Los diputados Vallejo, Cariola y Jackson arremetieron contra las casas de estudio que han tenido problemas, visitando incluso al fiscal Carlos Gajardo para que investigue en profundidad, pero ante las anomalías de la U. Arcis, que está a punto de cerrar con millonarias deudas a los trabajadores, han guardado silencio.
Publicado el 08.12.2016
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Las universidades privadas Del Mar, en Viña del Mar, y Arcis, en Santiago, nacieron en la misma década de 1980 y “morirán” también casi en paralelo envueltas en similares crisis financieras y académicas que afectan a miles de alumnos.

La casa de estudios viñamarina cerrará sus puertas oficialmente en 2018 luego de que se detectaran irregularidades en su proceso de acreditación, no pago de remuneraciones a los trabajadores y la renuncia de su rector, Héctor Zúñiga, en medio de denuncias de desvíos de fondos a empresas inmobiliarias, y quien fue imputado por delito de estafa reiterada que afectaría a más de 1.400 alumnos.

La universidad Arcis, que fue fundada y administrada por dirigentes del Partido Comunista, también tiene fecha de vencimiento muy probablemente en enero, según anunció la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

Tras tres años de agonía, en que debe  millones de pesos en sueldos y cotizaciones a trabajadores, este año apenas pudo matricular 36 alumnos y para evitar el cierre debería tener 573 nuevos alumnos en enero, lo que sería prácticamente imposible.

Por ello el Mineduc admitió que tiene un plan de traslado de 400 alumnos a la Universidad de Chile, lo que genera fuertes cuestionamientos por el daño académico que generaría, según el ex rector Luis Riveros.

Administrador admite participación del PC en la Arcis

El administrador provisional de esta universidad, Patricio Velasco, reconoció que “el Partido Comunista, efectivamente, a través de ICAL, hizo un aporte en su momento y luego ese aporte lo retiraron y eso agudizó el problema de la universidad“, lo que ha sido negado reiteramente por el presidente de dicho partido, Guillermo Teillier.

El presidente del Partido Comunista,se refierio a eventuales irregularidades de la Universidad de ArcisEl Partido Comunista no ha tenido nada que ver institucionalmente con Arcis, militantes del Partido Comunista sí estaban en Arcis, como estudiantes, como directivos, como académicos han existido siempre. De que nosotros hayamos retirado fondos, no sé cuál es la expresión, eso es absolutamente falso”, dijo Teillier este martes.

Sin embargo, los ex trabajadores del “Sindicato Histórico” de la universidad, que han presentado millonarias demandas por el no pago de sueldos y cotizaciones previsionales, denunciaron ayer la “responsabilidad política, moral, ética e histórica del Partido Comunista de Chile que –a través de ICAL- dirigió los destinos de nuestra universidad durante los últimos años, desviando fondos, mal administrando la universidad y persiguiendo política e ideológicamente a estudiantes, académicos y trabajadores”.

Esta crisis universitaria ha tenido la particularidad, además, de poner a prueba el discurso contra el lucro de la bancada estudiantil de la Cámara de Diputados, que integran las comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, el militante de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, y del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric.

La arremetida contra la U. del Mar y el grupo Laurete de la bancada estudiantil

Las anomalías detectadas en la Universidad del Mar fueron utilizadas como balas de cañón por dichos diputados en su persecución contra el lucro. De hecho, Vallejo y Jackson visitaron en esa oportunidad al fiscal Carlos Gajardo para que investigara eventuales delitos. También sumaron como blanco a la universidad de Viña del Mar -que cerró la carrera de sociología-, y a las del grupo Laurete, que integran las universidades Andrés Bello y de Las Américas, entre otras entidades.

Lo que está sucediendo en la Universidad de Viña del Mar, lo que sucedió en la U. del Mar, da cuenta de que no se puede llegar y financiar a cualquier institución, que necesitamos no solamente una superintendencia (de educación superior) sino terminar con el lucro efectivo, mejorar la regulación y acreditación, y asegurar cierta gobernanza”, señaló la diputada Vallejo en enero pasado, pidiendo al Estado intervenir en las universidades.

