El documento publicado ayer dice que los diputados no analizaron las "denuncias de uso excesivo de la fuerza y de las detenciones arbitrarias durante las operaciones policiales contra las comunidades mapuches".
Publicado el 23.02.2017
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“La característica de Amnistía Internacional siempre es proteger a los grupos que utilizan la violencia como mecanismo legítimo para protestar. Nunca han salido a proteger a las verdaderas víctimas de las violencia política, que en este caso son las personas a las que permanentemente se le están vulnerando sus derechos, así que más que echar de menos eso, uno le resta importancia a organismos internacionales que tienen una visión sesgada de la sociedad y con un corte político tremendo. O sea, nadie puede discutir o negar que Amnistía Internacional tiene vínculos históricos con los grupos que utilizan la violencia cuando no están de acuerdo con el sistema”, dice el diputado UDI Gustavo Hasbún, quien fue miembro de la comisión investigadora por el conflicto de la Araucanía.

Sus palabras dicen relación con el informe de Amnistía Internacional titulado “La situación de los derechos humanos en el mundo” publicado ayer, donde describe la situación en 159 países. En el documento -al que se puede acceder a través de la página web del organismo-, se hace alusión a Chile. Primero, desde la perspectiva de América Latina y en donde señala que “la policía y las fuerzas de seguridad también hicieron un uso excesivo e innecesario de la fuerza en países como Bahamas, Chile, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Perú, República Dominicana y Venezuela”. Pero también le dedica un capítulo exclusivo al país, en donde lo mira desde distintas perspectivas: policía y fuerzas de seguridad, impunidad, derechos de los pueblos indígenas, derechos sexuales y reproductivos y derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

Pero uno de los temas que llamó la atención entre algunos integrantes de la comisión investigadora que comenzó a sesionar en enero de 2016, es que en el documento se señala que “en todo el continente, los pueblos indígenas continuaron siendo víctimas de violencia, homicidios y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y a menudo sufrían abusos contra sus derechos, sus tierras, sus territorios, recursos naturales y cultura”.

“No me sorprende mucho, porque los organismos internacionales en general tienen elevados estándares a la hora de calificar. Recuerdo cuando vino un observador de la ONU a la zona hace algunos años e hizo un lapidario informe respecto de cómo a su juicio eran irrespetados los derechos de los mapuches en la zona”, dice el diputado Mario Venegas (DC), quien también compone la comisión. Agrega que “a mí lo que me preocupa es que tengamos como esta esquizofrenia que le pedimos a los organismos que actúen y, por otro lado, al mismo tiempo, le ponemos un nivel de corta pisas. Acá (en la región) es vox populi que Carabineros no hace lo suficiente porque dicen que se exponen, que en definitiva cualquier cosa que ocurra termina costándoles el trabajo. No me quiero poner en ninguno de los extremos, conozco la realidad, vivo en la zona, pero yo mismo he sido objeto de un atentado gravísimo. Otra cosa es con guitarra”.

En tanto, el diputado Jorge Rathgeb (RN) -integrante de la comisión investigadora- piensa que “si ellos tienen ese informe y la certeza de lo que señalan, existen los procedimientos y las vías para que se realicen las denuncias del caso y para eso están los tribunales de justicia. Pero, la misma preocupación que ellos tienen en este caso, también me gustaría que existiera hacia las cientos de víctimas que hay en la región de la Araucanía, donde evidentemente hay violación de derechos humanos y de garantías constitucionales”.

En uno de sus párrafos, el informe de Amnistía Internacional se refiere específicamente a la comisión investigadora de la Cámara, señalando que en enero el Congreso creó una comisión para investigar la violencia en la Araucanía, “la región más afectada por los conflictos de tierras que implican al pueblo mapuche” y sostiene que “se centró en delitos presuntamente cometidos por los mapuches como forma de protesta. Sin embargo, las constantes denuncias de uso excesivo de la fuerza y de detenciones arbitrarias durante las operaciones policiales contra las comunidades mapuches no se investigan porque no entraban en el ámbito de competencia de la comisión”.

El diputado Rathgeb responde que “a nosotros la Cámara nos encomienda realizar las investigaciones y nosotros no podemos exceder de lo que finalmente se nos encarga, es un mandato y nosotros tenemos que cumplirlo. Si se quiere realizar específicamente sobre este tema, yo estoy dispuesto a colaborar”.

Por su parte Venegas agrega que “están en un profundo error, porque si ven el mandato de la sala, en esa comisión de la que yo participé, que incluso concurrí con mi firma para poder hacer la comisión, lo que decía es exactamente lo siguiente: ‘investigar la actuación de los organismos públicos'” y citamos a Carabineros, PDI, al intendente de la Araucanía, a la Conadi, a todos los organismos”.

Por último, el diputado Hasbún sostiene que las conclusiones del informe son “desconocer abiertamente el problema de fondo, que es que hay víctimas y las víctimas de la violencia política son aquellas personas que han sido asesinadas, secuestradas, que han sido heridas, otras que han perdido casas, su fuente laboral, campos, producto de la violencia política”. Además agrega que este es “un informe sesgado con una carga ideológica tremenda. Siempre han tenido vínculos históricos con estos grupo. No olvidemos que lo mismo hacían cuando existían grupos subversivos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o el movimiento Lautaro. Justificaban la violencia; y por lo tanto amparaba a estos grupos, por lo tanto no me extraña que haga mención o crítica cuando su misión es proteger a los grupos antisistema”.