Luis Toledo, fiscal del caso Caval, y Raúl Guzmán, del caso bomba en el Metro, fueron quienes consiguieron más votos de los ministros del máximo tribunal para integrar la quina de la que deberá elegir la Presidenta Bachelet al sucesor de Sabas Chahuán.
Publicado el 06.10.2015
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Ayer la Corte Suprema despachó al Gobierno la lista de cinco candidatos a fiscal nacional que eligió en la votación realizada el viernes pasado y ahora la Presidenta Michelle Bachelet tiene 10 días hábiles  para elegir al sucesor de Sabas Chahuán.

La lista la lideran los fiscales regionales de O’Higgins, Luis Toledo, y metropolitana sur, Raúl Guzmán, quienes obtuvieron 11 votos cada uno, seguidos por el decano de Derecho de la Universidad Diego Portales,  Juan Enrique Vargas (9 votos), y el director ejecutivo del Ministerio Público, Jorge Abott, y el fiscal  José Morales con 7 votos.

Toledo es el investigador del caso Caval, en que están involucrados el hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos, y su cónyuge Natalia Compagnon; mientras el fiscal Guzmán indagó los explosivos que detonaron en el subcentro de la Escuela Militar.

Luis Toledo, de 45 años, trabaja en el Ministerio Público desde que partió la reforma en 2000 y ha ocupado todos los cargos desde fiscal hasta fiscal regional,  experiencia diferente a Raúl Guzmán, quien fue abogado asesor y luego ascendido directamente a fiscal regional metropolitano sur.

En su discurso ante la Corte Suprema, el fiscal de O’Higgins se refirió a una Fiscalía “fracturada, dividida y con formas diferentes de actuación, que no contribuye a la necesaria credibilidad que demanda la ciudadanía y, al contrario, da lugar a caudillismos inexplicables que sólo alimentan el ego de algunos pero que en definitiva merman la confianza pública en la función social de enorme importancia que debemos desarrollar quienes trabajamos en la Fiscalía”.

Su propuesta abarca cuatro aspectos: mejorar la formación investigativa de los fiscales; tener indicadores estadísticos que le “hagan sentido a la sociedad” rebajando la archivación de causas,  especialmente en delitos contra la propiedad; promover una “persecución penal inteligente” y evitar las filtraciones de prensa para resguardar la información pues la “exagerada, parcial o intencionada  puede atentar contra ese trato justo y contra el debido proceso”.

En tanto, el fiscal Guzmán plantea, entre otros, fortalecer la calidad de las investigaciones, disminuir los archivos provisionales y mejorar la calidad y velocidad de las respuestas; modificar el enfoque de las relaciones interinstitucionales; priorizar la labor y esfuerzos del sistema, de la legislación y de la destinación de recursos, en la persecución penal de los reincidentes; concretar la creación de una academia o centro de formación para el Ministerio Público, y delimitar el ámbito de acción del derecho penal a la persecución de los delitos y no como solución de problemáticas sociales.

“El Líbero” reproduce íntegramente los discursos que Toledo y Guzmán leyeron ante la Corte Suprema momentos antes de la votación de los magistrados. En ellos es posible entender cómo piensan los candidatos que pasaron a ser los favoritos del máximo tribunal.

Luis Toledo, fiscal O'HigginsFiscal Luis Toledo: “mejores investigaciones y mayor cercanía con las víctimas”

Con la venia de VS Excma., presento en este acto mi postulación al cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público.

Pertenezco al grupo de fiscales que iniciamos el día 16 de diciembre de 2000, junto a jueces de la IX región y  Ministros de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, la entonces llamada Reforma Procesal Penal en nuestro país.

Con ese mismo orgullo inicial, pero, además, con la valiosa experiencia acumulada como abogado del ejercicio libre, más tarde como Fiscal Adjunto en Temuco, luego como Fiscal Jefe de las ciudades de Rengo y Rancagua y, finalmente, como Fiscal Regional de la Región de O´Higgins,  habiendo ampliado también mi horizonte académico con la obtención del grado de Magíster en Psicología de las Organizaciones, me presento hoy ante VS Excma. con el compromiso  y la seriedad con las que siempre he trabajado, y también con la convicción personal y profesional de ser capaz de conducir los destinos de nuestra Fiscalía, liderando un equipo de trabajo que permita enfrentar los desafíos que la nación impone a una institución fundamental para el sistema procesal penal.

