Hace 8 años el entonces diputado Jorge Burgos -y actual ministro del Interior- pidió un pronunciamiento del Colegio de Abogados sobre el eventual conflicto de interés entre la función parlamentaria y la actuación como abogado. Si se hubiese actuado según el criterio del gremio el "gaffe Insunza" no hubiese existido.
Publicado el 09.06.2015
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Este domingo renunció el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Jorge Insunza, tras develarse que realizó durante varios años asesorías a empresas mineras, incluso mientras presidía la comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Pero las incompatibilidades y conflictos de interés que podrían generar los parlamentarios que tienen actividades paralelas fue premonizado hace ocho años por el Colegio de Abogados.

Un informe del consejo general de agosto de 2007 sugirió establecer una norma que regulase la actuación profesional de los parlamentarios, cuando ejercieran como litigantes, socios o miembros de un estudio jurídico. Dicha investigación arrojó que ese año el 40% de los senadores y el 28% de los parlamentarios eran abogados.

La conclusión del Colegio de Abogados fue que “la función de parlamentarios y el ejercicio simultáneo  de la profesión de abogado sea directa o personalmente, sea como miembro o tenga interés en un estudio profesional, son incompatibles”.

El informe surgió de una inquietud expuesta por el entonces diputado DC Jorge Burgos –hoy ministro del Interior-, sobre un eventual conflicto de intereses entre la función parlamentaria y la actuación como abogado.

El gremio fundamentó su decisión en base a argumentos legales. En esa época, y a propósito del informe del gremio, los investigadores del Centro de Estudios Públicos Alexander Galetovic y Leonidas Montes escribieron una columna en que también apelaron al sentido común: “la verdad sea dicha, no es necesario ser abogado para darse cuenta de que algunos conflictos de interés son evidentes”.

Los economistas concluyeron en su columna que “un mercado competitivo de abogados exige igualdad de condiciones. Por eso, ignorar el conflicto de interés en el caso de los diputados y senadores abogados sería una muestra de cinismo. En cambio, reconocerlo y regularlo sería un acto de madurez cívica”.

Los riesgos de conflicto de interés que advirtió el gremio de abogados

Para la orden gremial, se produce un “riesgo de conflicto de funciones e intereses” si un parlamentario participa personalmente como abogado litigante en procesos ante un tribunal. “Los jueces están naturalmente sujetos a presiones implícitas, que pueden afectar su libertad, si quien plantea y representa los intereses de una de las partes en un juicio es un miembro de otro poder del Estado”, planteó el informe.

En esa línea, el colegio advirtió que el parlamentario ejerce una función pública de interés general, de la que no se puede desdoblar cuando representa un interés en una causa. Además, observó que los legisladores participan en decisiones que afectan a los jueces, como su organización y presupuesto y las designaciones de ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Otra situación de ventaja injustificada frente a una contraparte, según la orden, ocurre cuando el parlamentario que actúa como abogado litigante lo hace en casos de interés público.

El informe sugiere que es indiferente que el legislador tenga o no personalmente el patrocinio de una causa. “Basta que éste tenga interés en el estudio profesional al que pertenece el patrocinante para que se pueda producir un efecto injusto respecto de la contraparte y se suscite un riesgo de influencias implícitas, que debería ser prevenido en la forma de una incompatibilidad”, señala.

También se plantea que el deber público que soporta el parlamentario socio o miembro de un estudio jurídico puede estar en conflicto con el interés privado que supone la profesión y los deberes fiduciarios que ésta impone. El documento también hace notar que la remuneración fijada en la Constitución para los parlamentarios evita que sufran un menoscabo por estas incompatibilidades profesionales.

Esa propuesta, señaló el colegio, no constituye un juicio acerca de las situaciones presentes de legisladores que actúen como abogados, por lo que sugiere establecer un plazo prudencial para que las incompatibilidades entren en vigencia.

Diputado Insunza presidió comisión investigadora de Codelco en 2007  pese a haber sido asesor

La dualidad que le costó el cargo a Jorge Insunza por haber sido presidente de la Comisión de Minería y asesor de Antofagasta Minerals durante 2014,  ya la había vivido también en 2007 cuando presidió la comisión investigadora de Codelco, pese a haber sido asesor de la cuprífera desde 1997, por lo que recibió US$300 mil su empresa familiar.

En esa ocasión, Insunza señaló que es “clara la necesidad de cambiar el gobierno corporativo de Codelco para que tenga más agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones de inversión y de gestión”.

La empresa estatal transparentó que en ese momento tenía 1.293 contratistas y más de 2.500 contratos con diferentes proveedores, contratistas y asesores.

Al momento de realizarse dicha comisión investigadora, la empresa Sistema Consultores, fundada por Insunza y su señora Claudia Jara, llevaba casi una década  de relación laboral con Codelco, que continuó hasta 2014.

También en 2007, mismo año en que se realizó la comisión investigadora, comenzó a asesorar a Antofagasta Minerals, que mantuvo hasta el año pasado, y que le terminó costando el cargo.