El Ejecutivo ofrece 3,2% pero los funcionarios públicos quieren 7,5%. Cada centésima de aumento en los sueldos de casi 700 mil funcionarios públicos le cuesta al fisco al año US$150 millones. La sostenida deuda pública del gobierno no sólo no permite más gastos permanentes, sino que también dejará atada de manos a la próxima administración que podrá disponer libremente de uno de cada cuatro pesos del presupuesto.
Publicado el 11.11.2016
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Solicitudes de renuncia de ministros, garabatos, ofensas y violentos desalojos ha generado la “guerra civil” por el reajuste salarial que enfrenta al gobierno con la Nueva Mayoría y los gremios de funcionarios públicos, que están en paro nacional desde hace una semana.

La intransable postura del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que es defendida por la Presidenta Michelle Bachelet, es que el reajuste de los casi 700 mil trabajadores del Estado para 2017 será de 3,2%, muy inferior al 7,5% que exigen los gremios.

Lo complejo de aumentar esa última oferta es que cada décima de aumento le cuesta al fisco al año US$150 millones. Por ejemplo, si subiera los sueldos en 4% el gasto se dispararía en US$1.200  millones adicionales, una situación muy difícil de enfrentar.

La “estrechez fiscal” que alega el gobierno

La razón esgrimida por el gobierno en el proyecto de ley que ingresó al Congreso, donde ha sido rechazado, es que la “estrechez fiscal se ha hecho más restrictiva considerando los altos compromisos de gastos ya adquiridos y legislados durante el último tiempo, especialmente en materia educacional”.

Dicha estrechez se debe, tal como se plantea, a los gastos ya comprometidos en las reformas de educación escolar y universitaria, junto a otros compromisos adoptados. Es por ello que el gasto total del presupuesto público de 2017 crecerá apenas 2,7%, la menor expansión en 14 años.

De hecho, si en 2006 el Estado destinaba US$5.206 millones en pagar los sueldos y regalías de los empleados fiscales, este año la cifra superará los US$11.632 millones y en 2017 se empinará a US$12.185 millones.

El costo mensual por funcionario es de $2,5 millones, y los gastos no sólo se explican por la remuneración, sino también por bonos, aguinaldos, asignaciones profesionales y geográficas, entre otras.

La implicancia que tiene también la fijación del ajuste salarial es que sirve de referencia para otras instituciones, y se aplica también en los 345 municipios del país, las Fuerzas Armadas, la Contraloría, el Congreso y el Poder Judicial.

La deuda que dejará Bachelet al próximo gobierno

La “estrechez fiscal” la detalló  el director de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Sergio Granados, ante la comisión mixta de Presupuesto, quien admitió  que el próximo gobierno sólo dispondrá de uno de cada cuatro pesos del presupuesto de libre disposición, porque tres tercios ya están con gastos permanentes que no se pueden dejar de pagar.

“Hay un cuarto de los gastos del gobierno que no están regulados por leyes permanentes, es decir, que tienen algo de flexibilidad y por ende pueden ser parte de la decisión de cualquier gobierno”, explicó Granados.

Como parte del ajuste de cinturón, el próximo año se revisará la ejecución  de 27 programas sociales, y en el último presupuesto de esta administración (2018) se deberá tomar “la decisión de detener programas o no seguir con la tramitación de algunos proyectos de ley”.

Y es que la “herencia” de Bachelet a la próxima administración será de una deuda pública de US$60 mil millones, lo que equivaldrá al 28% del PIB. Un aumento muy rápido en relación al 12% que tenía el país en 2013. De hecho, la Dipres admite que la deuda llegará al 31,1% del PIB en 2020.

Hace exactamente un año, el 2 de noviembre de 2015, el ministro Valdés advertía el complejo escenario del país: “Este no es el único año (2016) en que vamos a tener que hacer ajustes. El 2017 y 2018 son años aún más complejos desde el punto de vista fiscal que este. La posición estructural de Chile hoy es peor de lo que esperábamos”.

El fantasma que asecha: Subir el riesgo país

La restricción presupuestaria está dada, sobre todo, por los temores de que las agencias clasificadoras de riesgo puedan bajarle la nota AA, la mejor de los países emergentes. Por eso el economista José Ramón Valente dijo que el presupuesto de 2,7% nos “salvó del descenso”, ya que “de no haber sido por ese anuncio, muy probablemente las clasificadoras de riesgo internacionales nos habrían bajado la nota”.

Lo que coincide con el propio ministro de Hacienda, quien admitió que dichas agencias “valoran enormemente la regla fiscal como un ancla que ha servido, que la hayamos cumplido y que el presupuesto refleja bien ese compromiso” (…) Hay muy poca gente (en Chile) que piensa que no hay que tener finanzas públicas muy sanas, nadie está hablando de que podemos estacionarnos en un nivel de deuda más alto, sino que sería bueno bajarla”. Pero agregó que, al mismo tiempo, las agencias detectan “un estrés especial entre demandas sociales y la capacidad del Estado para poder financiarlas”.

Economista: “No hay recursos para financiar el programa de gobierno”

La investigadora del ESSE Business School, Cecilia Cifuentes, plantea que “definitivamente, no hay recursos suficientes para financiar el programa de gobierno, y tampoco será posible recuperar el equilibrio estructural durante este gobierno. Por primera vez tenemos un gobierno que no sólo ejecuta su programa, sino que además está dejando establecido por ley el programa de los gobiernos siguientes. Serán los próximos gobiernos los encargados de cerrar una brecha que no crearon, lo que no sólo compromete los ingresos que provendrían del crecimiento, sino que hace necesario pensar en una reforma tributaria adicional y/o en recortes de gastos políticamente muy complejos”.

También recuerda que el país lleva una década con déficit estructural, lo que pone un manto de duda sobre el respeto efectivo a la regla, y genera el riesgo de un deterioro en la clasificación de riesgo soberano. Esto porque la clasificación del país en términos relativos es alta si se considera nuestro nivel de desarrollo y la escasa diversificación exportadora.

“Es en el aspecto fiscal que el país en las últimas tres décadas ha presentado una mejor posición que la gran mayoría de países. Esto no es sólo un atributo que permite al fisco endeudarse a un costo reducido, es un beneficio significativo para toda la población que permite el desarrollo de las empresas y el empleo, el acceso a la vivienda a costos razonables, la posibilidad de adquirir bienes de consumo durable, el desarrollo de la infraestructura, etc.  El deterioro de la sostenibilidad fiscal podría terminar afectando al conjunto de sectores de la economía”, afirma la economista UC.