El organismo comenzará sus funciones el próximo 13 de octubre en la sede de la OEA en Washington, y trabajará en coordinación con la fiscal nacional exiliada, Luisa Ortega. Ramón Pérez, uno de sus integrantes, adelanta a este diario que el tribunal “tendrá competencia contra funcionarios de gobierno que hayan cometido torturas, asesinatos y actos de corrupción”.
Publicado el 05.10.2017
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En su arremetida contra las instituciones democráticas, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mandó a detener a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que habían sido nombrados por la Asamblea Nacional, a la que también disolvió.

Los jueces, acusados del supuesto delito de “usurpación de funciones y traición a la patria”, fueron perseguidos por la policía política del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) para detenerlos y se exiliaron en Estados Unidos, Colombia, Panamá, Chile y en la embajada de nuestro país en Caracas, donde aún permanecen.

Uno de los jueces exiliados, y que recibió refugio político en nuestro país, es Ramón Pérez Linarez, quien había sido designado como juez de la Sala de Casación Civil. El abogado tenía una extensa carrera académica y de magistrado como penalista en el estado de Lara y fue presidente del Colegio de Abogados de dicho estado.

La OEA apadrina al Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio

Tras varias semanas de trabajo, los jueces decidieron instalar una Corte Suprema en el exilio, que contará con el apoyo logístico y operativo de la Organización de Estados Americanos (OEA), lugar donde se realizará su presentación internacional.

Ello se concretará en un evento el próximo viernes 13 de octubre a las 10 horas en el Salón de las Américas, ubicado en 17th Street and Constitution Avenue N.W., Washington, DC, Estados Unidos.

“El Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de invitarle al acto de Instalación del Tribunal”, reza la invitación a la que tuvo acceso este diario.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, abordó la configuración de este tribunal con el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Negret, en una reunión en la sede del organismo en Washington.

“Vamos a trabajar conjuntamente para que los magistrados puedan ejercer sus funciones en Venezuela. Colombia y todos los defensores formamos parte de la Federación Iberoamericana (de defensores) y vamos a hacer una presión con la OEA para que pueda instalarse el tribunal en Venezuela”, señaló Negret.

Además, explicó que “lo que se va a hacer aquí (en la OEA) es un asunto político, simbólico” y que “de lo que se trata es que el tribunal pueda ejercer sus funciones donde tiene que ser, que es en Venezuela y no aquí en Washington”.

“Si todos empezamos a hablar de lo mismo, en algún momento Maduro tendrá que permitir la entrada a este tribunal, la idea es que regresen, cómo lo vamos a hacer está por estudiarse, la presión política es importante”, añadió el funcionario colombiano.

Juez supremo: “Tendrá competencia contra funcionarios de gobierno que hayan cometido torturas, asesinatos y actos de corrupción”

El magistrado Ramón Pérez explica a “El Líbero” que la entidad trabajará en conjunto con la fiscal nacional de Venezuela, Luisa Ortega, quien también está en el exilio y ha sido reconocida como la fiscal legítima de su país por varios países de América Latina y Europa.

“El Tribunal Supremo tendrá una competencia efectiva contra funcionarios que han violentado los derechos humanos, han cometido torturas, asesinatos y actos de corrupción. A partir de su instalación en la OEA conocerá de denuncias de derechos humanos”, afirma el magistrado.

Pérez explica que para el funcionamiento del organismo en el exilio será clave el respaldo de los países extranjeros y de instituciones internacionales, para hacer efectivos sus fallos, y asegura que cuentan con el respaldo de España y Francia.

La idea es que puedan hacer justicia sobre los venezolanos que salgan del país, ya que no pueden operar dentro de la nación sudamericana.

“Tenemos que estar totalmente coordinados con la Fiscalía nacional y la Asamblea Nacional, que tienen amplio reconocimiento internacional. Las sentencias podrán ser acogidas por los países suscriptores de convenios internacionales. Si los condenados están dentro de Venezuela no estarán dentro de nuestra jurisdicción, pero tendrán que ‘enterrarse’ en Venezuela, no podrán salir, porque podrán ser detenidos por la Interpol”, enfatiza el juez.