A través de un paper realizado durante este mes, el Centro de Estudios Públicos plantea sus reparos a algunas de las medidas propuestas en el texto del Ejecutivo.
Publicado el 27.01.2015
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En un texto de 14 carillas, Isabel Aninat y Ricardo González, del Centro de Estudio Públicos (CEP), entregan su mirada sobre el proyecto de financiamiento público de los partidos políticos ingresado recientemente a tramitación parlamentaria por el gobierno.

Si bien en el paper se asegura que la iniciativa del Ejecutivo es “una buena noticia” y un “avance positivo”, se hace hincapié en el conjunto de inquietudes que surgen de una primera lectura.

Por ejemplo, se señala que el proyecto del gobierno contempla que el Servel otorgue a los partidos que estén constituidos conforme a la ley y que cuenten con representación parlamentaria, aportes trimestrales. A juicio de los investigadores del CEP, el hecho de que se exija representación en alguna de las dos cámaras “puede transformarse en un desincentivo para la aparición de colectividades nuevas y para la formalización de los movimientos políticos, que en la actualidad no están regulados (…). La exigencia de escaños parlamentarios para acceder al financiamiento permanente exacerbaría todavía más la desigualdad de ingresos existente entre los partidos”.

En esa línea, Aninat y González –quienes en septiembre pasado elaboraron una propuesta de proyecto paralela– deslizan que el requisito de la representación en alguna de las dos cámaras contravendría el espíritu de la reforma al sistema binominal aprobada la semana pasada.

“Dos de los objetivos de ese proyecto eran ‘aumentar la competitividad’ y ‘facilitar la expresión de la mayoría y la representación de las minorías’. Más aún, en dicho proyecto se planteaba que alentar ‘a los partidos políticos y a los pactos a presentar a la ciudadanía nóminas de candidatos que reflejen toda la diversidad ideológica (…), junto con la representación de todas las corrientes políticas, es el mejor antídoto contra el distanciamiento ciudadano de la política’. Pues bien, la estructura del financiamiento estatal, propuesta por el Gobierno, no aumenta la competitividad, porque reduce la posibilidad de que las colectividades establecidas sean desafiadas por nuevos partidos que no pueden acceder a los fondos públicos hasta que ganen escaños en alguna de las Cámaras. Tampoco facilita la representación de las minorías, porque ellas, probablemente, no tienen representación parlamentaria y les será difícil conseguirla por lo expuesto en este párrafo. Por lo tanto, si el nuevo sistema electoral fuera una herramienta útil para conseguir los propósitos mencionados, el esquema de aportes estatales apunta en la dirección opuesta”, señalan.

Otro punto en el que discrepan es en la forma de reparto del financiamiento, que en el proyecto contempla un monto fijo de 30% entre todos los partidos que estén legalmente inscritos y con representación parlamentaria (con un aporte menor para los que estén constituidos en menos de ocho regiones, como es el caso del MAS del senador Alejandro Navarro) y uno variable de 70% a prorratearse entre los votos que obtuvo cada partido en la última elección de diputados (ver tabla de ejemplo al final de la nota).

A juicio de los investigadores del CEP, “esta fórmula beneficia a los partidos grandes y con alta votación, reforzando el círculo vicioso en que los partidos grandes obtienen más financiamiento y, con ello, mayores posibilidades de ganar más votos en la próxima elección, perjudicando a los partidos más chicos”.

En el texto también se critica el destino de los montos. El proyecto del Ejecutivo establece que los aportes trimestrales sólo podrán ir a gastos esenciales de los partidos, desarrollo de actividades de formación cívica de los ciudadanos, elaboración de estudios que apoyen la labor parlamentaria y el diseño de políticas públicas, investigación, y fomento a la participación femenina y de los jóvenes en política. Sin embargo, a juicio de Aninat y González “el otorgamiento de fondos públicos sólo se justifica si va acompañado de exigencias claras y de incentivos que busquen estimular la producción de ciertas actividades que involucren más participación y compromiso con la vida partidaria. En primer lugar, porque el costo alternativo del uso de los fondos públicos es alto. En segundo lugar, y más importante aún, porque sin exigencias a cambio, los aportes estatales únicamente generarán partidos más solventes, pero igual o más deslegitimados”.

Ya al final del estudio, los investigadores señalan que echan de menos en el proyecto del gobierno mecanismos que busquen incentivar la participación de las personas naturales en política, como matching funds al pago de cuotas de militantes y a las donaciones a los partidos políticos, “como una manera de incentivarlos a buscar financiamiento privado”; y también piden una “profunda reforma al Servel” porque o si no el proyecto corre el riesgo de “ser letra muerta”.

foto cep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO