En 2014 se desestimó una acusación contra la empresa por eventuales conductas contra la libre competencia en la extinción de incendios forestales. Ahora el Ministerio Público nombró una fiscal para investigar los contratos de Conaf y la Onemi luego de que en España a las compañías se les indagara por corrupción.
Publicado el 13.02.2017
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Terminaron los mega incendios que azotaron la zona centro sur del país -y donde el Supertanker se robó la atención-, pero se inició otra “llamarada” de consecuencias insospechadas.

Ahora la Fiscalía Nacional está investigando a algunas empresas que apagan el fuego, luego de que trascendiera que compañías españolas que operan en Chile están siendo investigadas en el país europeo por presunta organización criminal, alteración de precios en concursos públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociación prohibida a funcionario público.

En menos de 24 horas el Ministerio Público designó a la fiscal Ximena Chong -la misma que investiga hace un año el financiamiento de la constructora brasileña OAS a campañas electorales chilenas en 2013-, quien con rapidez allanó este viernes las oficinas de Conaf y la Onemi.

Una de las empresas cuestionadas en España es Faasa, que forma parte del denominado cartel “G-6” que se repartirían las licitaciones ibéricas, y que está en nuestro país desde 2005.

La denuncia contra Faasa desistida por la Fiscalía Económica

Sin embargo, las denuncias contra Faasa en Chile no son nuevas, ya que en septiembre de 2013 se presentó un escrito ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) alegando eventuales “conductas contrarias a la libre competencia” en el mercado nacional de servicios aéreos de extinción de incendios forestales.

El denunciante aseguró que dichas prácticas habrían comenzado tan pronto llegó Faasa al mercado nacional, en 2005, con una “estructura de precios bajo el costo” -tipificada en la ley como “conductas predatorias”- la que se habría materializado tanto en los contratos de prestación de servicios a Conaf como a las empresas privadas Arauco y Mininco.

La Fiscalía indagó si la empresa tenía poder de mercado o la aptitud razonable de alcanzarlo por medio de la conducta imputada. Además, analizó las tarifas y costos de la empresa española para evaluar si habría cobrado o no tarifas por debajo de alguna medida relevante de sus costos.

Sin embargo, se detectó que los precios promedio cobrados por los contratos durante 2013 estaban por sobre sus costos incrementales, lo que echaba por tierra la acusación de conductas predatorias. También se revisaron los años 2012 y 2011 con el mismo resultado.

Por ello la FNE concluyó que “analizados los antecedentes, las características del mercado de combate de incendios forestales, la legislación vigente, las barreras a la entrada existente y los ingresos y costos de Faasa, las conductas denunciadas, dadas las circunstancias que se describen, no ameritan la realización de diligencias adicionales. En virtud de lo anterior, se sugiere archivar la presente denuncia”.

Aclaración de la FNE y Conaf

Como el caso volvió a reflotar, la FNE aclaró la semana pasada que en relación a los “hechos investigados en España sobre un cártel en el mercado del transporte aéreo para el combate de incendios, la FNE no se refiere a diligencias vinculadas con eventuales casos de colusión”, sino que a la conducta de predación o bajos costos que desechó.

Conaf, por su parte, informó que de las 33 aeronaves que se han contratado con 16 empresas, sólo nueve (cinco aviones y cuatro helicópteros) corresponden a alguna de las empresas cuestionadas, y solo una aeronave se contrató por trato directo sin licitación.

El director de Conaf entre 2010 y 2014, Eduardo Vial, defiende la labor realizada por Faasa desde 2005, y destacó en La Segunda sus “buenos antecedentes operativos, técnicos y condiciones económicas. La llegada de empresas españolas mejoró estándares, eficiencia y competitividad, haciendo que los nacionales tuvieran que invertir y mejorar niveles”.