La misiva de ocho páginas, a la cual tuvo acceso "El Líbero", fue enviada el pasado viernes 26 de junio a los parlamentarios. "Nuestro compromiso es que la ley se aplique en toda su extensión, en el entendido que ella debe servir al respeto de los derechos de todos", dice una parte del texto.
Publicado el 01.07.2015
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El pasado viernes 26 de junio en la mañana los senadores RN de la región de la Araucanía, Alberto Espina y José García, recibieron en sus respectivas oficinas del Senado una carta de parte del ministro del Interior, Jorge Burgos. La misiva de ocho páginas y a la cual tuvo acceso “El Líbero”, contiene la hoja de ruta del secretario de Estado para enfrentar el conflicto en la Araucanía.

La carta surge a raíz del documento “Acuerdo por la Paz en la Araucanía”, que fue elaborado por los senadores Espina y García, donde plantearon los principales desafíos que enfrenta el pueblo mapuche y diferentes soluciones al conflicto. Burgos, hace 30 días, se comprometió a entregarles una respuesta por escrito a los parlamentarios y decidió hacerlo mediante una misiva que fue enviada un día antes de lo acordado.

El titular de Interior centra el contenido de la carta en reconocer el aporte que han realizado todos los gobiernos desde 1990 en adelante, incluido el de Sebastián Piñera, para resolver el conflicto y luego plantea medidas concretas para enfrentar la situación, como mayor participación de los pueblos originarios, introducir la dimensión indígena en las políticas públicas, la aplicación de la ley en toda su extensión, entre otras. (Ver carta completa al final de la nota)

“Por la labor realizada desde el retorno a la democracia y los pasos dados en favor de los pueblos indígenas, cabe recordar que el actual Gobierno de la Presidenta Bachelet no parte de cero. En los últimos 25 años hemos avanzado en materia indígena más que en todos los años anteriores. Sin embargo, no hemos logrado consolidar los elementos definitorios de una auténtica política de Estado de largo alcance“, dice el titular de Interior en los primeros párrafos de la carta.

Enseguida, Burgos enumera desde las gestiones del ex Presidente Patricio Aylwin hasta las realizadas por el gobierno de Sebastián Piñera. “Efectivamente, la construcción de una nueva relación con los pueblos originarios de Chile tiene su origen en el Acuerdo de Nueva Imperial, celebrado en 1989 entre los dirigentes del conjunto de los pueblos indígenas y el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin. En él, se manifestaron las principales demandas de las organizaciones y comunidades indígenas y echaron las bases de un nuevo y permanente diálogo del Estado con los pueblos indígenas”, afirma.

Finalmente, Burgos da a conocer las principales medidas que implementará el Gobierno de Bachelet para enfrentar el conflicto, que se ha acrecentado luego de los últimos ataques en la zona. Entre ellas, mayor participación indígena y la aplicación de la ley en toda su extensión.

“El Gobierno de la Presidenta Bachelet está empeñado en que se introduzca transversalmente la dimensión indígena en las políticas públicas sectoriales, en un nuevo esquema de coordinación. Así por ejemplo, está contemplado impulsar una educación intercultural para todas y todos los chilenos, y lo mismo en la política de salud en aquellas aéreas donde exista un porcentaje significativo de población indígena o en cultura al someter a consulta la creación del nuevo ministerio en esta materia” , dice, y agrega que “en cuanto a la representación de los pueblos originarios, pensamos igual que ustedes, que deben establecer cuotas que aseguren su participación en todas las instancias colectivas de decisión en concordancia con un alto autoreconocimiento indígena en un territorio determinado”.

Finalmente, da a conocer las “acciones preventivas” que implementará el gobierno y reconoce que no descartan el “ejercicio de acciones judiciales de la más alta envergadura”, si la situación lo amerita.

El Gobierno debe liderar por una parte la acción preventiva de estas acciones y, por otra, hacer todo lo que esté en sus competencias para que la ley se respete, trabajando junto a los otros Poderes y órganos del Estado a objeto de garantizar el ejercicio pleno de libertades públicas y los derechos civiles. Por tanto, nuestro compromiso es que la ley se aplique en toda su extensión, en el entendido que ella debe servir al respeto de los derechos de todos, en especial de los más débiles o vulnerables. No se puede confundir la justa reivindicación de derechos de los pueblos originarios con los actos atentatorios contra los bienes, las libertades, o las vidas de las personas y tanto menos con la acción de grupos organizados que deslindan en lo delictual. Por eso no descartamos el ejercicio de acciones judiciales de la más alta envergadura si el caso lo amerita“, afirma Burgos en su carta.

 

Carta ministro Burgos

 

FOTO: AGENCIA UNO