la empresa, y que quienes sabían eran el contador Carreño y su socio Mauricio Valero.

La devolución al fisco de $121 millones de Caval por gastos indebidos

Dicha  “anomalía tributaria” detectada por la Fiscalía  y las “inconsistencias” encontradas por el SII llevaron a Compagnon y a Valero a ir a la sede en Teatinos 120 para realizar una rectificación en su declaración de renta de 2012, y devolverle al fisco $121 millones que habían sido declarados erróneamente como gasto.

Según publicó El Mercurio, en su declaración ante el Departamento de Investigación de Delitos Tributarios (Didet) la cónyuge de Sebastián Dávalos y Mauricio Valero se refirieron a la utilización de facturas de la sociedad Inversiones y Asesorías Lo Beltrán Limitada -de propiedad del militante UDI Patricio Cordero- por parte del contador de este último, Roberto Castro, quien estaría concertado previamente con Valero.

Según se detalla en la querella interpuesta por Cordero contra Valero por los delitos de falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento privado mercantil se “emitieron y utilizaron facturas de Inversiones y Asesorías Lo Beltrán Limitada sin su autorización ni conocimiento (de Cordero), documentos que por cierto no reflejan servicios realmente prestados, con el único objeto de justificar gastos en la contabilidad de la sociedad de Valero, Exportadora y de Gestión Caval Limitada, y con ello rebajar su base imponible para efectos tributarios“.  El monto total de los documentos ingresados es $160 millones y fueron emitidos el 22 de agosto de 2012 hasta el 7 de marzo de 2014.

Los involucrados en Penta y SQM que devolvieron plata y fueron querellados por el SII

La devolución de los recursos al fisco se hace amparado en el artículo 11, número siete del Código Penal con la atenuante de “reparar el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias”.

Pero pese a restituir los dineros mal habidos, el SII mantiene su facultad de querellarse o no en contra del contribuyente. De hecho, fue lo que hizo con las personas imputadas en los casos de Penta y SQM que devolvieron entre $1,7 millones y $15 millones, y contra quienes sí presentó querellas por diversos delitos tributarios, a diferencia de Caval.

Giorgio Martelli (PPD), financista de la campaña de la Mandataria y quien está formalizado por la facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas y evasión de impuesto a las donaciones, devolvió $2 millones al fisco; Jovino Novoa (UDI) y Pablo Zalaquett (UDI) devolvieron $15 millones y $1,7 millones, respectivamente, y también están formalizado por los mismos delitos. Roberto Guzmán Lyon, asesor del ex presidente de SQM, Julio Ponce Lerou,  devolvió $7,2 millones al fisco y está procesado por idénticos delitos tributarios y Clara Bensan Jofré, contadora ligada a la campaña presidencial de Eduardo Frei en 2009 (DC) depositó $8.593.957. También fue formalizada por facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas, apropiación indebida y evasión de impuesto a las donaciones.