Evitar el traspaso masivo de funcionarios públicos desde las AFP a Capredena es la inédita cruzada en que está embarcado el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien ayer anunció la presentación de una contienda de competencia ante el Senado en contra de la Corte Suprema, la primera desde 1998. (Ver documento)
Tal como en una operación bélica, Bermúdez busca terminar con la “cabeza de playa” que 1.331 funcionarios civiles de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) intentan ocupar a través de una demanda ante el 29 Juzgado Civil de Santiago para traspasarse al sistema de previsión estatal Capredena.
Por ese reclamo los funcionarios de la DGAC han realizado varios paros nacionales con la suspensión del servicio, lo que ha generado importantes problemas en las atenciones de los aeropuertos del país.
Capredena y Dipreca son apetecidos porque entregan las pensiones a las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería en base a su último sueldo promedio y a los años trabajados. Dipreca ha estado en la polémica por las millonarias jubilaciones que ha pagado a ex directivos de Gendarmería, como la pensión de $5,2 millones que recibió la periodista Myriam Olate Berríos, ex cónyuge del diputado socialista Osvaldo Andrade, que fue impugnada precisamente por la Contraloría porque no le correspondía.
El pleito legal y de resguardo al erario fiscal que libra el contralor Bermúdez
En el fallo de primera instancia el 29 Juzgado Civil rechazó el recurso de los trabajadores y estableció que a los funcionarios les corresponde el sistema de AFP, pero sorpresivamente la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la apelación en votación dividida, argumentando que los funcionarios deben estar en el sistema de Capredena porque tienen jefes militares.
El argumento medular de la Contraloría en dicho litigio es que el artículo 6° de la ley N° 10.336 establece que “corresponde exclusivamente al Contralor pronunciarse sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización”.
Además, el contralor Bermúdez alega que el artículo 1 de la ley 18.458 de 1985 establece que los regímenes de previsión y de desahucio de las FF.AA. y de Orden y Seguridad “no incluyó a los funcionarios de la DGAC. Por ende, de acuerdo con la legislación vigente los funcionarios de la DGAC deben adscribirse obligadamente al régimen de las AFP”.
Como el litigio se encuentra en la Corte Suprema, en una jugada estratégica, Jorge Bermúdez presentó la contienda de competencia en el Senado, que deberá resolver si la Suprema tiene o no competencia para pronunciarse al respecto.
Ello le permite poner en jaque a la justicia, e intentar, a su vez, frenar la eventual oleada de demandas de trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas y de empresas públicas vinculadas a dicha rama, que también podrían intentar “desembarcar” en la cabeza de playa de Capredena.
La polémica decisión del presidente de la Corte Suprema
La jugada de la Contraloría se produce después que la propia Suprema no le permitiera hacerse parte en el juicio, para que fuera el tribunal el que declarase su incompetencia para conocer de ese asunto laboral.
Sin embargo, en un acto desafiante -y que gatilló la presentación en el Senado-, la Corte Suprema dictaminó “ocúrrase ante quien corresponda” obligando a la Contraloría a ir al Senado.
También llamó la atención que el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch Urra, haya derivado el caso a la Cuarta Sala, que ve temas laborales y que tiene una amplia jurisprudencia favorable a los trabajadores, y no a la Tercera Sala, que es la que tradicionalmente falla los temas relativos a la administración pública y de resguardo de los recursos fiscales. Esa decisión podría derivar en que la Suprema acogiese la demanda y permitiese el traspaso de todos los funcionarios a Dipreca, sentando un precedente de incalculable consecuencia jurídica, ya que le abriría la puerta a cualquier civil que está vinculado a las FF.AA. Eso, claro está, siempre que el Senado resuelva a su favor la contienda de competencia.
Junto a las razones legales, el contralor Bermúdez alega que traspasar a 1.331 funcionarios a Dipreca le costaría al fisco $900 mil millones en 30 años, una cifra que no está considerada en ningún presupuesto.
El recurso ante el TC que presentó Bermúdez
Después de que el grupo de los 1.331 presentara la primera demanda en 2012, este año se sumaron casi 900 funcionarios más que hicieron lo mismo en el mismo 29 juzgado Civil de Santiago.
Pero a diferencia de la vez anterior, ésta vez el tribunal sí les acogió la demanda para traspasar las cotizaciones a Capredena, por lo que la Contraloría reaccionó de inmediato y presentó otra recurso de contienda de competencia ante el Tribunal Constitucional, que está en plena tramitación.
La idea del Contralor es cortar también ese “puente” jurídico, ya que de acogerse su recurso, la justicia no podría en lo sucesivo seguir fallando al respecto en futuras demandas.
Para la Contraloría, ese fallo “altera el sistema y orden institucional establecido en nuestro ordenamiento jurídico, e implica una transgresión de los límites que la Constitución y las leyes han fijado”.