Según el artículo 93 de la Constitución, la Presidenta de la República puede promulgar de igual manera la parte impugnada de la glosa de gratuidad antes de la resolución del TC. Por esto, que el organismo optó por acelerar la tramitación del recurso para que la sentencia tenga efectos concretos.
Publicado el 02.12.2015
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Ayer durante la mañana los ministros del Tribunal Constitucional (TC) acordaron de forma unánime acoger a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad por la glosa de gratuidad del Presupuesto de Educación 2016, que fue presentado por 31 diputados de la oposición el pasado 24 de noviembre. De esta manera, se da inicio al segundo paso en este proceso, que es la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad del requerimiento, donde se revisa el fondo del recurso. El plazo máximo para dictar la sentencia es el 2 de enero de 2016, sin embargo, el ánimo del TC es “acelerar” la tramitación del requerimiento , “adelantar” los plazos estipulados y no dilatar la sentencia, según confirman altas fuentes del TC a “El Líbero”.

“Extender la sentencia sería inútil, inocuo, hay conciencia de que no se puede dilatar”, explican desde el TC a este medio. La apuesta del  organismo es dictar la sentencia antes de enero de 2016 con el objetivo de que la resolución tenga efectos concretos. Esto, debido a que según la Constitución, la Presidenta de la República tiene la facultad de promulgar la ley tal como está antes del 2 de enero, a pesar de que el TC no haya dictado la sentencia. En ese caso, la resolución del Tribunal Constitucional no tendría ningún efecto.

Esto se explica en el artículo 93 inciso primero numeral 3Según dice el artículo el Tribunal Constitucional tiene la facultad de “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”, y agrega que “el requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto; pero la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la República”.

Por esto, como se trata de una iniciativa que está incluida en la Ley de Presupuestos, la parte impugnada de la glosa presupuestaria puede ser promulgada de  igual manera, independiente a la resolución del TC.

Ante este escenario es que los ministros del tribunal, de forma unánime, tomaron ayer la determinación de tomar una actitud de “celeridad” frente a la tramitación de este recurso, según dicen desde el organismo. De esta manera, luego de la declaración de admisibilidad del requerimiento, se genera la comunicación con los órganos constitucionales interesados, que son los actores encargados de argumentar a favor o en contra del recurso y de formular observaciones y antecedentes, entre ellos la Presidenta Michelle Bachelet, quien le encomendó esta responsabilidad a la ex ministra Paulina Veloso.

Desde la declaración de admisibilidad -que se realizará mañana 3 de diciembre– existen diez días de corrido para llevar a cabo la vista pública con los alegatos correspondientes, instancia donde expondrá Veloso y otros actores. La fecha en que se cumple el plazo es el 13 de diciembre. Sin embargo, no extrañaría que el TC realizara la próxima semana la vista pública de los alegatos, según explican desde el organismo.

De esta manera, tras escuchar los alegatos, los ministros tiene contemplado resolver lo antes posible la sentencia para dictarla antes del 2 de enero, plazo en que se cumplen los 30 días para dar a conocer la resolución, desde que el recurso se acogió a trámite. Además, en esa fecha, la ley ya debe estar en vigencia.

Si el TC dicta una sentencia estimatoria (se acoge el requerimiento), se expulsan del proyecto las glosas inconstitucionales, por lo que la gratuidad como está estipulada no podría implementarse. En el caso de que el organismo dicte una sentencia desestimatoria (rechace el recurso), se afirma la postura del Ejecutivo y se consolida el modelo de gratuidad que escogió impulsar.

Si bien desde el organismo explican que aún no existe un panorama definido sobre cómo votará cada ministro, ya se vislumbra el eventual resultado de la votación según los pronunciamientos anteriores de cada uno de los integrantes del TC.

La votación en el TC: voto clave de ministro Vásquez

Desde el organismo explican a “El Líbero”, que existe un voto clave a la hora de dictar la sentencia. Se trata del ministro José Ignacio Vásquez Márquez, quien se integró al Tribunal Constitucional a fines de agosto, en reemplazo del socialista Francisco Fernández Fredes.

En el TC afirman que Vásquez -quien trabajó como director de estudios, análisis y evaluación de asuntos en materias de interés a la función judicial de la Corte Suprema y como ministro y presidente del Segundo Tribunal Ambiental -no ha votado en temas relacionados con la exigencia al lucro y gratuidad en educación-. “No se conoce su pronunciamiento anterior en estos temas, por eso su voto es clave”, dicen desde en el organismo.

El Tribunal Constitucional está compuesto por los ministros Iván Aróstica, Gonzalo García, Marisol Peña, Domingo Hernández, Juan José Romero, María Luisa Brahm, Cristián Letelier, Nelson Pozo, José Ignacio Vásquez, y el presidente del organismo, Carlos Carmona. De los diez ministros, según pronunciamientos anteriores en temas relacionados con la gratuidad y el lucro en educación,los ministros Letelier, Brahm, Aróstica, Romero, y Peña,  votarían a favor del requerimiento.

En tanto, Carmona, Hernández, García y Pozo, estarían en contra del recurso, debido a sus pronunciamientos anteriores en materia de gratuidad de educación. De esta manera, se puede dilucidar una votación cinco contra cuatro.

De esta manera, el voto incierto de Vásquez es clave. Esto, debido a que si el ministro se suma a la postura a favor del recurso, quiebra el voto dirimente que le corresponde a Carmona como presidente del organismo y el fallo quedaría aprobado por una “mayoría contundente”, explican desde el TC.

En el oficialismo ya existe consciencia de que el requerimiento podría ser aprobado, preocupación que transmitieron el lunes al gobierno durante el comité político de La Moneda.

 

FOTO: AGENCIA UNO