“El Gobierno, independiente de que no esté tipificado todavía en la legislación chilena el lucro como delito, debe tomar acciones claras. Creo que desde ya se debe establecer una intervención en esa institución (del grupo Laurete) para evitar que se siga retirando este tipo de utilidades”, dijo la diputada comunista.

En la misma línea, Giorgio Jackson aseveró que “el desafío que tenemos como diputados de la comisión de educación y desde la Cámara, además de denunciar y fiscalizar estas acciones, es que haya una legislación que no permita que Laureate siga en Chile”.

Incluso, antes de ser candidato, en 2013  pidió  al gobierno que cerrara la Universidad del Mar por haber violado la norma que le impedía tener fines de lucro.

Un año después, en abril de 2014 y tan pronto asumieron como diputadas, Camila Vallejo y Karol Cariola anunciaron el envío de un proyecto de ley para prohibir y sancionar el lucro en toda la educación, ya que “tiene directa incidencia en la mala calidad de la enseñanza”.

Cariola afirmó que el “lucro es una contradicción con nuestra convicción de que hoy día la educación debe ser considerada como un bien social”.

Gabriel Boric también se mostró muy preocupado por la Universidad del Mar, y dijo que una salida era la expropiación, para asegurar la continuidad de los estudios de los 18 mil estudiantes.

Arcis y el mutismo de la bancada estudiantil

Pero si la bancada estudiantil ha sido rápida y lapidaria para cuestionar a las universidades antes mencionadas, en la crisis de tres años de la Universidad Arcis han optado por el silencio o por defenderla.

La más vehemente ha sido Karol Cariola, quien  ha señalado que el PC “no tiene vínculo legal establecido, no ha sido parte jamás de la universidad, no administra recursos. Los que dicen que no hay lucro tienen pruebas, y los que dicen que existe lucro dicen que no tienen pruebas”.

Su postura fue severamente cuestionada por la directora de Ciper Chile, Mónica González, quien la increpó por “no ser cuidadosa. Las sociedades relacionadas, si nosotros cuestionamos en una, hay que tener una sola vara”, al hacer mención a la inmobiliaria Libertad que controló la Arcis y que retiró millonarias ganancias.

“Nosotros constatamos que hubo, y así lo dicen las actas, retiros de dividendos o repartición, y no debiera ser”, le enrostró a la diputada comunista en la comisión investigadora sobre la universidad Arcis. “No justifiquemos una y en otra digamos que no sacó ganancias”, remató González.

La crisis llevó en abril de 2015 a 30 estudiantes a tomarse la sede parlamentaria de Camila Vallejo en La Florida, a quien le pidieron que el PC asumiera su “responsabilidad ética y política”.

camila-vallejo-tuit-por-universidad-del-mar-1Ese episodio llevó a Vallejo a admitir que hay “varias situaciones graves en la Universidad Arcis”, como “persecuciones políticas a estudiantes” o que los trabajadores llevan seis meses sin sueldo, pero aclaró que sólo puede trabajar con “las posibilidades que están a mi alcance, porque yo no soy un semidios”. “Está mi voluntad y disposición”, pero “no está en mí la última palabra, es el Ministerio (de Educación) el que debe pronunciarse”, agregó.

A diferencia de los constantes tuits sobre las universidades Del Mar y del grupo Laurete, cuyos estudiantes recibió en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Vallejo no tiene una sola mención a la situación de la Universidad Arcis, ni siquiera ahora que se anunció su cierre.

“Ahora estudiantes de la U. del Mar exponen su dramática situación en comisión de Educación”; “Comisión recibe a ministra Delpiano para tratar graves denuncias de estudiantes”, escribió en Twitter en noviembre de 2015. Un mes antes había escrito “comisión recibe a ex estudiantes estafados por la Universidad del Mar”.

