La investigación judicial del caso Caval sumará mañana una nueva y relevante arista cuando comparezca a declarar ante la Fiscalía de Rancagua la primera de los dos socios de la empresa, Natalia Compagnon, y también cuando en los próximos días lo haga su cónyuge e hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos.
Según la información que recibió “El Líbero”, Dávalos y Compagnon declararán ante el Ministerio Público en carácter de imputados, y no de testigos, dada su eventual participación en los delitos que investiga la Fiscalía, y que dicen relación con la querella por violación de secreto, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito, entre otros cargos denunciados por los diputados de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards.
A esta investigación se suma que el Juzgado de Garantía de Rancagua acogió a trámite una querella por presuntos delitos vinculados con el uso de información privilegiada y el tráfico de influencias en contra de Sebastián Dávalos, durante su labor como director sociocultural de La Presidencia; del actual seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins, Wilfredo Valdés –quien hizo una de las tasaciones de los terrenos-; de la arquitecta y ex funcionaria de la Municipalidad de Machalí, Cynthia Ross –sobrina del dueño de los predios Patricio Wiesner y quien propuso cambiarle el uso de suelo-, y del ex director de Obras de dicha repartición, Jorge Silva Menares.
Un tercer recurso judicial en curso
es la querella por estafa que presentó el empresario Hugo Silva Martínez en contra de Caval, al considerarse perjudicado con la compra de las 44 hectáreas en Machalí por $9.500 millones, cifra superior a los $6.500 millones en que las adquirió un año antes la empresa de la nuera de la Presidenta.
La relevancia de las declaraciones de Compagnon y Dávalos
Según el artículo siete del Código Procesal Penal, declara como imputado a quien se le atribuyere participación en un hecho punible, desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra, hasta la completa ejecución de la sentencia.
Para este efecto, se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquier diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realice por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el Ministerio Público o la Policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible.
En este contexto, las declaraciones de Compagnon y Dávalos son especialmente relevantes -dados sus cargos en la empresa, ella socia fundadora y gerenta comercial y él gerente de operaciones- para hacer la trazabilidad del negocio, desde que a principios de 2013 surgió la opción de comprar las 44 hectáreas rurales en Machalí, que luego intentarían ser beneficiadas con la propuesta de cambio de uso de suelo urbano en el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua (PRI), que fue rechazada por el Consejo Regional de O’Higgins a fines de 2013, entonces presidido por el intendente Wladimir Román.
Además, el matrimonio tiene información de primera mano sobre múltiples temas, como las negociaciones con el síndico de quiebras, Herman Chadwick, las prórrogas para mantener la primera opción de compra, las tres tasaciones de los predios del Banco Santander –muy dispares entre sí con valores de 210 mil UF, 84 mil y 150 mil UF-, la negociación con el Banco de Chile, la reunión con el vicepresidente de dicha institución, Andrónico Luksic –en que ambos participaron-, la promesa de compraventa con Aguas Sustentables Chile S.A. de capitales mexicanos, que quería comprar los predios en $27 mil millones, pero siempre que se cambiara el uso de suelo a urbano, entre otros.
Dávalos y Natalia, además, tienen antecedentes sobre las asesorías por $1.500 millones realizadas por Caval durante 2012 -el mismo año de su fundación con $6 millones-, de las cuales declararon como gasto $1.200 millones también en asesorías, lo que les permitió pagar sólo $48 millones en impuestos al fisco. Incluso, el mismo año en que la empresa recibió el crédito por $6.500 millones del Banco de Chile, declaró deudas por $808 millones y pérdidas tributarias por $95 millones, por lo cual el Estado les devolvió $15 millones.
Compagnon fundó la empresa en febrero de 2012 junto a Mauricio Valero -quien aún no declara-, y Dávalos se incorporó en julio de ese año luego de renunciar a la Dirección General de Relaciones Económicas (Direcon) del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile, donde fue contratado como experto en 2005 luego de hacer su práctica profesional, institución entonces dirigida por Carlos Furche, actual ministro de Agricultura de la Presidenta Bachelet.
La abultada investigación y múltiples diligencias de la fiscalía
Las declaraciones del hijo y la nuera de la Presidenta están precedidas por una ardua investigación que ya cuenta con varios tomos de archivos gracias a las declaraciones, incautaciones, allanamientos y múltiples diligencias que han realizado los fiscales, liderados por Luis Toledo, desde que el 16 de febrero tomaran la causa.
Ayer mismo declaró Victorino Arrepol, quien testificó por cuatro horas en la Fiscalía de Rancagua sobre su rol clave en el negocio, la consecución del crédito comercial, las tasaciones y la contratación de asesores externos, entre ellos Sergio Bustos –quién demandó a Caval-, y el abogado Javier Andrés Levine, quien mencionó que “la señora” influyó para conseguir la reunión con Luksic, según cuatro correos. A la salida, su abogado Andrés Cruz señaló que su defendido Arrepol está “contribuyendo al éxito de la investigación. Estamos bastante tranquilos y vamos a seguir contribuyendo en todo lo que se requiera más adelante».
Hoy también declarará como testigo, por segunda vez, Sergio Bustos, y el jueves pasado lo hizo Andrés Levine para aclarar su afirmación sobre si “la señora” a la que se refería en los correos era Natalia Compagnon. Otro de los que declaró la semana pasado fue el arquitecto Alvaro Covacevich, quien habría sido el ideólogo de construir una “ciudad del cobre” en los predios de Machalí, y quien dejó a cargo del proyecto a su sobrino Sergio Covacevich, socio de Aguas Sustentables.
El ritmo de la investigación lo impuso Toledo apenas dos días después de tomar el caso al allanar las oficinas de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins y en la División Informática (Dinfo) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ubicada en el segundo piso de Serrano 15.
Luego, el jueves 26, retiró documentos de la Municipalidad de Machalí relativos a los cambios de uso de suelo. Y al siguiente día el alcalde José Miguel Urrutia le presentó una denuncia y los antecedentes de que la arquitecta que habían contratado para realizar el estudio de cambio de uso de suelo, Cinthya Ross Wiesner, propuso beneficiar a las 44 hectáreas en Machalí que compró Caval en $6.500 millones a su tío Patricio Wiesner.
Ese mismo viernes 27 el fiscal allanó junto al equipo del OS-9 de Carabineros las oficinas comerciales de Caval, que resultaron ser el mismo domicilio particular del socio y representante legal, Mauricio Valero, en la calle Pucará, comuna de Ñuñoa.
Entre otras diligencias, revisó las cámaras del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua ante la denuncia de que una autoridad regional habría ido a apurar la inscripción de la venta de los terrenos; le pidió al Banco de Chile el detalle de los movimientos en las cuentas corrientes de cinco personas vinculadas a la empresa de la nuera de la Presidenta, como Natalia Compagnon, Sebastián Dávalos y Mauricio Valero, entre otros.
FOTO: FRANCISCO LONGA/AGENCIA UNO