Permítame V.S. Excma. exponer entonces el proyecto que funda mi postulación a este alto cargo,  disgregando los temas conforme al Auto acordado que regula esta audiencia, a saber:

1.- Breve reflexión general sobre el rol de la Fiscalía

2.- Desafíos para los próximos años.

3.- Primeras decisiones para el caso de acceder al cargo al que postulo.

  1. Reflexión general

Con la implementación de  la Fiscalía en todo el país, se ha vuelto patente la creciente y urgente necesidad de coordinación y establecimiento de procesos de trabajo internos en la Fiscalía, pero también con el Poder Judicial y con las Policías.  Valga para ello un ejemplo. Uno de los objetivos de las diversas Fiscalías en el país es la gestión de sus causas y con ello, la disminución del archivo provisional. Pues bien, la tarea de bajar las tasas de archivos provisionales compete ciertamente a la misma Fiscalía, pero también a las policías y tiene efectos, en el trabajo de los tribunales, pues cada vez que se logra reducir porcentualmente el archivo provisional en una región, aumentándose la tasa de términos judiciales, impacta en la carga de trabajo del el sistema en su conjunto,  por lo que se requiere un trabajo coordinado con todos los actores del sistema penal.

Tengo claro que empresa es  difícil, pero es posible, y, a mi juicio, es un deber. La ausencia de esta coordinación implica que hoy existan regiones en el país en que el archivo provisional supere el 50 % de todos los ingresos. Dicho en otras palabras, más de la mitad de las causas que ingresan, son archivadas provisionalmente. En otras, en cambio, el archivo provisional no supera el 30 % de las causas ingresadas. ¿Se justifica esta diferencia? A mi juicio no, y al revés, creo que  se deben extremar los esfuerzos para dar una respuesta satisfactoria y adecuada  a quienes reclaman la intervención de la Fiscalía, procurando siempre  mantener una mirada estratégica y sistémica  del proceso penal, que tienda a  visión colaborativa de los diversos actores del sistema, despojada de perspectivas sectorizadas o individualistas, todo ello, bajo el alero de los principio de probidad y objetividad, siempre con pleno respeto de los derechos y garantías de todos los intervinientes.

  1. Desafíos

 Advierto como desafíos los siguientes:

  • Persecución penal estratégica: Dentro del contexto de la labor propia de la Fiscalía,  existe información que puede ser utilizada de manera preventiva y  la Fiscalía asumir con decisión una postura favorable con aquello. Esto significa abordar con mirada estratégica  el conflicto penal, lo que se ha llamado “persecución penal inteligente” y que se contrapone con el paradigma de la investigación “caso a caso“.

Un ejemplo de lo anterior, lo da el conocido catedrático  argentino don Alberto Binder, quien, a propósito de lo indicado, se refirió en una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, al robo de vehículos, el que si bien se trata de una criminalidad común,  genera altos costos sociales y que  responde a un contexto más amplio, esto es, del mercado de vehículos robados o mercado de partes y piezas de éstos.  Estos  mercados se organizan con una lógica económica de ganancias donde es posible advertir al menos la existencia de proveedores, distribuidores, vendedores y compradores. Un fiscal que pretenda investigar un determinado robo de vehículo sin la comprensión de esta lógica del mercado delictual generará exiguos avances en su indagatoria y solamente, con algún grado de fortuna, podrá obtener un resultado exitoso pero sólo en su causa particular. ¿Qué sentido tiene perseguir cada robo de vehículos si nada se hace con el mercado de acopiadores, intermediadores, distribuidores, vendedores o compradores?

Una mirada estratégica de la persecución penal nos obliga a coordinar nuestros esfuerzos con diversas instituciones públicas: el Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos, las propias policías, entre otras, a fin de abordar la problemática en su conjunto y no de manera aislada, mezquina o particular.

