La tarde del viernes 23 de diciembre cuando la mayoría de los chilenos se disponía a celebrar la Navidad, Sergio Marcial Catrilaf Morilef, Juan Segundo Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero y Sabino Catrilaf Quidel, salían de la cárcel de Temuco con destino a sus domicilios.
Publicado el 28.12.2016
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Cuando la mayoría de los chilenos se disponía a celebrar la Navidad, pasó inadvertido que el Tribunal de Garantía de Temuco daba la orden a Gendarmería de dejar en libertad a Sergio Marcial Catrilaf Morilef, Juan Segundo Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero y Sabino Catrilaf Quidel, quienes permanecían en prisión preventiva tras haber sido imputados por el homicidio del matrimonio Luchsinger- Mackay en enero de 2013.

La defensa presentó sus alegatos buscando rebajar la medida cautelar por una menos gravosa, tal como el arresto domiciliario total, medida que fue concedida por el Tribunal. Así entonces, se sumarían a José Peralino Huinca, otro de los imputados que se encuentra con esa medida desde el 30 de marzo por colaborar con la investigación.

En este momento sólo están privados de libertad seis de los 11 detenidos en esa oportunidad. Según la página del Poder Judicial, entre ellos se encuentra la machi Francisca Linconao Huircapán, Hernán Zenen Catrilaf Llaupe, José Arturo Córdova Transito, Luís Sergio Tralcal Quidel y dos “NN”. Celestino Córdova es el único condenado por el delito, cumpliendo actualmente una pena de 18 años de cárcel.

El abogado de la familia Luchsinger- Mackay, Carlos Tenorio, dijo a “El Líbero” que “no compartimos las razones dadas por la jueza (Marcia Castillo) en cuanto a los hechos y a la interpretación jurídica que hizo de los argumentos que se expusieron en la audiencia y por eso vamos a deducir un recurso de apelación” y además agregó que “lo haremos nosotros -como querellante particular-; entiendo que también lo hará el Ministerio Público y la Intendencia, que son querellantes en la causa”. La apelación se presentará hoy al Tribunal de alzada.

Tenorio hace una critica al modo en que se ha llevado el proceso. “Fuera de este juicio han ocurrido cosas que son absolutamente improcedentes, este es un juicio que se ha desarrollado mucho más fuera de la esfera de los tribunales que dentro (…) Nos hemos encontrado con que ya intervino una comisión parlamentaria, que quiso sustraer el conocimiento de las acusaciones que han formulado un par de imputados respecto a apremios ilegítimos”, comenta el abogado.

La polémica visita del nuevo Intendente a Francisca Linconao

Pero si esto pasó el viernes, el sábado continuaron las polémicas. Ese día, el nuevo intendente de la región de la Araucanía, Miguel Hernández (DC), visitó en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial a la machi Francisca Linconao. El encuentro se dio el mismo día que la comunera mapuche -también imputada en el caso- iniciara una huelga de hambre en demanda de su liberación luego de que se le revocara por cuarta vez una rebaja de cautelares y se determinara que cuando sea dada de alta tiene que volver a la cárcel.

Hernández dijo -tras estar cuarenta minutos con ella- que “hemos venido a expresar nuestro deseo que entienda y que sepa que no está sola. Dentro del ámbito de nuestras competencias vamos a brindar un trabajo de diálogo con todos y sin inclusiones, y en estos momentos venimos por un caso puntual por razones humanitarias”.

Este hecho causó gran molestia, porque la Intendencia es parte querellante de la causa. El director de la multigremial de la Araucanía, Emilio Taladriz, dijo en conversación con Radio Agricultura que “el ambiente es un poco extraño, porque uno tiene que entender que el Gobierno es parte querellante en este juicio, entonces resulta un poco contradictorio que la parte querellante visite a una de las personas imputadas” y agregó: “nosotros acá en La Araucanía lo único que pedimos es que este juicio se lleve a cabo de forma normal y que los acusados, de probarse su culpabilidad, terminen en la cárcel como cualquier ciudadano chileno, sobre todo considerando la magnitud y la brutalidad del crimen que cometieron. Entonces, algunas señales son preocupantes”.

Otro que también tuvo palabras críticas fue el diputado José Manuel Edwards, quien a ese mismo medio explicó que la visita es una señal difícil de entender, porque “es el Estado de Chile una de las personas querellantes, o sea el intendente es querellante en este caso. Sin embargo, va a reunirse con una de las imputadas (…) También hay otras señales acá hay una mesa de diálogo que entiendo tiene 21 representantes permanentes… ninguno de esos son representantes de algún grupo de víctimas organizado”.