El ex candidato presidencial quedó con firma quincenal y arraigo nacional tras ser procesado como autor de delitos tributarios por $391 millones. Otros políticos en similar situación, pero imputados por $15 millones, como el ex alcalde Pablo Zalaquett, quedaron con arresto domiciliario nocturno.
Publicado el 20.10.2016
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En una rápida audiencia, la magistrada del Octavo Juzgado de Garantía, Alicia Rosende, formalizó por delitos tributarios al ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) tras la imputación que le hizo el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez.

ME-O quedó con firma quincenal y arraigo nacional por estar “en pleno conocimiento” del pago de $391 millones en 36 facturas “ideológicamente falsas” que hizo SQM a la empresa Comunicaciones Publicidad y Marketing de su ex asesor Cristián Warner, recursos que habrían sido triangulados para su campaña presidencial, de acuerdo con el relato de la fiscalía.

Según detalló el fiscal Gómez durante la audiencia, en febrero de 2011 se hizo un contrato simulado con Patricio Contesse, entonces gerente general de SQM, cuyo objeto era prestar asesorías a la minera en materia de comunicaciones, servicios que nunca se prestaron, las que fueron incorporadas en la contabilidad de SQM Salar como gastos necesarios rebajando la base imponible y eludiendo el pago de impuestos.

El persecutor estimó en $130 millones el perjuicio fiscal y dijo que los recursos obtenidos de SQM fueron “con pleno conocimiento y acuerdo de Enríquez-Ominami y destinados al financiamiento de su proyecto político”.

El dispar criterio de los fiscales en las medidas cautelares

Las medidas cautelares que pidió el fiscal Gómez a Marco Enríquez-Ominami dejan en evidencia el dispar criterio que ha tenido el Ministerio Público con los políticos formalizados por financiamiento irregular en los casos Penta, SQM y Corpesca.

Al ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, el fiscal Carlos Gajardo le pidió arresto domiciliario nocturno, firma mensual  y arraigo nacional como medidas cautelares, que fueron concedidas por el mismo Octavo Tribunal de Garantía de Santiago, pero por el juez Juan Carlos Valdés.

Pero a diferencia de ME-O, los hechos vinculados a Zalaquett fueron recibir $15 millones de Penta, es decir, una cifra 26 veces inferior a los $391 millones del ex candidato presidencial. En ambos casos se les imputó recibir dineros para sus campañas a través de empresas relacionadas ­-Reactor SPA en el caso del ex alcalde- y emitir boletas ideológicamente falsas.

La misma disparidad de criterio se observa en la formalización del ex diputado de RN, Alberto Cardemil, quien quedó con las mismas cautelares de ME-O, pero por un monto de $24 millones, es decir, 16 veces inferior.

El ex senador UDI, Carlos Bombal (quien no era candidato), recibió de medida cautelar firma mensual y arraigo nacional por $4 millones, el RN Claudio Eguiluz las mismas, pero por $112 millones, y el radical Alejandro Sule también quedó con idénticas medidas pero por un perjuicio de $12 millones.

De hecho, de todos los políticos formalizados, Marco Enríquez-Ominami tiene el tercer monto cuestionado más alto, sólo superado por los $681 millones de Pablo Longueira y los $640 millones del DC Marcelo Rozas.

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