La Sala de la Cámara de Diputados decidirá si aprueba legislar la reforma educacional, que ya fue rechazada en la comisión de Educación por la abstención de la diputada Vallejo. El académico de la UDP desmenuza las últimas indicaciones que ingresó el Ejecutivo.
Publicado el 17.04.2017
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La emblemática reforma del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que establece por ley la gratuidad universal en la educación, sufrió un fuerte revés el martes en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados por la abstención de la diputada comunista Camila Vallejo.

La situación encendió las alertas en La Moneda, que postergó para hoy la votación en la Sala, e hizo un intenso lobby con los parlamentarios de la Nueva Mayoría para que aprueben el emblemático proyecto. De haber un rechazo en la votación, el Ejecutivo no podría volver a presentar la iniciativa legal hasta dentro de un año, por lo que quedaría fuera de esta administración.

Ante tal riesgo, la Mandataria lideró la cruzada política en busca de aprobación política y recordó que la gratuidad universal, que prometió en campaña, es “tan relevante porque hablamos de un derecho social que debe ser garantizado y no un bien de consumo que, en definitiva, es el privilegio de unos pocos”.

En este escenario, “El Líbero” conversa con José Joaquín Brunner, profesor titular e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales (UDP), sobre las últimas indicaciones hechas por el Mineduc al proyecto educativo.

-¿Cuál es su opinión, en términos generales, sobre las indicaciones que ingresó el Mineduc a la reforma de educación superior?

-En la práctica se trata de un nuevo proyecto, versión enésima de un cuerpo de ideas que va cambiando de una versión a la siguiente sin explicación ni fundamentación. Increíblemente, el texto recién enviado al Congreso difiere, incluso, de las propuestas formuladas hace un par de semanas por el Mineduc. Lo grave es que este proyecto se ha presentado con discusión inmediata, con ello impidiendo un debate serio y detenido sobre materias que revisten especial importancia para el futuro del país. No se necesita ser demasiado avispado para concluir que tal premura es un expediente para presionar y ordenar a la Nueva Mayoría. Un mínimo sentido de responsabilidad de este conglomerado debiera llevarlo a persuadir al Ejecutivo, para que abra un amplio ciclo de consultas que permitan involucrar a todas las partes interesadas.

Brunner: “Lo grave es que este proyecto se ha presentado con discusión inmediata, con ello impidiendo un debate serio y detenido sobre materias que revisten especial importancia para el futuro del país”

-¿Cuáles son los aspectos más conflictivos que avizora?

– El proyecto entero es conflictivo, en particular su filosofía controlista y centralista, su insistencia en limitar de distintas maneras la autonomía de las universidades, el afán de mezclar muy diferentes y complejas materias en un solo proyecto de ley, y la pertinacia que lleva incluir en la ley un programa de gratuidad universal que todo el mundo en el propio gobierno sabe que es inviable, partiendo por el ministro de Hacienda que ha inventado una imaginativa fórmula para postergar lo imposible hasta el infinito.

-¿Qué es lo bueno, malo y feo del proyecto?

-Lo bueno: reemplazar un proyecto anterior que para todos era un acto fallido. Lo malo, reemplazarlo por un nuevo proyecto con la misma filosofía equivocada y carente de un correcto diagnóstico. Lo feo: imponer una discusión inmediata que líquida cualquiera deliberación reflexiva.

-Varias universidades adscritas a la gratuidad registran millonarios déficits y anunciaron que reevaluarán continuar con dicho programa. ¿Este proyecto resuelve ese problema estructural de desfinanciamiento?

-Los daños colaterales causados por una gratuidad mal implementada no pueden ser resueltos este proyecto de ley, sino en el corto plazo mediante asignaciones del presupuesto de la nación, y en el largo plazo mediante un modelo de financiamiento para la educación seriamente diseñado e implementado.

-En una columna reciente, Ud. señaló que las indicaciones “crean nuevas inconsistencias e incertidumbres”. ¿A qué se refiere?

-La mayor y más aparente inconsistencia consiste en que el gobierno, una vez más, actúa improvisando, tomando por sorpresa incluso a sus partidarios y dando señales de que carece de una propuesta de hacia dónde desea orientar a la educación superior y como mejorar su calidad, vinculaciones con la sociedad y gobernanza. Incertidumbre consiguiente porque nadie puede asegurar que el gobierno cambie mañana de posición y vuelva con nuevas improvisaciones.

-¿Por qué opina Ud. que la reforma “introduce un proyecto para las universidades estatales que mezcla distinción simbólica con favoritismo fiscal”?

-En efecto, no hay nada en el proyecto que muestre que el gobierno desea hacer una efectiva reforma del sector de instituciones estatales, a la manera de lo que ha ocurrido en Australia,  Alemania, los países nórdicos u Holanda. Lo único que se propone, en tanto, son arreglos burocráticos, declaraciones rituales destinadas a elevar la imagen de las universidades estatales y la creación de nuevos fondos que, igual, quedarán sujetos a la evolución de los ingresos del fisco y las asignaciones ajustes a la educación superior.

-De aprobarse, ¿qué impacto generará en el largo plazo esta reforma en el sistema de educación superior chileno?

-Si se aprobara tal como está, cosa que de seguro no ocurrirá, los cambios irían en una línea indeseada: mayores rigideces, supervisión burocrática de nulo impacto en calidad, centralismo que termina siendo inoperante.  Lo peor es que se habría perdido la oportunidad de hacer una ley que realmente impulse a nuestra educación superior a un estadio más alto de desempeño, calidad de resultados, equidad en la distribución social de aprendizajes y generación de conocimiento necesario para la deliberación pública, la integración de la sociedad y el crecimiento  económico.

Brunner: “Si se aprobara tal como está, cosa que de seguro no ocurrirá, los cambios irían en una línea indeseada: mayores rigideces, supervisión burocrática de nulo impacto en calidad, centralismo que termina siendo inoperante”