El abogado Gonzalo Torres aborda los cuestionamientos a las investigaciones y formalizaciones judiciales, que han afectado mayoritariamente a políticos opositores en relación con los del oficialismo. "Finalmente veremos en los próximos meses como muchos jueces aplicarán el estado de derecho", asegura.
Publicado el 28.06.2016
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¿Hay en Chile dos justicias? Es la duda que instaló el ex subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, respecto de que es “blanda” con los políticos de la Nueva Mayoría involucrados en escándalos de financiamiento irregular, y “muy dura” con los de oposición.

De hecho, de las 36 figuras más relevantes que han sido mencionadas en dichos escándalos, 12 vinculadas a Chile Vamos han sido formalizadas y tres de la Nueva Mayoría. Los políticos de oposición han recibido cuatro prisiones preventivas como medidas cautelares y arresto domiciliario total, las que tampoco han sufrido los oficialistas.

Además, prácticamente todas las formalizaciones han sido, al menos, por delitos tributarios tras querellas o denuncias presentadas por el Servicio de Impuestos Internos, organismo que ha sido un actor protagónico en los últimos dos años.

La arremetida judicial comenzó con las querellas contra los ejecutivos de Penta que presentó el director Michel Jorrat tan pronto asumió en marzo de 2014, actitud que tuvo un brusco cambio la semana pasada cuando los abogados del SII se retiraron de la formalización por delitos tributarios contra el ex senador Pablo Longueira por no existir querellas en su contra.

Para profundizar en este tema, “El Líbero” conversa con el ex subdirector jurídico de Impuestos Internos entre 2013 y 2014, Gonzalo Torres, y actual profesor de  la cátedra de Derecho Tributario de las universidades del Desarrollo y Central de Chile.

-La mayoría de los delitos en los escándalos políticos son tributarios. ¿Son delitos realmente o debieron tener una salida administrativa en el SII pagando lo adeudado y las multas?

-Algunos de estos casos pudieron haber tenido una salida por el lado administrativo, que los contribuyentes hubieran rectificado sin derecho a condonación alguna y haberles aplicado alguna sanción pecuniaria. En términos generales de recaudación estos casos no son relevantes. Insisto en la teoría de que hay casos donde evidentemente no existen delitos tributarios, son delitos electorales o de otro tipo.

-¿La mayoría de los delitos tributarios de los escándalos políticos no lo son?

-Sí, en la mayoría de los casos en relación a los candidatos de elección popular, desde mi punto de vista de la cátedra  no existen delitos tributarios. Ahora, en relación a las empresas eso es distinto, al rebajar la base imponible y al estar en conocimiento que este sería sin lugar a dudas  un gasto rechazado por el órgano fiscalizador; ellos cometieron una infracción tributaria, y queda a juicio exclusivo y excluyente del director del SII si inicia una acción penal por delitos tributarios.

-En las formalizaciones ha habido diferentes medidas cautelares para delitos muy similares. ¿Eso es normal?

-Eso queda a criterio del juez. La Fiscalía, los querellantes y la defensa plantean su teoría del caso y el que decide en definitiva es el juez de Garantía o finalmente si se apela a la Corte de Apelaciones. Ellos son los que deciden las medidas cautelares que pueden ser a su juicio unas más intensas o gravosas que otras.

-Hay formalizados sin querellas y otros con querellas. ¿Cómo evalúa en ese sentido la gestión del SII?

-Creo que el titular de la acción penal por delitos tributarios es el director del SII, eso es tan claro como el agua. Han existido ciertos matices, en algunos fallos, pero siempre se ha reconocido su titularidad exclusiva. La actitud de los abogados del SII de retirarse de la audiencia de formalización de Pablo Longueira me parece acertada porque el servicio no ha ejercido la acción penal. Por lo tanto, los abogados han actuado correctamente en el desempeño de su función pública. Encuentro pertinente y adecuada la conducta desarrollada por el SII en este caso. En mi opinión, la  formalización de Longueira por delito tributario es nula y de ningún valor por un principio de la supremacía constitucional, que establece que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que establece la ley. Este principio jamás se puede olvidar.

-¿El SII ha tenido una sola línea en el financiamiento político?

-Es difícil determinarlo, pero se puede apreciar que han existido dos líneas. Una que siguió el ex director Michel Jorrat y otra que sigue el actual director Fernando Barraza. Jorrat se querelló, a través de la subdirección jurídica, en  lo relativo al caso Penta, pero cuando se llegó al caso de SQM se tomó una pausa. Eso terminó con la salida del propio ex director y los ex ministros de Hacienda y de Interior por todo el conflicto de las supuestas presiones políticas. Desde mi punto de vista, muchas de esas acciones no debieron haber sido interpuestas porque no las considero delitos tributarios. Me parece que fue un error, debieron haber madurado los casos.

-¿El director Barraza está volviendo a la doctrina tradicional?

-Ha tenido en este poco tiempo de gestión algunos aciertos y desaciertos, como el caso de la querella por delitos tributarios en contra de Carlos Ominami, el cual terminó siendo sobreseído. Fue una gran lección de que hay que analizar bien los casos. Primero se recopilan todos los antecedentes para después decidir qué hacer. El director del SII también tiene que priorizar la utilización del recurso humano, si aprecia que las querellas o denuncias no son productivas para la función de recaudar del SII, evidentemente se pueden demorar un poco más porque no se puede dedicar toda la capacidad fiscalizadora y el Departamento de Delitos Tributarios en  este tipo de casos, porque si no la recaudación fiscal  puede disminuir.

-De los 36 casos más emblemáticos del financiamiento político, hay 12 formalizaciones vinculadas a Chile Vamos y tres de la Nueva Mayoría. ¿Dice algo eso?

-No quisiera referirme en esos términos a Chile Vamos o la Nueva Mayoría. Creo que algunos contribuyentes habrán cometido delito tributario y otros no, y serán absueltos definitivamente por la justicia. Pero debo señalar que no es constructivo politizar al SII, no es bueno, porque es una institución centenaria  de todos los chilenos. El SII no es de un partido político determinado. Sus funcionarios públicos pertenecen al Estado de Chile, no a la Nueva Mayoría o Chile Vamos, y por tanto, todos los actos que realicen  tienen consecuencias jurídicas. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que el Ministerio Público teniendo todos los antecedentes en su poder, recién inicien una investigación penal en contra del ex diputado y ex ministro Jorge Insunza un año después. Es algo que da para pensar.

-Algunas personas en la oposición dicen que en Chile hay dos justicias. Una blanda para la Nueva Mayoría y una dura para la oposición. ¿Qué opina?

-A lo mejor a simple vista se pudiera ver así. Pero pienso que el transcurso del tiempo y con todos los antecedentes que lleguen al SII no me cabe duda que sí hay antecedentes para querellarse por delitos tributarios contra una persona de equis partido político el SII lo va a hacer. El SII debe ser siempre un organismo técnico y tratar de politizarlo es un error. Tratar de politizarlo, como se planteó en un primer momento cuando asumió el actual gobierno con ese discurso de  la retroexcavadora y otras teorías y de sacar a los que habían trabajado para el gobierno del Presidente  Sebastián Piñera hicieron mucho daño. Sacaron a muchos funcionarios y esto le pasó la cuenta a la institución y finalmente al Estado de Chile. Pero se debe volver al camino correcto, que las querellas por delitos  tributarios es la excepción, porque el derecho penal es la última razón del derecho, y la acción penal no puede ser la regla general para los contribuyentes. Finalmente veremos en los próximos meses como muchos jueces aplicarán el estado de derecho.