Enfrentamientos con Carabineros, una mochila con bombas incendiarias, 59 estudiantes sumariados y un allanamiento al centro de alumnos, son los hechos que marcan los últimos años del liceo emblemático. Este jueves, y luego del desalojo de la reciente toma, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, aplicó "rompe, paga" y demandó a apoderados del establecimiento.
Publicado el 15.06.2018
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“¿Saben cuál es la pesadilla? Que se nos muera acá en el colegio uno de sus hijos”, dijo la inspectora del Instituto Nacional, Marlene Ángel, durante la reunión que convocó el rector del colegio, Fernando Soto, el pasado jueves 31 de mayo para abordar los hechos ocurridos durante ese mismo día en las dependencias del liceo emblemático. “Nunca habíamos llegado después de cuarenta años de trabajo en la educación pública, a trabajar con pesadillas”, continuó comentando la también profesora de Lenguaje que trabaja desde 2006 en el establecimiento y que hace solo dos años asumió como inspectora general de la jornada de la tarde, cargo en el que tiene a su cuidado a los estudiantes más jóvenes -entre 11 y 14 años-, del instituto.

Horas antes, alumnos del liceo habían marchado hasta la Intendencia Metropolitana para dejar una carta en la que rechazaban, según su postura, la “violencia desmedida” que había utilizado Carabineros al momento de disolver manifestaciones realizadas en el Instituto Nacional.

Durante el retorno a las dependencias del edificio, ubicado en Arturo Prat 33, según cuentan fuentes del establecimiento, se sumaron alumnos de otros siete u ochos colegios, lo que terminó en un enfrentamiento entre los manifestantes y Fuerzas Especiales de Carabineros en el frontis del Instituto Nacional. En la ocasión, encapuchados lanzaron objetos contundentes y bombas molotov. “Fue un verdadero asalto, en algún momento tuvimos 200 alumnos externos en el colegio, y también muchos adultos”, cuentan funcionarios del liceo.

“Temíamos saqueos y el ingreso de Carabineros, porque mientras estábamos tratando de evacuar por San Diego, había un grupo provocando a Fuerzas Especiales con material explosivo desde el frontis del colegio”, señala otro testigo de los hechos.

En medio de los incidentes, una inspectora de la jornada de la tarde vio que alumnos estaban manipulando nueve bombas molotov debajo de un bus, ubicado al frente del colegio, por lo que fue a sacarlos. Al hacerlo, la funcionaria se dio cuenta de que los jóvenes habían cortado una manguera del autobus, dejando el piso lleno de combustible. Al interior del establecimiento comentan que no es exagerado decir que la funcionaria salvó la vida de los adolescentes.

La situación escaló a tal punto, que Carabineros ingresó al centro educativo para allanar la sala del centro de estudiantes. Las diligencias, que se extendieron por más de cinco horas, dieron como resultado el hallazgo de material para fabricar bombas molotov. Entre los artefactos encontrados había al menos dos bidones con material inflamable, botellas de vidrios y telas para confeccionar mechas.

Fue en ese contexto, que la dirección del Instituto Nacional citó a una reunión. Al encuentro llegaron la mayoría de las directivas de los 103 cursos que componen el establecimiento, los tres centros de padres y apoderados, los cuatro inspectores generales del liceo y la directora de la Dirección de Educación Municipal, Yoris Rojas, y su equipo.

Reunión de emergencia

El encuentro se llevó a cabo en el salón del honor del colegio, con la presencia de alrededor de 300 apoderados. La primeras palabras fueron de una veintena de padres quienes pusieron el foco sobre el ingreso de Carabineros al recinto, publicaciones que había realizado el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en su cuenta de Twitter, y declaraciones anteriores del rector Soto.

Fue en ese momento que la inspectora Ángel decidió tomar la palabra, representando a sus colegas. Quienes estuvieron presentes cuentan que estaba sorprendida de que, en vez de buscar soluciones concretas para detener los niveles de violencia instalados en el Instituto Nacional, los presentes se dedicaran a realizar declaraciones cruzadas.

Cercanos a la profesora de Lenguaje, señalan que lo hizo porque tenía “una obligación moral“, ya que “que sentía que las imágenes que exhibía la televisión eran una parte de los hechos, y que las de los alumnos lanzado molotov no se habían visto en la televisión”.