  • Cercanía con las víctimas: Advierto como desafío, el que debemos acercar el trabajo de los diversos actores del sistema penal y, especialmente el de los Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, a los ciudadanos, a las víctimas y a los testigos del delito. Para ello es fundamental no perder de vista el rol de servidores públicos quienes ejercemos esta función, legitimándose nuestro trabajo por la función social que lo envuelve, por la prudencia, la sobriedad y el profesionalismo con que ejercemos nuestra labor. Se trata simplemente de anteponer a nuestros intereses particulares el bien común, por ardua que sea la labor encomendada, transformando de este modo las quejas improductivas en verdaderas propuestas productivas y, visualizando siempre,  que el objeto de nuestro servicio está allá afuera, en la comunidad destinataria de nuestra labor, y no adentro, en nuestras propias necesidades.
  • Confianza y coordinación: Considerando que en julio de este año, la OCDE dio a conocer su último  informe en el que Chile aparece en el último lugar de confianza de sus ciudadanos en el sistema judicial, agregando en lo sustantivo que “ hay una correlación significativa entre los sistemas judiciales percibidos como efectivos y oportunos y la baja en la propensión a recurrir a actos de violencia para reclamar derechos”, es necesario asumir como desafío el establecimiento de mediciones y metas conjuntas entre la Fiscalía y las policías, al menos en áreas definidas.

Una de aquellas perfectamente puede ser, por un lado,  la rebaja de archivos provisionales y salidas facultativas, que son aquellas en que la Fiscalía decide terminar una causa sin consulta a un órgano jurisdiccional,  y por otra, el aumento de los términos por resoluciones judiciales, donde la víctima por regla general es citada a una audiencia. No cabe duda que el término judicial goza de mayor calidad y contenido que un término facultativo.  Para lograr este desafío es fundamental la coordinación con las policías y también con los tribunales. Así lo  hemos entendido en la Región de O`Higgins, en un trabajo sostenido en los últimos años, en el que fruto de esta coordinación hemos logrado mantener el  archivo provisional más bajo del país, cercano al 28%  del total de causas ingresadas y, a su vez, obteniendo la cifra más alta de términos judiciales por 4 años consecutivos, alcanzando el 54 % de las causas ingresadas.  Estos indicadores son el reflejo de la labor de un sistema penal debidamente coordinado.

Otro ejemplo de los frutos coordinación interinstitucional  son las Jornadas de Derecho Penal de Rancagua que a contar del año 2011 hemos coorganizado como Fiscalía en conjunto con la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua y la Asociación Regional de Magistrados. En estas jornadas, que fomentan los necesarios espacios de reflexión sobre nuestra labor, para brindar un mejor servicio y para buscar espacios de mejoras o iniciativas en proyectos de ley,   hemos contado con la presencia de connotados académicos nacionales e internacionales, tales como el profesor el profesor argentino Julio Maier, los profesores españoles Jesús María Silva Sánchez, Ramón Ragues, Ricardo Robles y David Felip,  el académico alemán Urs Kindhäuser, entre otros.

  • Consolidación de la Fiscalía: Para el final de este apartado he dejado deliberadamente lo que a mi juicio siempre es olvidado en cualquier propuesta de modernización de la Fiscalía: la consolidación del Ministerio Público, con una orgánica y razón de ser que lo identifique con una sola voz dentro del sistema penal. La visión de una fiscalía fracturada, dividida y con formas diferentes de actuación, no contribuye a la necesaria credibilidad que demanda la ciudadanía y, al contrario, da  lugar a caudillismos inexplicables que sólo alimentan el ego de algunos pero que en definitiva merman la confianza pública en la función social de enorme importancia que debemos desarrollar quienes trabajamos en la Fiscalía. Al respecto estimo que debemos trabajar en modelar los liderazgos institucionales en pro de los intereses republicanos, con miras a la identificación de un sello, de una forma de ejercicio de la función de fiscal, por un lado, prudentes y silenciosos, pero por otro, agudos  y eficaces.
  1. Primeras decisiones como Fiscal Nacional y cambios que propongo.

