El presidente del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, Abraham Santibáñez, cree que la acción judicial es una reacción exagerada. Mientras que el ex presidente del Consejo para la Transparencia, el abogado Juan Pablo Olmedo, considera que puede transformarse en un "boomerang" en contra del Ejecutivo.
Publicado el 17.04.2015
Comparte:

El martes pasado, el intendente de la región de Atacama, Miguel Vargas, presentó en el Juzgado de Garantía de Copiapó una querella por el delito de desórdenes públicos “contra los responsables de la publicación del vídeo que mostraba una supuesta bodega con donaciones privadas, la que era entregada como ayuda del Estado”, según se señala en el  comunicado de prensa de la Subsecretaría del Ministerio del Interior.

En el video, que se viralizó en las redes sociales durante el último fin de semana,  se mostraban varias bolsas con alimentos no perecibles que tenían un distintivo especial del Ministerio del Interior, listas para ser repartidas a los cientos de pobladores de la localidad de Los Loros de la región de Atacama, que resultaron damnificados por los aludes.

En la grabación se acusaba al gobierno de apropiarse de la ayuda de los privados. Entre otras cosas, la persona anónima que relataba los hechos señalaba que “todo esto se está transformando en una mentira, porque aquí se están llenando bolsas y les están poniendo un sello que dice Gobierno de Chile. Y resulta que estos aportes corresponden a toda la gente que ha donado y no al gobierno”.

 

La denuncia fue confirmada el domingo a “El Líbero” por el empresario agrícola, Jaime Prohens, dueño del fundo donde funciona el centro de acopio de Los Loros, administrado por el Gobierno Regional de Atacama. “Efectivamente existieron las bolsas donde se puso el logo del gobierno, pero la persona que está a cargo del centro de acopio, que es funcionario del Estado, las eliminó. La gente que puso los sellos, eran personas que trabajan en el centro de acopio, pero desconozco quien dio la orden. Fui a hablar a primera hora del sábado con el encargado y me confirmó que el tema está superado y que no se entregarán más bolsas con sello del gobierno”, señaló el conocido agricultor de la zona.

“Aquí hay una sobre reacción por parte del gobierno”

Pese a la versión entregada a “El Líbero” por el empresario agrícola, según el comunicado que detalla la querella presentada por el Ejecutivo, la situación descrita en el video “es absolutamente falsa”. El Intendente de Atacama Miguel Vargas explica además que “la publicación y divulgación con falsas imputaciones dan cuenta de informaciones que han perturbado la tranquilidad pública, distorsionado la realidad, dando cuenta de un hecho falso que genera alarma, incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía, especialmente en los damnificados por los aluviones recientes”.

SANTIBAÑEZDichas eventuales consecuencias negativas en la zona fueron analizadas por el presidente del Consejo de Ética de la Federación de Medios de Comunicación, el periodista Abraham Santibáñez: “El gobierno está en su derecho a querellarse contra quienes resulten responsables, aunque me parecen exageradas algunas afirmaciones  como que el video lesiona y ofende a los afectados por el aluvión. Veo que es muy exagerado creer que el video genera graves alteraciones al orden público, como dice la querella. No me convence dicho argumento”.

JUAN PABLO OLMEDOLa misma opinión tiene el ex presidente del Consejo para la Transparencia, el abogado experto en libertad de expresión Juan Pablo Olmedo: “Claramente es una sobre reacción y el efecto que produce es que genera miedo en la población, temor de represalias por el ejercicio de la libertad de expresión, que en este caso está siendo minado por la acción del gobierno. Además, el ejercicio de la acción penal no puede estar dedicado a ese tipo de cosas.  Finalmente, al tener la declaración del dueño del fundo donde se grabó el video, de inmediato se desarticula la querella”.

Ultimo Comunicado del dia por parte de la Onemi por Incendio en Valparaiso y Viña del MarEn el comunicado que da cuenta de la acción judicial en contra del autor del video, el propio subsecretario del Interior Mahmud Aleuy señala que “el gobierno valora la libertad de expresión como pilar fundamental de un estado democrático de derecho. Pero en este caso la mentira lesiona y ofende a los damnificados afectados por el desastre del norte”. El abogado Olmedo refuta que “por un lado hay todo un argumento que el gobierno respeta la libertad de expresión y el rol de los Medios, pero por otro, con esta situación se demuestra que el Ejecutivo tiene un interés en bajar la línea a la crítica política. Aquí vemos que cuando las instituciones funcionan y los ciudadanos ejercen control social, el Estado responde con acciones penales, lo cual es muy peligroso. Me parece un absurdo”.

Abraham Santibáñez, quien además fue presidente del Colegio de Periodistas, añade que “hoy el tema de las redes sociales va tan rápido, algunas informaciones se viralizan con una irresponsabilidad tan grande, que creo que fue por eso que el gobierno reaccionó de esta manera. Pero en general es mejor evitar este tipo de acciones legales. Quizás hubiese sido más pertinente recurrir al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación”. Santibáñez considera que “la actitud del gobierno con esta querella no necesariamente incurre en contra de la libertad de expresión y de información. Está en su derecho, pero lo ideal es no llegar a esos extremos”.

El periodista y profesor universitario agrega que “la situación en el norte es tan compleja, la gente está pidiendo tanto, que todo el esfuerzo que se hace es insuficiente. Es en ese contexto en que se genera la querella.  El Ejecutivo cree que esta cuestión la tienen que parar de alguna manera, pero creo que no lo van a hacer con una querella. Además, tendrían que demostrar quienes fueron los que hicieron la acusación”.

En todo caso, el académico agrega que sí está claro que el video es ofensivo contra las autoridades y el gobierno “y en ese punto el Ejecutivo podría argumentar que se trata de una información falsa e injuriosa, que ofende a los damnificados como dice el comunicado”.

“La querella se puede transformar en un boomerang”

El abogado Juan Pablo Olmedo, quien además es experto en temas de transparencia y derechos humanos, considera que en este caso el fiscal que estará a cargo de la causa, si se decide en realizar una investigación, va a citar a declarar al dueño del centro de acopio: “Él va a decir que efectivamente hubo bolsas con rótulos de la Subsecretaria del Interior y va a pedirle al propio ministerio que señale quiénes fueron las personas que estaban ese día en el lugar. Yo creo que esta querella va a ser un boomerang para el gobierno. Y luego de realizar esta investigación, el fiscal perfectamente puede decir que en este caso no hubo abuso, sino por el contrario, una fiscalización ciudadana. El fiscal va a corroborar la veracidad de los hechos”.