Ministerio Público investiga si se apuró la inscripción de la venta de los terrenos, que le permitió a la empresa cobrar los $9 mil millones.
Publicado el 04.03.2015
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En un negro disco duro externo Toshiba el Conservador de Bienes Raíces de Rancagua terminará hoy de traspasar todo lo registrado por las más de 20 cámaras instaladas en el moderno edificio de dos pisos en la calle Gamero 446 de la capital de la Región de O’Higgins, material que será entregado mañana al fiscal regional que investiga el caso Caval, Luis Toledo.

El operativo lo encargó el persecutor tras recibir tras la denuncia de que una autoridad regional de Gobierno habría ido al Conservador, entre el viernes 6 y el miércoles 11, para apurar la inscripción de la venta de terrenos que le hizo la empresa de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, por $9 mil millones al empresario rancagüino Hugo Silva Martínez.

Dicha transacción, que estuvo salpicada por la reunión de Andrónico Luksic con Sebastián Dávalos, le significó a éste la renuncia a su cargo de director sociocultural de la Presidencia, y  una  profunda crisis política que llevó a la Mandataria a su peor aprobación en la encuesta Adimark de febrero, con 39% y 52% de rechazo.

Inscripción clave para que Caval pagara deuda de $6.500 millones al banco

La pesquisa de Toledo se centra en que la eventual autoridad regional habría ido al menos una vez a consultar y apurar dichaConservador de Bienes Raíces de Rancagua, atención de público inscripción, que se inició el 6 de febrero –un día después de haber firmado la escritura de venta-, y terminó de gestarse el 25 de febrero. No obstante, el material recopilado en las grabaciones va del 14 de enero al 25 de febrero, y ya está en manos del fiscal lo grabado hasta el 21 de enero.

Esta inscripción era clave para que Caval le pagara al Banco de Chile el polémico préstamo comercial de $6.500 millones que recibió el 16 de diciembre de 2013 –un día después del triunfo de la Mandataria-, y que debía cancelar en una sola cuota a los seis meses, prorrogable una sola vez por el mismo período.

El mes pasado Natalia Compagnon y Mauricio Valero requerían imperiosamente cancelar la millonaria deuda, porque el plazo definitivo estaba por vencer en esos días. Además, llevaban un año buscando un comprador de las 44 hectáreas en Machalí, luego de que se cayera la promesa de compraventa con la sociedad Aguas Sustentables Chile S.A. de capitales mexicanos, que estaba dispuesta a pagarles $27 mil millones, cuatro veces más que lo que les costó adquirirlas en enero de 2014, pero siempre y cuando cambiaran el uso de suelo de rural a urbano en el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua (PRIR), lo que no ha sucedido.

Sólo una vez que se inscribió la escritura de compraventa el 25 de febrero, Caval recibió los $9 mil millones que le pagó Hugo Silva, y que le permitieron cancelar la deuda bancaria ($6.500 millones), los intereses ($500 millones) y quedarse con más de 2 mil millones.

Conservador niega haber recibido algún contacto por caso Caval

“El Líbero” le consultó al conservador Mauricio Astudillo si recibió alguna llamada de una autoridad de gobierno o de alguno de los empresarios, abogados o empleados de Caval o Hugo Silva para apurar la inscripción, y respondió que no recibió ninguna consulta o contacto, y que incluso le preguntó a los funcionarios y ninguno dijo haber visto o atendido a alguien que indagara por el tema.

Astudillo precisó que una practicante que se menciona como la que habría atendido a la autoridad, dijo no haber atendido consultas al respecto. Dicha procuradora estudiante de derecho trabaja durante los veranos en el Conservador, y justo entre los días 6 y 11 de febrero estuvo atendiendo público, función que no hacía regularmente.

Avance de la investigación judicial

Fiscal Luis Toledo RíosEl fiscal Toledo acumula varios tomos de documentos y antecedentes sobre el denominado caso Caval, allanó las oficinas de la propia empresa y domicilio de Valero en la calle Pucará, en Ñuñoa; la seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la municipalidad de Machalí, entre otros.

También ha interrogado a varios actores, como el demandante de Caval, Sergio Bustos, quien le traspasó cerca de 800 correos electrónicos en que detalló todas las actividades que hizo para la empresa entre mayo de 2013 y julio de 2014, como las tasaciones comerciales y ventas de los predios de 44 hectáreas de Santa Elena, Santa Cecilia y San Diego, en la comuna de Machalí; las negociaciones con el síndico de quiebras y con los bancos Itaú, Santander, BCI, Scotiabank y con el Banco de Chile.

Bustos entregó en detalle el nombre de las personas con las que se relacionó durante 14 meses, los negocios que hizo Caval al intentar vender los terrenos antes siquiera de haber conseguido el crédito para comprarlos, las reuniones que pidió a nombre de los socios  Compagnon y Valero, los correos que intercambió con la secretaria de Luksic pidiendo la reunión con Dávalos, entre otras informaciones relevantes para la causa.