En el caso de tener la oportunidad de servir el cargo al cual postulo mis primeras decisiones serán las siguientes:

  1. Formación de Fiscales investigadores: Preocuparnos por la formación de Fiscales, recogiendo la experiencia acumulada institucionalmente, pero también recogiendo la experiencia de jueces que por largos años dedicaron su vida a la investigación penal. Esta es la visión sistémica a la que me refiero, ahora aplicada a la docencia.
  2. Búsqueda de indicadores estadísticos con sentido: Creo firmemente que los indicadores estadísticos son una herramienta útil para propender a un fin, pero no la finalidad de las instituciones. Orientar nuestro trabajo al establecimiento de indicadores estadísticos nacionales que, en lo tocante al trabajo de la Fiscalía, hagan sentido a nuestra sociedad es una tarea pendiente. Con ello me refiero especialmente la búsqueda de términos de calidad, rebajando el archivo provisional, especialmente en delitos contra la propiedad,  y aumentando las soluciones judiciales que permitan la intervención de la víctima y del tribunal.
  3. Persecución penal inteligente: La Fiscalía de Chile tiene en su poder la base más grande y consolidada de datos de origen delictual y debemos orientar nuestros esfuerzos para combatir la delincuencia con una mirada hacia un análisis estratégico de esos datos, enfocándonos en las tendencias de los delitos, problemas y causas de éstos. De ésta forma, el estudio de la criminalidad sobre la base de la información policial complementada o integrada con otros antecedentes tales como factores socio-demográficos y espaciales, necesarios para identificar o determinar patrones de actividad en el largo plazo, es vital para la efectividad de nuestro trabajo futuro.  Esta es una tarea en que la Fiscalía Nacional debe involucrarse en forma activa pues hasta ahora hemos sido eficientes en la gestión de flagrancias pero debemos  concentrar nuestros esfuerzos en delitos de común ocurrencia con el objeto de obtener resultados medibles, sobre todo en el ámbito de los delitos contra la propiedad, que tanto impacto en la sensación de seguridad pública generan en nuestros compatriotas.
  4. Relación con los medios de comunicación: Por último, estimo imprescindible abordar directamente y de manera profesional  el modo en que los fiscales nos relacionamos con los medios de prensa, cuidando de no crear expectativas desmedidas en investigaciones que recién comienzan, otorgando un trato justo e igualitario a los involucrados en una causa penal y resguardando con celo la información que se obtiene en una investigación penal,  pues la publicidad exagerada, parcial o intencionada,  puede atentar contra ese trato justo y contra el debido proceso.

 CIERRE

Señorías Excelentísimas:

El único destino de la ruta de navegación planteada hoy ante este Pleno no es otro que el logro de mejores investigaciones y una mayor cercanía con las víctimas.

Cierto. Son objetivos que parecen simples, pero el camino para llegar a ellos está lleno de dificultades.  

Para alcanzar esos objetivos, superando las dificultades que se presenten, pondré mis mejores esfuerzos, mis 19 años de experiencia profesional, y mis 15 años de experiencia como fiscal, llevando adelante investigaciones penales de baja, mediana y alta complejidad, en diversas ciudades y regiones del país, en una institución de la que me siento parte y que, con mi trabajo, he contribuido a formar. En todos estos años nunca he efectuado cálculo alguno para iniciar ni para concluir investigaciones, por complicada o dolorosa que haya sido aquella decisión. En mi trayectoria sólo han prevalecido criterios técnicos y profesionales, sin otras consideraciones, criterios que mantendré y me preocuparé de inculcar institucionalmente si se me honra con integrar la quina y, más adelante, con dirigir esta institución a nivel nacional.

El compromiso que hoy motiva mi pretensión de asumir la dirección de la Fiscalía de Chile es la absoluta convicción de que desplegaré día a día mis mejores esfuerzos para lograr la consolidación de la Fiscalía y alcanzar sus objetivos,  con el sello de la objetividad, la rectitud,  la transparencia y la valentía.

Muchas gracias

 

Raúl Guzmán, fiscal RMFiscal Raúl Guzmán: “Ministerio Público debe colaborar en la formulación de políticas públicas sobre seguridad ciudadana”

Con la venia de SS. Excma., expongo acerca de las propuestas o plan de trabajo que exige la postulación a Fiscal Nacional del Ministerio Público.

 

 Corresponde, en primer lugar, referirse al DIAGNÓSTICO que el suscrito tiene respecto de la situación actual de la Institución.

