El director del SII, Fernando Barraza, anunció que ahora se utilizarán preferentemente los tribunales tributarios para resolver los casos de financiamiento político, en vez de las querellas que se presentaron a partir de 2014. Para la ex autoridad del SII, Gonzalo Torres, "a primera vista puede llamar la atención y generar suspicacia sobre qué criterios se están usando para querellarse".
Publicado el 19.04.2017
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El financiamiento de campañas políticas que investiga la justicia ha marcado el debate de los últimos tres años, a raíz de los casos Penta, SQM, Corpesca y OAS, que involucran a políticos de diversos partidos.

Los dos grandes protagonistas del Estado han sido el Servicio de Impuestos Internos, con su decisión inicial de querellarse por delitos tributarios, y la Fiscalía, que ha presionado públicamente al SII para que presente dichas acciones penales, cambiando su conducta histórica. La última polémica al respecto se generó luego de que trascendiera que el SII no seguiría presentando nuevas querellas, sino que derivaría los casos a tribunales tributarios para buscar sanciones por vía pecuniaria.

La decisión generó una inmediata reacción del fiscal Carlos Gajardo -principal persecutor del caso Penta-, quien arremetió en su cuenta de Twitter contra la decisión, y retuiteó mensajes que calificaban la decisión de “inaceptable: la forma de garantizar impunidad. SII no presentará más querellas y así Fiscalía no podrá actuar”.

El vuelco del SII en los casos de financiamiento político

La respuesta del director del SII, Fernando Barraza, fue aclarar que se han presentado 35 querellas, cinco denuncias y 41 procedimientos de sanciones pecuniarios.

Además, fue enfático en afirmar que la no presentación de una querella específica por delitos tributarios no implica impunidad, puesto que para los casos en que se decide no ejercer la acción penal, la ley contempla la aplicación de una sanción de carácter pecuniario ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, con las instancias respectivas ante los tribunales superiores de justicia. Además, los involucrados pueden ser investigados por el Ministerio Público por otros eventuales delitos.

“El sistema sancionatorio consagrado en el Código Tributario establece para los delitos tributarios dos procedimientos –penal o infraccional- que persiguen igualmente aplicar sanciones legales. Incluso en los casos en que no existen antecedentes con méritos suficientes se aplica el procedimiento administrativo y, cuando corresponde, los contribuyentes deben igualmente rectificar sus declaraciones tributarias y pagar con reajustes, multas e intereses los impuestos evadidos”, afirmó Barraza en un inédito comunicado público subido a la web del organismo.

Sin embargo, mientras ayer publicaba dicha información, Impuestos Internos presentaba cinco nuevas querellas ante el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago por financiamiento político, en contra de ejecutivos de SQM y del ex consejero regional de RN por $120 millones y $72 millones, respectivamente; contra el asesor de Marco Enríquez Ominami, Cristián Warner, y la constructora brasileña OAS por $147 millones; y amplió la querella contra el ex gerente de Bancard, Santiago Valdés, por un supuesto perjuicio fiscal de $58 millones.

Para analizar el comportamiento pasado y presente del SII en las causas de financiamiento político, “El Líbero” conversó con Gonzalo Torres, quien fue subdirector jurídico de Impuestos Internos y funcionario de la entidad entre 1989 y 2014 en diferentes cargos.

– ¿Cuál es su opinión sobre la polémica que se ha generado entre el SII y la Fiscalía?

– Creo que la Fiscalía tiene que atenerse al estado de derecho, en primer lugar. Los constantes reclamos de los fiscales por la prensa o Twitter, como lo dijo el director del SII, no son buenos para el Estado de Derecho. Ellos deben canalizarse a través del poder legislativo o la Presidencia, porque estar en pugna con otro poder del Estado es nefasto. La Fiscalía debe entender que el SII tiene la opción penal por delitos tributarios, y es una facultad exclusiva, y la ejerce proporcionalmente. Esto no es llegar e interponer querellas.

– ¿Cómo evalúa las querellas que ha presentado el SII por financiamiento político?

– Creo que el SII se vio sorprendido en los primeros casos de las querellas por financiamiento político. El SII tiene que evaluar si le conviene alguna salida alternativa. Hemos visto que las querellas se han interpuesto y no han surtido el efecto deseado. Es legítimo que el SII pueda ejercer todas las facultades legales. La actuación del director Barraza me parece muy valiente de volver a la recta doctrina.

– ¿Cuál es la “recta doctrina”  a la que ha vuelto el director Barraza?

-Es la llamada ‘doctrina Escobar’, que si no hay antecedentes suficientes para querellarse por delitos tributarios se debe ejercer el acta de denuncia respectiva. Eso dio muy buen resultado en los casos Publicam y otros, y es la manera de operar en materia penal tributaria. El efecto ejemplificador se ha conseguido, pero creo que se le está haciendo daño al servicio y a sus fiscalizadores cuando otros organismos o funcionarios hacen declaraciones desproporcionadas.

– ¿Las querellas presentadas han sido de manera objetiva o ha habido criterios arbitrarios?

– No conozco el detalle, pero las defensas de los que están procesados deben evaluar eso. Evidentemente, en algunos casos puede que haya habido errores y se les haya pasado la mano, dependiendo del monto del perjuicio fiscal. Hay querellas en que se les pasó un poco la mano.

– Sorprende que el SII diga que se van a limitar las querellas, justo cuando se investiga la arista SQM que involucra a la Nueva Mayoría y a la constructora brasileña OAS por eventual financiamiento de MEO y Bachelet. ¿Es pura coincidencia?

– Creo que eso puede ser una coincidencia, pero para tomar una determinación de no ejercer por ahora la acción penal es porque no ha habido mayores antecedentes. Ahora, si la Fiscalía sigue investigando y proporciona nuevos antecedentes, creo que perfectamente el director del SII tendrían que reevaluar los antecedentes. Pero me complica politizar tanto al SII. Creo que está cumpliendo una laboral esencialmente técnica, sin ningún sesgo.

-Las últimas querellas presentadas por el SII son contra el asesor de MEO por OAS, un ex ejecutivo de Bancard y Claudio Eguiluz, de RN, y ninguna que mencione a involucrados de la Nueva Mayoría.

– No conozco los antecedentes, pero a primera vista puede llamar la atención y  generar suspicacia sobre qué criterios se están usando para querellarse, pero supongo que el SII informará de ella. Habría que ver y analizar el mérito. Es importante destacar que el que el SII ejerza la acción penal no significa que la persona sea culpable de delitos tributarios, sino que está habilitando al Ministerio Público.

– ¿En 2014 el SII sí se instrumentalizó políticamente?

– Es difícil contestar eso a la luz de los antecedentes que se han ido conociendo. Quiero pensar que no, porque a pesar de todo, tengo una buena impresión del director Michell Jorrat, como profesional y ser humano. Creo que algo pasó, pero no lo tengo claro. El SII es una institución más que centenaria y ha sabido ejercer sus facultades y actuar con igualdad. Hay una distancia bastante abismante entre lo que quiere la Fiscalía y lo que le corresponde al SII. La fuerza fiscalizadora debe estar en los temas netamente tributarios. Los casos de financiamiento político no son significativos en materia de recaudación fiscal. Hay que cerrar este tema para empezar a preocuparse de los temas país y que afectan a los contribuyentes.