“¿Por qué hoy no se reúnen todos los que quieren a este colegio y a la educación pública para que cerremos filas con el tema de la violencia?”, les preguntó la inspectora general a los padres y apoderados presentes en la reunión.

Según quienes estuvieron en la reunión, luego de la intervención de Ángel, la cita se enfocó a buscar medidas concretas. Como resultado, los padres pidieron aplicar el manual de convivencia (el reglamento interno del colegio), y el debido proceso para los 59 alumnos -que van desde octavo básico a cuarto medio- que habían sido identificados durante los incidentes ocurridos ese día y que hoy están siendo investigados.

Durante la cita, también se actualizó el protocolo que tienen los estudiantes para salir a marchar. Desde ese día los alumnos que quieran asistir a las movilizaciones deben presentar la fotocopia del carnet de identidad de sus padres y su autorización, en la que aceptan la responsabilidad de lo que pasa con sus hijos durante las manifestaciones y que no podrán regresar al establecimiento durante esa jornada. Sobre el ingreso de carabineros al recinto, el rector informó que se había reunido con el alcalde y que solicitó que se buscaran responsabilidades individuales para los funcionarios policiales que se hubieran excedieron con el uso de la fuerza.

Sospechosa mochila extraviada

Si bien el allanamiento realizado a la sala del centro de alumnos es uno de los hechos más graves ocurrido en el establecimiento, según relatan, no es el único del último tiempo. Uno que se recuerda es lo que pasó en medio de las manifestaciones del día del joven combatiente el jueves 29 de marzo. Ese día, dos estudiantes de séptimo básico encontraron una mochila en uno de los patios del colegio que entregaron en la secretaría del sector 1 de la jornada de la tarde. El bolso permaneció en esa oficina hasta el lunes 2 de abril, debido al feriado de Semana Santa.

Durante la tarde de ese lunes, llevaron la mochila a la secretaría de la inspectora general del sector, lugar en el que se constató que tenía un “peso excesivo y fuerte olor a combustible”, según explica el comunicado de rectoría sobre el tema.

Al día siguiente, se informó a la Dirección de Educación Municipal y a Carabineros. A raíz de esto, personal de la Primera Comisaría de Santiago ingresó  para revisar la mochila. Allí constataron, en presencia de funcionarios del establecimiento, que esta contenía “un ‘combo de fierro’ de gran tamaño, dos bombas molotov con sus respectivas mechas, más las pertenencias de un alumno como un cuaderno, una billetera, llaves, monedas, y un certificado de alumno regular de un estudiante de la jornada de la tarde. Ello motivó que la dirección del establecimiento se contactara con el apoderado.

El alumno comentó, en la ocasión, que él  había perdido su mochila. El caso aún se investiga.

Una molotov desde el sexto piso

Otro hecho que marcó al Instituto Nacional ocurrió en la tarde del viernes 7 de julio del año pasado. En medio de los intentos de estudiantes que querían manifestarse afuera del establecimiento, desde el sexto piso fue arrojada una bomba molotov al patio en el que se estaba realizando una clase de Educación Física. Los estudiantes y el profesor alcanzaron a reaccionar a tiempo, evitando lesiones u otras situaciones más graves.

Si bien el hecho fue grabado por alumnos del establecimiento y se inició una investigación por parte de las autoridades del Instituto Nacional, esta finalizó sin encontrar a ningún responsable del hecho.

“Rompe, paga”

Este miércoles, el establecimiento fue nuevamente tomado por estudiantes, quienes lo desalojaron ayer jueves.

El alcalde Felipe Alessandri señaló que el municipio presentó querellas contra los que resulten responsables de lanzar bombas molotov. “Mientras que por los destrozos, hemos presentado demandas contra los apoderados, en lo que denominamos coloquialmente ‘rompe, paga'”.

La autoridad indicó, también, que se está aplicando el manual de convivencia interna, que tiene como máxima sanción la expulsión de los estudiantes.

Sobre este punto Jorge Acosta, concejal de la comuna, ex alumno del liceo emblemático, y director ejecutivo del Instituto Res Publica, señala a “El Líbero” que las medidas son “muy valoradas por la ciudadanía, porque hay que volver a poner orden en la comunidad educativa”.