El Ministerio Público cuenta con 15 años de historia y, junto a las restantes instituciones de la justicia penal, ha contribuido al desarrollo de una profunda transformación de la administración de justicia, fortaleciendo el estado de derecho.

No obstante, cuenta con una percepción ciudadana negativa, debido a factores, como la calidad de la atención a la demanda de justicia penal, los resultados de las investigaciones, las dificultades de acceso de los usuarios a los fiscales, la oportunidad de la respuesta que entregamos y, también, al escaso impacto que al parecer tendría la persecución penal en la disminución de los índices delictuales y, en general, en la seguridad ciudadana.

Algunos de estos factores son de responsabilidad directa del Ministerio Público y en los otros tiene mucho que aportar, como señalaré.

  1. En segundo lugar, paso a señalar el plan de trabajo que propongo para el próximo período del Fiscal Nacional y la forma de llevarlo a cabo.

En lo que respecta a la gestión interna, el Ministerio Público debe abordar al menos, lo siguiente: Primero, una Revisión de sus procesos de trabajo y del enfoque institucional en la atención de usuarios y, segundo, Mejorar los resultados de sus investigaciones en aspectos claves de la demanda de justicia penal. 

Respecto de lo primero, en la atención de usuarios ha habido avances que es necesario mantener y fortalecer.

Sin embargo, es imprescindible introducir cambios en los procesos de trabajo y el enfoque institucional en esta materia.

  • El cambio de enfoque refiere que el objetivo de la atención que prestamos al usuario debe ser la satisfacción de sus derechos. La mejoría de su percepción es la consecuencia, no el objetivo.
  • Esto debe generar consecuencias concretas, por ejemplo, en el acceso de las personas a los fiscales, lo que hoy puede ser un trámite engorroso que no siempre culmina con éxito.
  • También es necesario variar el contenido de la atención a víctimas y testigos. El trabajo hasta hoy orientado a contar con víctimas adheridas a la investigación, debe complementarse con atención adecuada en los restantes aspectos que demandan del sistema; factores como la devolución oportuna de las especies incautadas, información íntegra no sólo en las audiencias, y la atención a sus abogados, inciden en la “calidad de la atención” y además contribuyen al proceso de superación de sus traumas.

Para esto hay que reformular algunos aspectos de la cultura institucional.

Al inicio, el Ministerio Público optó por incorporar en los cargos de fiscales, a abogados jóvenes, menos familiarizados con las prácticas del sistema que se estaba sustituyendo y con la vitalidad necesaria para enfrentar un modelo altamente demandante. La opción fue acertada, pues cumplió con esos objetivos, pero también tuvo costos.

Fue necesario empoderar a estos abogados jóvenes para enfrentar la conducción de la investigación penal y relacionarse con actores más avezados y para ello las capacitaciones enfatizaron los conceptos de “autonomía” del Ministerio Público y que los fiscales son “autoridades”, para expresar que su cargo los sitúa al frente de una tarea relevante en el esquema de convivencia social.

Autonomía y Autoridad, permitieron enfrentar las demandas del nuevo sistema, pero fueron constituyéndose paulatinamente en una suerte de obstáculo a la gestión. La falta de uniformidad de los procesos entre fiscalías, cierta renuencia a asumir personalmente algunas tareas como la atención directa de los intervinientes, el poner las necesidades de la investigación por sobre las necesidades de las personas, por citar algunos ejemplos, se explican claramente en la forma en que estos conceptos se han entendido.

Es necesario abordar estos cambios de la cultura institucional, así como la generación de destrezas investigativas y otras materias relevantes, a través de un proceso de formación de fiscales y funcionarios, hoy inexistente. La nueva Administración institucional debe concretar la creación de una Academia o Centro de formación para el Ministerio Público.

Así, el proceso formativo generará una nueva cultura institucional alineada con el concepto llamado a presidir el quehacer persecutor. La labor de investigar y sostener la acción penal es, ante todo, una función pública y quienes la desarrollamos somos, fundamentalmente, servidores públicos.

