El socio fundador de Econsult afirma que “la reducción en la clasificación de riesgo país de Chile es un claro mensaje de los analistas internacionales e independientes de que Chile va por mal camino”. El ministro Valdés, en cambio, afirma que “si me preguntan qué haría distinto en este tiempo, me cuesta encontrar demasiadas cosas”.
Publicado el 15.07.2017
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La baja en la clasificación de riego de Chile de AA- a A+, la primera en 25 años, puso todos los focos en el manejo fiscal del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, ya que las razones de Standar & Poor’s fueron el bajo crecimiento (1,7% en el período 2014-2017), la caída de los ingresos fiscales, la alta deuda pública (que se ha duplicado en esta administración), y la “erosión del perfil macroeconómico del país”.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, admitió que era una “mala noticia” pero evitó hacer algún mea culpa: “Si me preguntan qué haría distinto en este tiempo, me cuesta encontrar demasiadas cosas”.

Pero quien sí tiene una larga lista de cosas que se han hecho mal, es el economista socio de Econsult, José Ramón Valente, quien en conversación con “El Líbero” responde tres preguntas clave sobre el tema.

– ¿Por qué le bajaron la clasificación de riesgo a Chile?
– Por el irresponsable manejo de las finanzas públicas de este gobierno (aumento desmedido del gasto) y por la incapacidad de retomar el crecimiento económico.

– ¿Qué impacto tendrá para el país y los chilenos?
– Está es una advertencia de los analistas internacionales. No tendrá en lo inmediato grandes consecuencias para los chilenos, pero de seguir por el mismo camino de los últimos cuatro años, Chile dejaría de ser un país atractivo para la inversión extranjera, y las tasas de interés para todo tipo de créditos sería más alta. De manera que los chilenos tienen que pensar muy bien si quieren apoyar candidatos que plantean mantener y profundizar las reformas impulsadas por este gobierno.

– ¿Quién o quiénes son los responsables de esta baja en la clasificación?
– Si el ciclo de commodities o el bajo precio del cobre fueran los únicos responsables de nuestro bajo crecimiento y del rápido incremento de nuestra deuda externa, la clasificación de riesgo no habría bajado. La reducción en la clasificación de riesgo país de Chile es un claro mensaje de los analistas internacionales e independientes de que Chile va por mal camino. Respecto de los responsables, es fácil decir que fue el ex ministro Alberto Arenas, pero yo creo que el gobierno y los parlamentarios de la Nueva Mayoría son responsables. La Presidenta también lo es. Respecto del ministro Rodrigo Valdés, sus esfuerzos por enmendar el rumbo fracasaron. Él también es co-responsable. Yo no lo recuerdo diciendo que no había que modificar la reforma laboral (que lleva su firma), la tributaria y constitucional porque nos iban a bajar la clasificación de riesgo. Lo recuerdo diciendo que venían vientos primaverales y que el 2017 íbamos a crecer mucho más que el 2016. Lo recuerdo viajando a Nueva York para pedir tiempo a las clasificadoras de riesgo, como si el solo paso del tiempo curara las heridas que la Nueva Mayoría le infligió a la economía chilena.

Además de Valente, cuatro economistas responden las tres preguntas clave.

¿Por qué se bajó la clasificación de riesgo?

Cecilia Cifuentes, investigadora del ESE Business School, explica que la buena clasificación que tenía Chile se basaba principalmente en la solvencia fiscal, “activo que se ha depreciado muy rápido en los últimos años, y no se percibe que sea factible reducir el déficit fiscal en los próximos dos o tres años”.

Manuel Bengolea, gerente general de Octogone, acusa que la baja se produjo “por la irresponsabilidad de este gobierno en lo que se refiere a gasto fiscal”; y Juan Bravo, de Clapes-UC, detalla que el bajo crecimiento ha deteriorado los ingresos a la vez que aumentó el gasto público, “lo que ha llevado a crecientes déficit fiscales y a un empeoramiento de la posición financiera neta”.

¿Qué impacto tendrá para el país y los chilenos?

Tomás Flores, ex subsecretario de Economía, sostiene que se aumentará el costo del endeudamiento para la deuda pública para el crédito hipotecario de una familia, y Cifuentes agrega que el impacto ya se está observando  a través de un aumento leve del premio por riesgo de los bonos soberanos. “De esta forma se traspasa también a todos los instrumentos de deuda, por lo que se encarece el costo del crédito para todos, empresas y personas”, señala la economista.

A su juicio, otro efecto que puede ser más significativo es que parte de los ingresos del fisco deben destinarse a pagar intereses. Si en 2013 se destinaba un 0,6% del PIB a pagar intereses, en 2017 ese número sería cercano a 1%.

Manuel Bengolea le pone número al impacto: “Las tasas a las que se endeudará Chile serán más altas. Para el Fisco serán aproximadamente 0,3% más por año, y con una deuda de US$ 65.000 millones, implicaran por concepto de intereses US$ 195 millones adicionales de gasto”.

¿Quién o quiénes son los responsables?

Tomás Flores le pone nombre y apellido al responsable: “La escasa disciplina fiscal exhibida por el ex ministro Arenas, así como su reforma tributaria, generaron el déficit fiscal creciente y el estancamiento de nuestro país”.

En la misma línea, Manuel Bengola acusa que el primer responsable es la “clase política, en general, que eligió soslayar el tema del exceso de gasto; en segundo lugar, Alberto Arenas, que fue irresponsable y más preocupado de lo político que de lo económico. En último término, me parece que el ministro Valdés no fue lo suficientemente enfático, como para hacerle ver a los políticos los problemas y daños colaterales que el exceso de gasto causaría”.

Juan Bravo afirma que “el gran error fue haber hecho las reformas asumiendo que el crecimiento alto y sostenido era un dato, lo cual obviamente no es así. El Ministerio de Hacienda ya reconoció que fue un error haber planteado que las reformas no tenían ningún impacto en el crecimiento, ya que prácticamente todos los estudios decían lo contrario. Hay factores externos que han influido, pero ciertamente el componente interno ha sido clave en este frenazo tan prolongado”.

Cifuentes plante que desde una mirada de largo plazo, hay responsabilidades compartidas en haber asumido que la bonanza del cobre sería permanente. “Esta bonanza fue incorporada como ingreso fiscal permanente, a lo largo de los últimos tres gobiernos. Sin embargo, en 2013 ya había signos evidentes de que la bonanza llegaba a su fin, y no obstante el actual gobierno ignoró completamente esos signos y comprometió el programa de gasto fiscal más expansivo desde el gobierno de la UP. Ahora nos encontramos con que la reforma tributaria apenas compensa los ingresos perdidos del cobre, por lo que el financiamiento de las reformas ha sido vía deuda. En ese contexto, era evidente esperar el deterioro de la clasificación”.