Raúl Bertelsen, en conversación con "El Líbero", explica que si el TC llegara a declarar inconstitucional la glosa porque ha establecido una diferencia arbitraria, porque ha sido discriminatoria, eso obligaría al gobierno a corregir la política de gratuidad que está impulsando.
Publicado el 06.12.2015
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“Yo no hago aprontes ni pronósticos anticipados”, afirma a “El Líbero” el abogado constitucionalista y ex presidente del Tribunal Constiucional (TC), Raúl Bertelsen, cuando se le pregunta por la eventual sentencia del TC sobre el requerimiento de inconstitucionalidad por la glosa de gratuidad del Presupuesto de Educación 2016, que fue presentado por la oposición.

El pasado martes el TC acogió a trámite el recurso presentado por 31 diputados de Chile Vamos y dos días después lo declaró admisible. Para esta semana se espera que se realice la audiencia, donde se presentarán los alegatos públicos. Bertelsen, en conversación con este medio, analiza en detalle los argumentos del requerimiento, se refiere a la actuación del TC en este tema y a los efectos que podrían generarse tras una eventual aprobación del recurso.

“Hay una impugnación por un asunto muy de fondo. Yo diría que es uno de los casos, en que está en juego la igualdad ante la ley, más delicados que el Tribunal Constitucional chileno ha tenido que enfrentar”, afirma.

“En los medios se ha cometido un gran error que desconcierta a la ciudadanía; se dice que el Tribunal va a impugnar. El Tribunal no impugna nada, el Tribunal Constitucional decide”, afirma.

-Chile Vamos presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la glosa de gratuidad de educación y el pasado jueves el TC lo declaró admisible. ¿Cuál es su impresión sobre este requerimiento y los argumentos que utilizaron?

-El requerimiento es un requerimiento bien elaborado, la prueba es que el TC por unanimidad lo admitió a trámite el día martes, pasó las etapas en que más de alguna vez ha encontrado defectos en el requerimiento y eso retrasa su tramitación. Yo lo examiné, es un recurso bien fundamentado.

 

-¿Y respecto del fondo del requerimiento y la supuesta inconstitucionalidad que plantea? 

-Acá hay dos grandes temas que trata el requerimiento. Uno, es un aspecto formal, que se refiere al contenido y a la estructura de la ley de presupuesto, porque lo que se ha hecho en el proyecto es aprobar en una glosa un gasto que es sólo para el año 2016, pero que no es un gasto transitorio u ocasional, que es lo propio de esta glosa, sino que es un gasto que debiera ser permanente, o sea debiera estar en una ley que su vigencia no sea sólo un año, sino que sea indefinida. Ése es el primer aspecto, que es utilizar una de las partes de la ley de presupuestos que tienen una vigencia temporal de un año, para introducir una política pública general indefinida. Ése es un aspecto muy delicado y los temas presupuestarios en Chile son especialmente sensibles. Desde la revolución de 1891, en que el detonante fue un tema presupuestario, hasta 1971, en que la primera sentencia del primer Tribunal Constitucional fue un tema presupuestario en el gobierno de Allende.

-¿Y el segundo tema?

-El otro es el tema de la discriminación, que a mi juicio es el problema más de fondo del requerimiento. Porque lo otro, si el TC llegara a declarar inconstitucional el uso de una glosa para introducir una política, podría tramitarse una ley aceleradamente y aprobar con efectos generales la política de la gratuidad. Pero el otro aspecto, si el TC llegara a declarar inconstitucional la glosa porque ha establecido una diferencia arbitraria, porque ha sido discriminatorio, eso obligaría a corregir la política de gratuidad que el gobierno está impulsando.

-Entonces, si el gobierno dicta una sentencia estimatoria en la parte impugnada de la glosa, ¿se debe eliminar por completo?

-Efectivamente. En los medios se ha cometido un gran error que desconcierta a la ciudadanía, se dice el Tribunal va a impugnar, el Tribunal no impugna nada, el Tribunal Constitucional decide. Los que han impugnado son los parlamentarios que han ido al Tribunal Constitucional. Impugnar es atacar, el TC decide, y lo que decide en Chile y en todos los países que tienen Tribunal Constitucional, tiene que ser cumplido por los órganos del Estado.

-En medio de este debate han surgido algunas voces que han afirmado que el Tribunal Constitucional es la “tercera cámara”.

-Eso es tan viejo y tan poco original, que todos sabemos, los profesores de derecho constitucional, que el Tribunal no es una tercera cámara. Las Cámaras deliberan, participan en todos los proyectos de ley e introducen cambios. El Tribunal Constitucional decide que si algo es inconstitucional no puede promulgarse. Es como todo órgano jurisdiccional, deciden conflictos y en este caso decide un conflicto. Se ajustó la glosa a la Constitución o no. Los visos que se han aducido son principalmente dos, no es el lugar para hacerlo una glosa presupuestaria, no es el lugar porque es una política permanente y no un aporte circunstancial de un año de duración. Y lo otro, hay una impugnación por un asunto muy de fondo, que si se  ha introducido una diferencia injustificada. Yo diría que es uno de los casos, en que está en juego la igualdad ante la ley, más delicado que el Tribunal Constitucional chileno ha tenido que enfrentar.

-En el TC afirman que existe un voto clave que podría ser el dirimente, que es el del ministro José Ignacio Vásquez, quien asumió en agosto. ¿Cómo ve el panorama interno?

-Los votos de todos los ministros son clave. No hay que sacar cuentas por anticipado, yo no hago aprontes, ni pronósticos anticipados. Porque los ministros, si bien tienen ciertas preferencias, van a resolver de acuerdo al mérito del caso que les han planteado. Además, entiendo yo que van a hacer audiencia pública la próxima semana, entonces también ahí se pueden aportar elementos que no están en el requerimiento pero que puedan influir en la decisión de algún ministro.

-El Tribunal Constitucional ha optado por acelerar la tramitación del requerimiento, para que la sentencia tenga efectos, ya que según la Constitución la Presidenta puede promulgar la ley antes de conocer la sentencia.

-El TC en estos requerimientos tiene un plazo que no puede extenderse más de 20 días, desde que toma conocimiento del mismo. Y debido al feriado de la próxima semana, me imagino que el Tribunal va a querer hacer la audiencia pública y escuchar los alegatos la próxima semana y que los ministros tengan unos días para redactar la sentencia, que es un asunto complejo.