Pero si Jackson y Vallejo fueron hasta el fiscal Gajardo para pedirle máxima diligencia contra la U. del Mar y Laurete, cuando la Cámara de Diputados votó la creación de una comisión investigadora por la U. Arcis se abstuvieron. El diputado de RD alegó que la comisión era “redundante e innecesaria” pues el caso es investigado por la justicia.

“Lo que he estado tratando de explicar es para qué sirve una comisión investigadora. Todos deseamos que se investigue lo que pasó en la U. Arcis, los responsables y los que estuvieron a cargo en los momentos donde hubo irregularidades que asuman las responsabilidades, pero la comisión no es el instrumento para eso”, dijo Jackson en una entrevista a El Mostrador en agosto de 2014.

Boric: “La Arcis hizo retiro de capital”

Gabriel BoricEl único que fue más directo fue Gabriel Boric, quien afirmó que después de haber analizado “con mucha seriedad los antecedentes, había llegado a la convicción de que en la U. Arcis se había hecho retiro de capitales con los mismos mecanismos que nosotros hemos criticado en universidades privadas”.

Incluso, comparó la situación con la U. del Mar respecto de que en ambos casos los socios controladores retiraron capitales. “La diferencia es que en la Arcis no hay lucro porque no se retiran utilidades sino que se retira capital, menos plata de la que se puso pero igual hay retiro de capital, lo que es absolutamente inaceptable”.

Ministro Barraza presidió directorio que retiró millonarias utilidades de inmobiliaria

marcos-barraza-ministroLa confesión de Boric apunta los dardos automáticamente al ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, quien entre mayo de 2011 y marzo de 2014, justo antes de ingresar al gobierno como subsecretario de Previsión Social, fue socio de ICAL Capacitaciones, y en septiembre de 2012 llegó a la sociedad Ediciones ICAL Ltda. –ambas pertenecientes al PC-, desde la cual integró el directorio de la inmobiliaria Libertad S.A., dueña de la Universidad Arcis.

Según un reportaje de Ciper, el 4 de diciembre de 2012 se reunieron los cuatro socios de la inmobiliaria, ONG ICAL -representada por Claudio de Negri-, que tenía el 50,5% de la propiedad, Ediciones ICAL Ltda, -representada por Marcos Barraza-, con el 25,5%, Inversiones Salvador S.A., con un 23,1%, y Max Marambio a través de Nazareno S.A., que tenía el 0,5%.

El acta de sesión indica que Barraza, como presidente del directorio, afirmó que la venta de la sede en Huérfanos 1721 ya se había concretado, y que la inmobiliaria “no contempla proyectos de nuevas inversiones propias del giro, por lo que no tiene sentido y carece de justificación mantener en caja sumas superiores al capital de $1.600 millones”.

Según el mismo sitio, los socios de la inmobiliaria procedieron a hacer cuentas para calcular el dividendo a repartir, y el excedente fue de casi $540 millones.

Incluso, Mónica González, directora de Ciper, al comparecer ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la U. Arcis, añadió que la razón que entregó el socio mayoritario de la inmobiliaria, ONG ICAL, fue porque “requería dichos fondos para las actividades propias de su institución”.

Arcis le pagó $174 millones a la sociedad de Barraza

ICAL Capacitación fue fundada en agosto de 2006 y tiene la sede en Ricardo Cumming 350, Santiago, propiedad del Partido Comunista, donde también están la inmobiliaria Libertad S.A. y ONG ICAL.

La sociedad tuvo como representante legal a Daniel Núñez, actual diputado, y el socio Marcos Barraza vendió su participación el 5 de marzo de 2014 antes de asumir el cargo.

Además, entre 2009 y 2013 la U. Arcis le traspasó a ICAL Capacitación Ldta casi $174 millonesen pagos mensuales que oscilaron entre $3,4 millones y $2,8 millones. La razón que señalaron las facturas fueron “cursos de capacitación y desarrollo social”.

Barraza fue citado tres veces a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para explicar su participación en dichos negocios, pero declinó asistir en todas las oportunidades.