En lo segundo, la gestión de la demanda de justicia plantea desafíos a los que debemos responder concentrando esfuerzos en lo siguiente:

  • El Código Procesal Penal se gestó para concentrar sus esfuerzos en los delitos de mayor lesividad, pero a poco andar se instaló una percepción de abandono de la investigación de los delitos menos graves. En el derecho comparado, ese trabajo es asumido directamente por las policías, con una intervención residual del Ministerio Público. Nosotros debemos dar respuesta directa a esta demanda de justicia Disminuyendo la tasa de archivos provisionales y de desestimación de denuncias.
  • Hay que delinear procesos de trabajo que se hagan cargo de que las primeras 48 horas son cruciales, para lo que debemos mejorar la Oportunidad y calidad de las decisiones iniciales.
  • Otro de los esfuerzos pendientes apunta a la necesidad de agilizar la gestión de las denuncias nuevas que requieren atención urgente, como las que aportan información sobre la ubicación de las especies sustraídas y hacen presente el riesgo de su desaparición. La medida posterior puede ser tardía, por lo que es imprescindible incrementar la Velocidad de reacción en casos no flagrantes pero urgentes.

El logro de las mejoras propuestas en este punto precisa de variadas modificaciones en la gestión del Ministerio Público. Se requiere, por ejemplo:

  1. Mejorar el contenido de los partes, conteniendo datos que la práctica investigativa señala como relevantes.
  2. Entregar copia de la denuncia a la víctima o denunciante por las policías y exigir contacto inmediato por el Ministerio Público.
  3. Desarrollar procesos de análisis criminal para identificar bandas delictuales, patrones de comportamiento y otros elementos comunes que permitan vincular y agrupar causas que hoy se investigan separadamente.

Algunas de estas modificaciones cuentan hoy con la posibilidad cierta de ser satisfechas, mediante la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público.

  • Adicionalmente, otros ámbitos relevantes del quehacer del Ministerio Público, dan lugar a las siguientes Propuestas generales.
  • Es imprescindible Concentrar los esfuerzos del sistema en la persecución de los reincidentes.

Ha habido múltiples reformas al proceso penal, pero la persistencia de la crítica, evidencia que no es suficiente.

El reclamo por la llamada “puerta giratoria” se mantiene a pesar de que nuestro país posee una de las tres tasas de encarcelamiento más altas del mundo. Sin embargo, la mayoría de las personas que cometen delitos no posee habitualidad delictiva ni incursiona en los ilícitos de mayor gravedad o impacto social.

Igual escenario se aprecia en la responsabilidad penal de los adolescentes. La gran mayoría de los jóvenes ingresa sólo una vez al sistema, mientras una mínima fracción persiste en la conducta delictiva. Sin embargo, el sistema otorga a unos y otros un tratamiento marcado por mínimas diferencias.

Por tanto, es necesario introducir reformas que hagan más eficiente la persecución de adultos y adolescentes reincidentes, además de mecanismos de control efectivo de las penas sustitutivas.

  • El buen funcionamiento del sistema penal exige, también, una Delimitación clara de su ámbito de acción.

Buena parte de las razones en que se basa el juicio crítico de la comunidad hacia el sistema penal en general, pasa por atribuirle tareas que exceden la labor que le es propia.

Debemos tener presente que el sistema de justicia penal se encarga de resolver los conflictos provocados por la comisión de delitos, pero no está llamado a resolver problemáticas sociales.

Por ejemplo, el fenómeno de la violencia intrafamiliar –además de los delitos en que se manifiesta-, evidencia principalmente un conflicto de convivencia cuyo abordaje requiere de una amplia gama de actividades que competen a otras instancias del aparato público.

Del mismo modo, gran parte de la problemática asociada a los adolescentes multirreincidentes, debe abordarse a través de un sistema de protección integral de la infancia y adolescencia del que nuestro país carece.

  • Me referí hace unos momentos a la “autonomía” como un eventual obstáculo a la gestión. Sin embargo, ese concepto tiene otro alcance, no menos relevante, que dice relación con el control institucional.

El quehacer investigativo cuenta con un estatuto especial de publicidad y reserva que asegura su objetividad, como una garantía para los ciudadanos, pero el comportamiento institucional administrativo y financiero debe someterse al escrutinio público, de conformidad con el ordenamiento jurídico general. Por ejemplo, el control jurisdiccional o administrativo de las relaciones laborales.

