La Presidenta Bachelet anunció la semana pasada a través de una cadena nacional el Presupuesto 2017 donde se acotó el gasto a una expansión de 2,7%. Tomás Flores en un análisis realizado para El Líbero dice que "el moderado incremento del gasto público para el próximo año refleja la renuncia que se personifica con el Ministro Valdés, tratando de cuadrar la caja fiscal después de un par de años de desequilibrio afiebrado "
Publicado el 03.10.2016
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El viernes pasado, la administración Bachelet inició el trámite del último proyecto de presupuesto que tramitara y ejecutará, cerrando así sus 4 años de gestión a cargo del gobierno de Chile. Durante estos años el crecimiento económico ha sido mediocre, con una expansión promedio anual de sólo 2%, y que para el próximo año la situación no será muy distinta. El Banco Central, en su Ipom de septiembre, ya augura un incremento de la producción de sólo 2,3%, lo que no se diferencia mucho de lo observado desde 2014 hasta la actualidad.

En este período, 2014-2017, el gasto público se habrá expandido en un 5,1% promedio anual, en donde se incluye tanto la euforia opiácea del ex ministro Arenas y su aumento del gasto público en 7,4% en 2015 como el realismo con renuncia de Valdés y su 2,7% de incremento para el próximo año. Dado que la expansión del gasto del gobierno central ha crecido cerca del doble del PIB de nuestro país, no es extraño que hayan ocurrido 3 fenómenos de manera secuencial: aumento de los impuestos, la aceleración de la deuda pública y el incremento del déficit fiscal.

Al inicio de la administración Bachelet la tasa de impuesto a las empresas era de 20%, existiendo un incentivo significativo para la reinversión. Para el próximo año, la tasa de impuesto será de 25,5% y subirá nuevamente a partir del 2018 hasta un 27%. El incentivo a la reinversión fue mutilado de manera significativa y esto habría generado un cambio estructural en el equilibrio ahorro-inversión de nuestra economía, provocando una caída de la formación bruta de capital fijo que va mas allá del ciclo minero y que ha generado la contracción consecutiva por 3 años de la inversión total.

A pesar de que el gobierno aumentó la recaudación de impuestos, el incremento del gasto público fue mucho más allá y generó como consecuencia el alza del déficit fiscal. Este indicador nos muestra la situación presupuestaria del gobierno central y al exhibirse un déficit podemos concluir que el gobierno no es capaz de afrontar sus responsabilidades con los ingresos que recauda y por tanto debe acudir al mercado de capitales para obtener financiamiento, deuda pública, para lograr pagar todo el gasto al cual se ha comprometido. Pues bien, en 2014 el déficit fiscal fue equivalente a 1,6% del PIB, lo que se empina a 3,2% del PIB para el 2016. Para el próximo año, es probable que el déficit se mantenga en torno a esta última cifra, ya que los ingresos del gobierno subirán en una proporción similar al gasto público, esto es en un 2,7%.

Al persistir el déficit fiscal, se hace necesario que el gobierno salga buscar financiamiento a través de la emisión de la deuda pública. En la Ley de Presupuestos 2016, articulo tercero, el Congreso autorizó a la administración Bachelet para aumentar el endeudamiento del gobierno en US$ 10.500 millones, lo que realizó con prontitud. No debe extrañarnos entonces que a junio del presente año la deuda del gobierno central alcance a US$ 50.570 millones, habiendo aumentado en cerca un 50% desde diciembre de 2013, cuando alcanzaba a US$ 33.839 millones. Ahora bien, en el articulo tercero del proyecto de presupuestos 2017 nuevamente el gobierno solicita permiso para endeudarse, ahora por US$11.500 millones, es decir por un monto mayor que el requerido el 2016, con lo cual el actual gobierno terminará su gestión dejando al gobierno central con un deuda que superará los US$ 60.000 millones, equivalente a cerca del 25% de nuestro PIB. Esta proporción y la persistencia del desequilibrio presupuestario han generado inquietud en las clasificadoras de riesgo, lo que podría desencadenan el peor escenario con una rebaja en la clasificación de deuda de Chile, con lo cual no sólo subiría la tasa de interés para la nueva deuda pública, sino también la del crédito hipotecario de todos los chilenos.

En conclusión, el moderado incremento del gasto público para el próximo año refleja la renuncia que se personifica con el Ministro Valdés, tratando de cuadrar la caja fiscal después de un par de años de desequilibrio afiebrado. Se cierra esta administración habiendo subido los impuestos, con el consiguiente daño al ahorro y la inversión; con un sustancial y persistente déficit fiscal y con una deuda pública que subió abruptamente, luego de la irresponsable fiesta a la que el Ministro Valdés debió poner fin.