El nuevo director deberá decidir si presenta la querella que involucra a Giorgio Martelli -que quedó "congelada" tras la salida de Michel Jorratt- y tendrá que liderar el proceso de enmiendas a la reforma tributaria, entre otros desafíos.
Publicado el 25.07.2015
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La renuncia de Michel Jorrat a la dirección del Servicio de Impuestos Internos (SII) en mayo pasado por su involucramiento en el escándalo de SQM sobre financiamiento político, que investiga la Fiscalía, obligó al Gobierno a abrir un nuevo concurso a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para buscar su reemplazante.

Durante los casi dos meses que ha estado abierta la competencia, han postulado 71 profesionales al relevante cargo, que tiene un sueldo de $6,2 millones, dirige a 4.837 funcionarios en todo el país y administra un presupuesto anual de $140 mil millones.

Según información recabada por este medio, el Servicio Civil –del que depende la ADP- ya eligió a la nómina de entre tres y cinco candidatos que enviará a la Presidenta Michelle Bachelet durante los próximos días, quien puede  nombrar a uno de los propuestos o declarar desierto el concurso. De hecho, el Servicio Civil ya envió una carta a los que no fueron elegidos agradeciéndoles su participación.

El cambio de criterio para elegir al director

El primer requisito que exige el concurso es tener un título de una carrera de, a lo menos, ocho semestres, y el segundo  es el “factor probidad”, que lo detalla como la “capacidad para conducirse conforme a parámetros de probidad en la gestión de lo público, e identificar conductas o situaciones que pueden atentar contra tales parámetros”.

Un cambio importante respecto del concurso que eligió a Jorrat como director es que en ese caso debía tener conocimientos en política tributaria y contar con estudios de post-grado en materias tributarias y/o de gestión, pero ahora sólo se exige que tenga experiencia en dirección o gestión pública, en organizaciones de gran complejidad y altamente profesionalizadas. Adicionalmente valorará contar con estudios en materias tributarias.

Los complejos desafíos del SII en la reforma tributaria

Pedro TroncosoEl abogado experto en temas tributarios, Pedro Troncoso,  quien en su momento fue seleccionado en la terna en que fue elegido Jorrat, identifica al menos tres desafíos que tiene la institución.

Dos de los retos están directamente relacionados con la implementación de la reforma tributaria, para la cual el SII debe contratar a 400 nuevos profesionales y capacitarlos cuanto antes, porque resta menos de un año y medio para que entre en funcionamiento el mayor cambio tributario en el país en cuatro décadas.

“No se está haciendo la capacitación al nivel que debería hacerse. Es uno de los puntos que hace razonable que la reforma se dilate un año, considerando que el sistema transitorio para 2016 y 2017 es bueno porque sube las tasas de recaudación”, sostiene Troncoso.

El segundo desafío, también tributario, dice relación con que el nuevo director se involucre más en los cambios a la reforma tributaria que impulsa el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, para lo cual convocó a un comité de expertos.

“Lo que no me gusta es que Hacienda está muy metido en la implementación de la reforma y el SII debe tomar más carta en la reforma. Su ausencia en el debate se puede prestar para entender que algunas de las directrices pueden venir del ministerio, y podrían no tener un contexto técnico propiamente tal. Hay temas y criterios urgentes, como la repatriación de capitales, donde no ha salido ninguna circular adicional para aclarar las dudas y vacíos del nuevo sistema”, agrega el socio del bufete “Brent abogados” y profesor de las universidades de Chile y Adolfo Ibáñez.

Advierten riesgo de doble criterio del SII ante querellas a políticos

El tercer y muy complejo desafío dice relación con unificar el criterio que aplicará el Servicio de Impuestos Internos para querellarse o no en contra de los contribuyentes, en el contexto del financiamiento de campañas políticas que investiga la fiscalía.

Ello porque ha recibido críticas  transversales por haberse querellado, tras exigencias públicas de miembros del Ministerio Público, en contra de la empresa Penta, vinculada al financiamiento de políticos de la Alianza, pero hasta ahora no ha presentado el mismo recurso judicial en contra de la empresa SQM Salar, que es la arista que complica a la Nueva Mayoría porque entregó $246 millones para la precampaña de Bachelet a través de su financista, Giorgio Martelli, quien pagó, a su vez, servicios profesionales al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, al mismo Jorrat, entre una veintena de personas vinculadas al Gobierno y/o a la NM.

Además, dicha querella, que llevaría más de tres meses de preparación, según versiones de prensa, podría incluir a Cristian Warner Comunicaciones, empresa del periodista del mismo nombre y ex mano derecha de Marco Enríquez Ominami.

En estos dos meses de ausencia de director titular, la política usada sobre la judicialización de los casos por el director subrogante del servicio, Juan Alberto Rojas  -funcionario de carrera con más de 20 años en la institución-, ha sido crear un comité con tres subdirectores del organismo, pero no han tomado ninguna decisión al respecto.

Según publicó El Mercurio este viernes, en el SII descartan que la querella por los pagos de Salar a Martelli esté paralizada, pero admiten que permanece sin definición.

En ese sentido, Troncoso sostiene que el nuevo director debe fijar un “criterio uniforme para los casos contingentes. Si bien el SII sacó con el director subrogante una circular para normar los casos en que el servicio iba a proceder o no penalmente, el que tiene todo el derecho es el nuevo director, que podría cambiarlo. Criterio uniforme para que no se diga que con unos fueron menos benevolentes. Eso no debe pasar”.

Según otros especialistas, como ha señalado el ex director jurídico Gonzalo Torres, el nuevo director, además, deberá analizar si llegará a acuerdos reparatorios con los imputados, con el objetivo de reenfocar al servicio en sus  labores de recaudación tributaria, y no de persecución penal en los términos que se han planteado.

“Convertir a la institución en un persecutor penal es un error. No hay que matar al contribuyente”, señaló Torres en entrevista a este medio hace dos meses.