Desde octubre de 2015 la titular de Justicia ha enfrentado escándalos en servicios que dependen directamente de ella: Una paralización del Registro Civil durante 39 días, pensiones millonarias e irregulares en Gendarmería, denuncia de muertes masivas de niños en el Sename y ahora otra polémica por casi medio millón de chilenos a los que se les cambió el domicilio electoral.
Publicado el 16.10.2016
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“Las responsabilidades recaen en el gobierno y especialmente en la ministra de Justicia, que tiene problemas con el Sename, Gendarmería, con el Servel”, afirmó ayer el ex Presidente Sebastián Piñera, colocando nuevamente la gestión de la titular de Justicia, Javiera Blanco, en el flanco de críticas.

“Qué más podemos esperar para que la ministra de Justicia asuma su responsabilidad política en estos hechos”, añadió el presidente de RN, Cristián Monckeberg.

Y es que el “expediente” de la ex jefa de campaña de Michelle Bachelet es extenso, ya que desde octubre de 2015 ha tenido que enfrentar crisis en servicios públicos que dependen directamente de ella, y por las cuales fue interpelada en agosto en la Cámara de Diputados y estuvo a punto de ser acusada constitucionalmente, la que de aprobarse la habría dejado fuera del gobierno y del servicio público durante cinco años.

Los 39 días de paralización ilegal del Registro Civil

La primparo-del-registro-civilera refriega que debió enfrentar Javiera Blanco fue en octubre del año pasado cuando los funcionarios del Registro Civil paralizaron en forma ilegal durante 39 días el servicio, dejando casi dos millones de trámites inconclusos, enormes filas de molestos usuarios y US$4 millones de pérdidas para el Estado.

El acuerdo se logró tras el compromiso de pagarles millonarios bonos a los 3.182 funcionarios, que le cuesta cada año al fisco $1.650 millones. Por eso, la ministra admitió que “no creo que haya ganado nadie aquí. Sólo perdieron los ciudadanos”.

En medio de las complejas negociaciones, que requirió 10 encuentros entre las partes y en las que durante 30 días no estuvo Blanco, según  Nelly Díaz, la presidenta del sindicato del RC, la ministra los amenazó con no pagarles el mes trabajado y los trabajadores acudieron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para denunciar al gobierno por “constantes amenazas”.

Esta crisis convirtió a la ministra Blanco en la más  rechazada por la ciudadanía según la encuesta mensual Adimark de diciembre, en que registró 65% de evaluación negativa.

Millonarias pensiones de Gendarmería y huelga de hambre

myriam-olateApenas cinco meses después, en mayo pasado, los gendarmes realizaron una huelga nacional durante una semana por mejoras salariales y sus “inhumanas condiciones de trabajo”, y 19 de ellos hicieron una huelga de hambre.

La tercera crisis que debió enfrentar Blanco fue en julio cuando  se desató el escándalo de la pensión de $5,2 millones de la periodista Myrian Olate, ex esposa del diputado Osvaldo Andrade, quien dejó al descubierto que el 80% de quienes se jubilaron entre 2014 y 2016 recibieron pensiones por sobre el tope legal de 60 UF ($1,7 millones), equivalente a 187 funcionarios públicos.

La Contraloría invalidó dichas pensiones, alegando que Dipreca las concedió “sin considerar para el cálculo de ese beneficio  el referido límite de imponibilidad, no se ajustaron a derecho”.

Esta situación llevó a que la Cámara de Diputados interpelara a la ministra Blanco, quien admitió que desconocía la millonaria pensión a Olate. ““Si me pregunta si conocía de antemano alguna pensión, la respuesta es no, porque no nos corresponde (…). No tenemos cómo tener conocimiento de las pensiones que no calculamos”, dijo Blanco, generando abucheos en las tribunas de la sala.

A lo que la diputada interpeladora, Marcela Sabat, replicó que “es imposible que la ministra no supiera de esto”, ya que el funcionario Pedro Hernández  había subido de grado al interior de Gendarmería para abultar su jubilación, a petición del subsecretario de Justicia y de asesores de Blanco, según denunció el ex director del organismo, Tulio Arce.

También fue increpara por los problemas de infraestructura en las cárceles, concesiones arbitrarias de libertad condicional, negligencias en los informes de entrega de libertad condicional, liberación masiva de reos.

Ante la insistencia de que presentara su renuncia, Blanco dijo que “se me ha pasado por la cabeza, todos los días y las 24 horas, el seguir trabajando con mucho ahínco en estos temas. De manera muy esmerada, esforzada y con mucha fuerza”.

La muerte de 865 menores en el Sename

28 de Septiembre de 2015/SANTIAGO Detalle de los logotipos del Plan RPA y del SENAME en un corta viento de un funcionario, durante la presentaci—n del Plan RPA. Que busca reducir las conductas delictivas de j—venes infractores de ley a travŽs del monitoreo y asesor’a tŽcnica en materia de Responsabilidad Penal Adolescente. Realizado en el Patio de los Canelos en el Palacio de La Moneda. FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

La ministra Blanco no alcanzaba a salir de esa crisis y se desató la del Sename, donde murió un menor que era atendido en uno de sus establecimientos. Ello generó la renuncia de la directora Marcela Labraña, quien fue reemplazado por Hugo Herrera quien duró tres meses y asumió la ex fiscal Solange Huerta.

En una comparencia en la Cámara de Diputados la ministra generó gran polémica al usar la palabra “stock” al referirse a los niños que atiende la institución. “Uno es el flujo y el otro el stock… hoy día tenemos 8.326 niños vigentes, es el stock”, dijo en medio del asombro de algunos parlamentarios.

En medio de esa crisis se encargó una auditoría que relevó que durante los últimos 11 años han muerto 865 menores de 18 años, o que dejó en evidencia que la tasa de mortalidad en los centros del Sename es 80% mayor que la de los niños de la población general.

Bachelet salió a pedir perdón porque “como sociedad y como Estado le hemos fallado a estos jóvenes y niños más vulnerables”, y anunció un incremento presupuestario de $2.500 millones, que calificó la ministra Blanco como “un esfuerzo histórico que no se había hecho nunca”.

Medio millón de domicilios cambiados

patricio-santamaria-y-luis-acevedoLa quinta crisis en la que ha estado envuelta la titular de Justicia es el cambio de domicilio a casi medio millón de electores, lo que les podría impedir ir a votar en las elecciones municipales del próximo 23 de octubre, problema en el que se culpan el Registro Civil y el Servel.

El presidente del Servel, Patricio Santamaría, dijo este viernes que el RC hizo una “equivocada aplicación de la ley”, que no establece que se cambie la dirección en forma automática sino con previo consentimiento.

Pero Luis Acevedo, director del Registro Civil, llamó a evitar las críticas cruzadas entre los servicios públicos, enfocarse en la solución y anunció un sumario administrativo. “Hay que descartar que haya habido manipulación de datos, intervención o dolo”, dijo Acevedo, quien tiene de superior jerárquico a la ministra de Justicia.

”El padrón se encuentra cerrado. Cualquier cambio corresponde al Servel, no me voy a referir a algo que está fuera de la órbita de mis atribuciones”, dijo Blanco y los parlamentarios opositores volvieron a pedir la renuncia de la ministra, ya que “en cualquier país en donde se registran hechos similares, los ministros asumen sus responsabilidades políticas y dejan sus cargos”.