Cuando en 2011 el anterior gobierno contrató a Alejandro Peña para asumir como jefe de la División de Estudios de Interior, parlamentarios de la entonces Concertación cuestionaron el fichaje y presentaron dos proyectos para frenar la "puerta giratoria" entre el Ministerio Público y el Ejecutivo. Varios de ellos hoy respaldan la llegada de la ex fiscal del caso 27F, Solange Huerta, al Sename.
Publicado el 20.07.2016
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“Yo creo que no hay que confundir las cosas, la señora Huerta no es fiscal, de manera que como persona puede ejercer su profesión. Si la llaman para asumir la responsabilidad, es porque es una institución que está pasando por una situación delicada, el trabajo que se tiene que hacer es acucioso. Es un buen nombramiento, darle connotación política como lo han hecho algunos, no me parece. Hay que colaborar para que haga bien su trabajo”, afirmó el pasado lunes el senador y ex presidente de la DC, Jorge Pizarro, al referirse a la designación de la ex fiscal del caso 27F, Solange Huerta, como directora del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Las declaraciones de Pizarro reflejan el respaldo y el blindaje de la Nueva Mayoría hacia el nombramiento de Solange Huerta en el Sename, en reemplazo de Hugo Herrera. Esto, tras las críticas de parlamentarios de la oposición, quienes han tildado esta designación como “sospechosa”, debido a que pone en tela de juicio la independencia de los fiscales.

Sin embargo, las declaraciones de Jorge Pizarro y el respaldo de la NM a Solange Huerta se contradicen con la actitud adoptada por la entonces Concertación en abril de 2011, cuando el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera fichó al entonces fiscal Alejandro Peña, quien había estado a cargo del “caso Bombas” y de la investigación del incendio en la cárcel San Miguel, para asumir como jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría de Interior.

La situación generó una ola de críticas desde la oposición. Incluso, diputados de la DC y senadores del PS presentaron un proyecto de ley para prohibir la “puerta giratoria” entre el Ministerio Público y el Ejecutivo; y el ministro del Interior de la época, Rodrigo Hinzpeter, fue citado a la comisión de Seguridad de la Cámara para explicar las razones del nombramiento.

En ese momento, Pizarro afirmó que “da la impresión que el gobierno quiere ser juez y parte y lo único que les falta es que contraten a algunos jueces. Lo raro es que estén tratando de vestir un santo y desvistiendo otro como es la Fiscalía, que es muy importante en el combate del delito”.

A las críticas de Pizarro se sumaron otros dirigentes de la entonces oposición como el ex senador y actual vicepresidente del PS, Camilo Escalona, quien criticó el nombramiento como “anti ético”.

“Me parece este un hecho insólito, muy grave. Creo que no tiene presentación, la verdad. No solamente es anti estético sino que también anti ético, ya que el Ministerio Público tiene que dar plenas garantías de independencia, de autonomía, de objetividad en las investigaciones. Y, de un momento a otro, quien tiene que cumplir esas funciones, se transforma en funcionario del Ministerio del Interior, que cumple una función cualitativamente distinta y diferente. Francamente, no puede ser”, afirmó Escalona, y agregó que “no puede ser una persona fiscal y, al poco rato después, alto responsable del Ministerio del Interior. Francamente, creo que este es un pésimo precedente y un muy mal paso que ha ocurrido”.

Asimismo, el entonces diputado de la DC y ex ministro del Interior, Jorge Burgos, explicó que “me pareció ordinario, poco estético. Es legal, no hay duda, pero creo que pudo haber sido distinto. No sé cuanto tiempo le quedaba, pero debería haber terminado el período, y después esperar un tiempo prudencial para cambiarse. Pero bueno, eso ya va más por decisión de él”.

En tanto, el fiscal nacional de la época, Sabas Chahuán, defendió el derecho de Peña de buscar otro trabajo, pero advirtió que había que regular en el futuro la salida de los fiscales.

“Yo quiero dejar claro que los fiscales regionales tienen todo el derecho de buscar trabajo cuando termina su periodo. Nos parece que es legítimo que se busquen nuevas expectativas de trabajo, pero también nos parece que es legítimo que la ciudadanía no tenga ninguna duda de adonde se van a trabajar”, dijo.

