El sindicato de trabajadores de la casas de estudios denuncia que no les pagan los sueldos desde octubre.
Publicado el 14.01.2015
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A las 13 horas de hoy en el Segundo Juzgado de Letras de Santiago, ubicado en Merced 360, se realizará la última audiencia en la demanda que presentó el sindicato de trabajadores de la Universidad Arcis en contra de la casa de estudios del Partido Comunista, y de una decena de entidades relaciones dependientes de éste para acreditar la existencia de vínculos económicos entre dichas instituciones.

La demanda  por $200 millones se fundamentó en el retraso en el pago de sueldos a los trabajadores y por el no pago de cotizaciones previsionales, de salud, cesantía, feriados legales e indemnizaciones, entre otros beneficios laborales adeudados, y en la vulneración de derechos fundamentales como la integridad física y psíquica de los empleados.

Adicionalmente, ante la eventual insolvencia de la Arcis para cancelar sus compromisos, el sindicato busca que responda económicamente el PC o sus entidades relacionadas como ONG ICAL, ICAL Ltda, Ediciones ICAL, Servicios ICAL, ICAL S.A. e Inmobiliaria Libertad S.A., todas domiciliadas en Cumming 350, en Santiago, propiedad del Partido Comunista, presidido por el diputado Guillermo Teillier.

En la audiencia de hoy se presentarán las observaciones a las pruebas documentales y testimoniales para acreditar el vínculo económico entre las entidades demandadas, y el fallo se producirá después de ello, según la asesora jurídica del sindicato, Pamela Tercera, quien evitó referirse al plazo en que se emitirá la sentencia.

La denuncia va en la línea de lo que dijo en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados el Premio Nacional de Historia y ex decano de la universidad, Gabriel Salazar, respecto de que el PC usó “diversas fachadas” legales para ocultar su relación económica con la universidad.

Las razones de la denuncia del vínculo económico entre el PC y Arcis

El sindicato argumentó en su demanda que la “unidad económica” entre el PC y la Arcis se dio prácticamente desde la misma fundación de la casa de estudios en 1989 por militantes comunistas, y que en 2004 se modificaron los estatutos e ingresaron varios dirigentes del PC como socios a la corporación: Eduardo Contreras, Óscar Azócar, Daniel Núñez –actual diputado-,  Jaime y Jorge Insunza Becker, que fue presidida por Juan Andrés Lagos, ex asesor del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, entre 2004 y diciembre de 2013.

También acreditó pagos realizados a la universidad por ICAL Capacitaciones Ldta; transferencias por US$ 9 millones desde el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) a la casa de estudios a través de la ONG ICAL; y participaciones cruzadas de algunos  socios de la Arcis en las entidades relacionadas del PC.

Los demandantes añadieron como antecedente el pago de la universidad a la radio Nuevo Mundo, perteneciente al Partido Comunista; y que el gerente general de la inmobiliaria Libertad S.A., que fue dueña de las sedes de la casa de estudios, es el comunista Patricio Palma Cousiño, ex miembro del comando presidencial de la entonces candidata Michelle Bachelet, su representante en el directorio de Enami y miembro de la comisión asesora presidencial de inversión extranjera, que entregó ayer un informe a la Mandataria.

“Es así que con certeza se puede señalar que existe similitud o necesaria complementariedad de los servicios que presten todas las sociedades mencionadas, toda vez que sus giros son servicios educacionales, de capacitación, asesoría y publicaciones”, indica la demanda de 42 páginas presentada en agosto pasado.

El recurso agrega que es de “suma relevancia” que todas las entidades relacionadas del PC tengan el domicilio en el mismo lugar, Cumming 350, propiedad del PC.

“Asimismo, es de público conocimiento que la creación de la Universidad Arcis y los demás centros de estudios, capacitación e investigación forman parte del proyecto político del Partido Comunista, el cual participa y ha participado en su gestión, administración y ha sido su soporte financiero central”, afirma la demanda laboral.

Tres meses impagos

Jacksa Suazo, tesorera del sindicato de trabajadores, aseguró que la Arcis no les paga el sueldo desde octubre pasado, situación que ha generado desesperación en los empleados, muchos de los cuales han decidido abandonar la casa de estudios y demandarla.

También denunció al Ministerio de Educación por traspasarle $30 millones a la universidad, pese a que habían presentado una medida cautelar de retención para  que los dineros se utilizaran en pagar los sueldos.

“Para nosotros como trabajadores ha sido bastante triste que el Mineduc no cumpla su labor, la Cámara de Diputados haya hecho un informe horrible en que los diputados de la Nueva Mayoría no reconocieron ninguna ilegalidad de la universidad. El no pago de sueldos, cotizaciones, previsiones, indemnizaciones no es irregularidad para ellos. Que el Mineduc no haya cumplido con la indicación del tribunal es la gota que rebalsó el vaso”, afirmó la dirigente sindical.

Desde 2010 la universidad registra 30 demandas laborales por $582 millones en los juzgados del Trabajo de Santiago, y 23 multas de la Dirección del Trabajo por $21 millones 400 mil.