  • También es necesario desarrollar acciones de Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, desde una óptica diferente, con las policías, con el Poder Judicial y con el Poder Ejecutivo.

 Con las policías, para ser partes de un mismo equipo de trabajo, lo que exige una participación activa en la “formación” de los agentes policiales; establecimiento de protocolos de actuación y parámetros de cumplimiento de instrucciones, verificables y medibles; reuniones periódicas y permanentes con los Jefes de Zona, Prefectos y Comisarios para el análisis y evaluación del trabajo, y otras similares.

En general, se trata de delinear procesos de trabajo coordinados, con metas u objetivos comunes que impacten en la calidad del resultado.

En la Fiscalía que dirijo, existen ejemplos de coordinación exitosa, como la transmisión en línea del parte policial electrónico; planes de control de armas de fuego en espacios urbanos conflictivos; investigaciones de casos de alto impacto social como el de redes de explotación sexual o atentados con artefactos explosivos, que muestran que la coordinación es posible.

Con el Poder Judicial y con los restantes operadores del sistema de justicia es imprescindible una coordinación similar. La profesionalización de los roles introducida por la Reforma Procesal Penal y la incorporación de avances tecnológicos en la tramitación son mejoras sustantivas.

Sin embargo, los procesos aún pueden optimizarse coordinando la agenda de audiencias, optimizando la digitalización de datos, evitando nuevas transcripciones que ahorren esfuerzos y recursos, o coordinando el diseño y generación de carpetas o soportes digitales, entre otras medidas.

En lo que respecta al Poder Ejecutivo, planteo asumir que el Ministerio Público debe colaborar en la formulación de políticas públicas sobre seguridad ciudadana.

Como señalé al comienzo, la disminución de los índices delictuales y el control del fenómeno criminal no parecen ser responsabilidades directas del Ministerio Público. Sin embargo, es evidente que esta institución cuenta con la más completa información sobre el fenómeno, de primera importancia para la toma de decisiones en la materia. Contar con ella puede ayudar a la planificación urbana, a la distribución de los recursos policiales o al diseño de políticas destinadas al auto cuidado de potenciales víctimas, por ejemplo.

La Institución debe colaborar en esto, aportando su experiencia y conocimiento.

En resumen, si tengo el privilegio de ser designado Fiscal Nacional del Ministerio Público, los ejes de mi gestión serán los siguientes:

  • Reformular la cultura institucional, sobre la base de entender que el Ministerio Público es, ante todo, “Servicio público” y quienes lo integramos somos, por ende, servidores públicos, antes que autoridades.
  • Fortalecer la calidad de las investigaciones, en los aspectos claves de la demanda de justicia penal, esto es, avanzar hacia la disminución de los archivos provisionales y mejorar la calidad y velocidad de las respuestas que entregamos.
  • Modificar el enfoque de las relaciones interinstitucionales, enfatizando que los actores del sistema y los colaboradores del mismo conformamos un solo equipo, con objetivos y metas comunes.
  • Priorizar la labor y esfuerzos del sistema, de la legislación y de la destinación de recursos, en la persecución penal de los reincidentes.
  • Respetar la publicidad del nuevo proceso penal sin vulnerar la reserva que requiere el éxito de las diligencias y el respeto por la intimidad de los involucrados.
  • Concretar la creación de una Academia o Centro de formación para el Ministerio Público.
  • Delimitar el ámbito de acción del derecho penal a la persecución de los delitos y no como solución de problemáticas sociales.
  • Aceptar que la Autonomía del Ministerio Público es una garantía de independencia en la investigación de los hechos constitutivos de delitos y no una licencia para ponerse al margen de los mecanismos de control institucionales.
  • Asumir que la formulación de políticas públicas sobre seguridad ciudadana requiere de un Ministerio Público colaborador y protagónico.

Finalmente, quien asuma la dirección del Ministerio Público, tiene la oportunidad de introducir todas las mejoras y énfasis que  permitan a la institución ocupar el rol protagónico que la Constitución y la ley le exigen en la persecución penal.

Eso es todo Sr. Presidente.

MUCHAS GRACIAS.