El proyecto de ley que presentó la DC para prohibir la “puerta giratoria” entre el Ministerio Público y el Ejecutivo

A principios de abril de 2011 cuando el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, confirmó la llegada de Peña a esa cartera, los diputados de la DC Gabriel Silber, Matías Walker y René Saffirio, presentaron un proyecto que buscaba modificar la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, prohibiendo a los fiscales ocupar un puesto en la administración del Estado antes de los seis meses de haber abandonado su cargo, moción que se encuentra actualmente en primer trámite constitucional.

“Esto busca terminar con esta verdadera silla musical desde el Ministerio Público al Ministerio del Interior ya que, ¿quién nos garantiza que los fiscales investigarán como corresponde hechos que afecten al gobierno, si está latente la posibilidad de luego trasladarse a algún puesto en reparticiones públicas?”, afirmó en su momento Silber.

En ese sentido, agregó: “Me pregunto qué hubiese pasado si en el caso Lavandero, el Gobierno hubiese nombrado al fiscal Armendáriz en un alto cargo. ¿Cómo lo hubiese interpretado la ciudadanía?”.

Asimismo, Walker explicó que, “nosotros estamos cumpliendo con nuestro rol que es legislar sobre la materia, porque aquí puede producirse una situación muy compleja: fiscales que están investigando a funcionarios públicos en casos de malversación de fondos o de fraude al fisco, no pueden ser automáticamente nombrados con cargos de gobierno”. Agregó que “eso no es bueno para la democracia y para la necesaria transparencia y eficiencia de las investigaciones”.

El proyecto del PS firmado por Isabel Allende

Por esos mismos días, senadores del Partido Socialista, en el cual militó Solange Huerta, también presentaron un proyecto para establecer impedimentos para que fiscales asumieran cargos en el gobierno.

El texto, que fue firmado por la senadora y actual presidenta del PS, Isabel Allende, y por los ex senadores Camilo Escalona y Pedro Muñoz Aburto, sostenía que “no resulta conveniente que los fiscales puedan, inmediatamente después de cesar su vinculación con el Ministerio Público, ser contratados por una repartición estatal, sin que exista un prudente lapso intermedio que los aleje de toda suspicacia y duda”.

En ese sentido, en su artículo único, el proyecto que actualmente se encuentra archivado proponía: “Los fiscales no podrán desempeñar ningún empleo o comisión de aquéllas a que hacen referencia los incisos primero y segundo del artículo 58, con las excepciones allí señaladas, hasta un año después de cesar en su cargo”.

El conflicto en la región de la Araucanía y caso “sobreprecios”

Pero las críticas no sólo ocurrieron durante su nombramiento, sino que continuaron durante toda la gestión de Peña en Interior por parte de la oposición, como en el rol que tuvo el ex fiscal en el conflicto de la Araucanía y luego en el caso “sobreprecios”, que detonó su renuncia.

En julio de 2012, cuando el ex fiscal Peña llevaba más de un año en su cargo en Interior, Hinzpeter lo envió a la región de la Araucanía para planificar el equipo que investigaría las diligencias relacionadas con el conflicto mapuche. En ese momento. Peña encabezaba la unidad que tuvo dedicación exclusiva sobre acciones judiciales violentistas de la región.

Ante este escenario, diferentes parlamentarios de oposición como el diputado DC, René Saffirio, críticaron duramente este nuevo rol del ex fiscal Peña e incluso pidieron que el gobierno lo retirara de sus labores relacionadas con el monitoreo del conflicto de la Araucanía.

“Lo hemos dicho hasta el cansancio, criminalizar la situación mapuche en el sur del paí­s es el peor de los caminos; la avanzada policial  provocará sólo más violencia y la presencia del ex fiscal Peña, quien además, ha sido severamente cuestionado por su actuación en el “caso Bombas”, es una muestra más de la estrategia del Gobierno y del abandono del diálogo como propuesta para llegar a una solución”, explicó Saffirio.

Tres meses después, en octubre de 2012, Ciper dio a conocer un reportaje sobre el combate contra el narcotráfico del gobierno, el que le había significado al Ejecutivo una millonaria partida presupuestaria para el proyecto Plan Frontera Norte. La investigación reveló que el Ministerio del Interior licitó equipos para detectar drogas, pagando cerca de 400% de sobreprecio.

Ante esto, la subsecretaría del Interior interpuso una denuncia contra el Ministerio Público para que se investigaran los antecedentes. Y fue en medio de este proceso que el ex fiscal Peña presentó su renuncia a La Moneda. “Hay que ser consecuente con los valores que uno tiene y hay que asumir la responsabilidad como jefe de servicio”, afirmó.

FOTO: AGENCIA UNO