El abogado Michel Laurie advierte que la legislación, que fue impugnada ante el TC, generará una alta conflictividad porque está basada en el conflicto y no en la colaboración entre empresas y empleados. "Todos pierden", afirma.
Publicado el 27.04.2016
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Ayer la reforma laboral del Gobierno vivió otra jornada relevante en el Tribunal Constitucional cuando expusieron sus posturas los abogados defensores del Gobierno y de la oposición, como parte del proceso en que los ministros integrantes decidirán si el proyecto de ley aprobado en el Congreso es constitucional o no.

Por parte del Ejecutivo alegaron los abogados Francisco Tapia y Javier Couso, mientras que los senadores de la UDI y RN fueron representados por los constitucionalistas Gastón Gómez y Patrick Ruby, quienes alegaron que el proyecto es inconstitucional respecto de  la titularidad sindical, la extensión de beneficios, la información sobre remuneraciones y la obligatoriedad de negociación colectiva con sindicatos interempresa.

La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, rechazó las críticas porque “hay un disgusto con lo aprobado legislativamente pero no hay sustento desde el punto de vista constitucional para echarlo abajo”. En la vereda contraria, el senador Andrés Allamand recalcó que “la argumentación jurídica que hemos hecho ha dejado en absoluta evidencia el monopolio sindical que pretende establecer el Gobierno”.

Además, algunos especialistas advierten que dicha reforma podría generar importantes aumentos en la judicialización entre empresas y trabajadores, tema que aborda en extenso el  abogado y senior manager de la consulta internacional PwC, Michel Laurie.

-En términos generales, ¿cuál es la situación actual de los litigios entre empresas y trabajadores? 

-Hay datos del número de causas laborales. El INE tiene publicadas estadísticas del 2014. También hay un estudio de la Universidad Alberto Hurtado, de la Facultad de Economía y Negocios, sobre el tema. Adicionalmente a ello, basta darse una vuelta a los tribunales laborales en Santiago y algunas regiones y conversar con los jueces, para darse cuenta que ya hoy están con harta carga laboral por el número de causas ingresadas, y que la percepción en el ambiente es de preocupación  por la reforma laboral que actualmente está en el Tribunal Constitucional. Se piensa que aumentarán las causas laborales y que varios temas se judicializarán. En la actualidad los tribunales laborales están con mucha carga laboral. Lo anterior se traduce en cosas muy concretas: atraso en las fechas que los tribunales  están dando para las audiencias una vez interpuestas las demandas laborales, y el atraso en la entrega de fallos, cuando las causas quedan para sentencia. El tema es que el proyecto actualmente aprobado tiene varios temas que se prevé razonablemente que terminarán en tribunales. Abogados que trabajan defendiendo a trabajadores dicen que no les gusta la reforma laboral, y a los abogados de empresas tampoco les gusta el procedimiento que contempla la reforma laboral para la negociación colectiva. Nadie está contento.

-¿Qué aspectos de la reforma laboral considera Ud. que podrían judicializarse?

Respecto de los servicios mínimos y su calificación, si bien el nuevo artículo 360 del Código del Trabajo establece que la resolución de la Dirección Regional del Trabajo sólo será reclamable ante el director nacional, no es descartable que si cualquiera de la partes  (sindicato o empresa) no se siente conforme con lo resuelto, termine recurriendo a los tribunales laborales y a las Cortes de Apelaciones, si es que los tribunales laborales se declaran incompetentes para ver estas materias. El director del Trabajo ya anunció que sacará un dictamen para esta materia y que creará un grupo especializado para resolver las consultas, pero ello a mi juicio no es impedimento que ante una resolución que no guste (para el sindicato o para la empresa) cualquiera de ellos recurra a los tribunales laborales.
En cuanto a las adecuaciones necesarias y la reasignación de trabajadores internamente, esta materia será un foco de conflicto entre el sindicato y la empresa, que seguramente motivará reclamos ante la Dirección del Trabajo en orden a resguardar su correcta aplicación. Esta materia está muy vinculada a lo referido a Prácticas Antisindicales. El problema que puede motivar el reclamo del Sindicato, es que la Empresa haga un mal uso de  las “adecuaciones necesarias”, o no cumpla los requisitos que establece la Ley.  En esta materia, claramente hay dos visiones: Una de las Empresas, más abierta y esperando que la figura se aplique  con mayor flexibilidad y Otra más restringida de los Sindicatos que pretenden que esta figura se aplique los más acotada posible a las eventuales situaciones que se presenten.

