Los agricultores estiman un grave daño jurídico y económico por la pérdida de los derechos del agua que impulsa el Ejecutivo. Según la SNA el 67% de los empresarios agrícolas congeló sus inversiones, y de aprobarse la ley el perjuicio sería de US$27 mil millones.
Publicado el 13.10.2016
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La propiedad sobre los derechos de agua es la gran batalla que se dará durante este mes en la Sala de la Cámara de Diputados, y que tiene enfrentados a los agricultores con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

El Ejecutivo impulsa un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas -que idearon en 2011 diputados de la entonces Concertación-, y que le quita los derechos de agua a las 400 mil personas que son propietarias y, en cambio, les entrega una concesión por 30 años que puede ser revocada en cualquier momento, si así lo estima un funcionario de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, según denuncian los opositores.

Para Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), ello es inconstitucional y expropiatorio, ya que el derecho de propiedad sobre el agua está contemplado en la Constitución, al igual que los derechos sobre la tierra, una casa o un bien inmueble.

“El proyecto se permite violar derechos ciudadanos amparados por la Constitución, y en un acto temerario se establece que el ‘ejercicio de dichos derechos se sujetará a las limitaciones o restricciones contenidas en la nueva legislación”, denunció Crespo ayer en una columna en El Mercurio, tras la aprobación de la iniciativa en la comisión de Hacienda con los votos de diputados de la Nueva Mayoría y el rechazo de Chile Vamos. A fines de mes el proyecto tendrá su votación clave en la Sala de la Cámara de Diputados, que de aprobarse pasará al Senado.

Presidente de la SNA: “El 67% de los agricultores tiene congeladas sus inversiones”

patricio-crespoEn conversación con “El Líbero”, el dirigente gremial ahonda sus críticas y afirma que los “agricultores chilenos vamos a hacer todos los esfuerzos para develar el intento por arrebatarnos nuestro derecho de propiedad. Es por ello que hemos salido a informar con todo el realismo lo que se encubre en el proyecto”.

Crespo asegura que dicho proyecto tiene la “inversión agrícola parada”, según reveló una encuesta de la SNA, en que el 67% de los agricultores asociados dijo tener congeladas todas sus inversiones por la incertidumbre jurídica de no saber qué pasará con sus derechos de agua.

El dirigente explica que para desarrollar cualquier proyecto agrícola el banco exige en garantía el suelo y el agua propiedad del agricultor, ya que las inversiones en dicho rubro son a muy largo plazo y de extrema vulnerabilidad por las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, para cosechar nogales se debe esperar seis años después de sembrarlo, y el banco comienza a cobrar en el séptimo año, por lo que los créditos se piden a 30 años.

Se quiere extorsionar a los agricultores. Haremos todo lo que está de nuestra parte para que se respete la Constitución, que entrega los derechos de propiedad sobre el agua en forma perpetua”, señala el presidente de la SNA, quien anuncia que de aprobarse el proyecto en la Sala de la Cámara acudirá al Tribunal Constitucional.

En Chile hay sembrados 1,6 millones de hectáreas; el 80% de lo que producen se exporta, ya que el consumo nacional se satisface con el 20%. De ahí que es relevante tener asegurados los derechos de agua para poder seguir invirtiendo para aumentar las exportaciones, detalla el dirigente.

“Se producirá una severa afectación del valor comercial de las propiedades explotadas y de la certeza jurídica para invertir a largo plazo”, afirma Crespo, quien propone la construcción de embalses para evitar que el 80% del agua no se pierda en el mar.

US$27 mil millones le costaría al fisco expropiar el agua

Según cálculos de la SNA, el Estado deberá pagarles a los titulares de los derechos de agua del mundo agrícola US$27 mil millones como indemnización de aprobarse el proyecto. Esa cifra no incluye lo que habría que pagarle a los sectores industriales, mineros, sanitarios e hidroeléctricos que también serían perjudicados.

A ello se sumarían otros US$400 millones para adecuar la distribución de derechos, ya que al aprobarse la ley sería necesario rediseñar la infraestructura del sistema.

Además, estiman que el sector público debiera asumir el costo de la gestión de la distribución del agua que hoy administran privados, lo que sumaría US$2.480 millones al año.

A juicio del gremio, con la ley el valor de los activos agrícolas caerían en US$13.800 millones, y se restringiría el acceso al financiamiento bancario.

La defensa del gobierno y la cruzada girardista

En la vereda contraria, el gobierno y los defensores del proyecto aseguran que el actual “marco regulatorio es insuficiente e inapropiado” y que fue realizado hace tres décadas cuando “había mucha mayor disponibilidad de agua en nuestro país y cuando la competencia sobre esos recursos hídricos no tenía el nivel de hoy”, dijo el ministro de Agricultura, Carlos Furche, en la comisión de Hacienda.

El presidente de dicha comisión, el socialista Manuel Monsalve, sostiene que el proyecto “establece por ley algo que parece de sentido común, pero que hoy la ley no establece, como es que haya ciertas prioridades para el uso del agua y que la primera prioridad es cautelar el consumo humano y el saneamiento básico, en segundo lugar proteger los ecosistemas y en tercero destinar agua para el uso productivo”.

guido-girardiSegún los críticos de la iniciativa, la “raíz ideológica” es la nacionalización del agua que predican varios políticos de la Nueva Mayoría, como los senadores del PPD, Guido Girardi  y Adriana Muñoz.

Girardi presentó un proyecto de ley en 2013 para que el agua sea un “bien nacional de uso público tal como estaba garantizado antes de la Constitución de 1980”,  y establezca que el Estado quede con el “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas continentales de la nación, y declara al agua de utilidad pública a efectos de expropiación”.