Sobre el derecho de Información habría problemas de definición del alcance de la misma, lo referido a información estratégica de la compañía en negociaciones interempresa. En esta materia claramente existe una preocupación de las empresas, sobre todo en el caso de negociaciones colectivas interempresa en donde puedes tener sentado en la mesa de negociación a dirigentes sindicales de empresas de la competencia.

Respecto de las prácticas antisindicales y su calificación, hay nuevas figuras y sobre ellas sin duda se presentarán requerimientos judiciales  que irán definiendo su alcance. Acá también hay que esperar qué luces da la Dirección del Trabajo a través de los dictámenes que se supone emitirán sobre la materia.

-¿Qué tipo de empresas serán las más afectadas con las judicializaciones, y de qué sectores económicos?

-Es difícil proyectar esto, pero pienso que las empresas en donde no existe negociación colectiva actualmente pueden verse mayormente aproblemadas, pues para ellas significará enfrentar todo nuevo: La formación de un sindicato, la presentación de un proyecto de negociación colectiva y un proceso de negociación colectiva.

¿Existe alguna jurisprudencia en dichos conflictos o serán totalmente nuevos para los tribunales?

-Sobre los temas de negociación colectiva hay jurisprudencia, pero por ejemplo sobre nuevas figuras de prácticas antisindicales no hay. Ahora bien, en el escenario judicial no hay que perder de vista la actual conformación de la Sala de la Corte Suprema que ve temas laborales y que es marcadamente pro-trabajador.

¿Qué cambios se debieran hacer a la reforma laboral para reducir esas judicializaciones?

-Yo he planteado que el enfoque era el errado: primó la lógica del conflicto por sobre la lógica de la cooperación. La semana pasada, a propósito del fallecimiento del Presidente Patricio Aylwin, se revivieron muchos momentos de cómo se enfrentó el tema laboral a inicios de su Gobierno, y yo soy de los que suscribe la idea de que ese enfoque, que fue claramente de más cooperación y de generar acuerdos y consensos, ayudó a que prácticamente en ese período no hubieran paralizaciones y el crecimiento económico fuera a cifras que ya nos quisiéramos hoy, por sobre el 6%.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la judicialización?

-Todos pierden: empresas y trabajadores. El sistema pierde. Las empresas pierden el foco. La reforma laboral entrega muchísimo poder al sindicato e incentiva la afiliación sindical, sin embargo ello no asegura que los trabajadores “corran” a afiliarse a los sindicatos, pues pienso que estos también tienen tareas pendientes, pues con una legislación que ya les era favorable (sólo con 8 trabajadores se puede formar un sindicato), igualmente la tasa de afiliación era baja (menos de un 15%). Por tanto, los sindicatos también tienen un desafío de interpretar a los “nuevos trabajadores ciudadanos”, para convencerlos de que se afilien.

¿Cómo se resguardarán las empresas para intentar reducir las judicializaciones?

-Las empresas se resguardan haciendo las cosas bien, cumpliendo con la legislación laboral. Las empresas están preocupadas de ver cuáles son “mejores prácticas” en materia de relación con los sindicatos. Hay empresas que han sabido resolver adecuadamente las relaciones con el o los sindicatos.

¿Quiénes asumirán los gastos en costas judiciales? ¿Los sindicatos, trabajadores, empresas, será compartido?

-En general, la parte que recurre a los tribunales debe pagar sus abogados.