Juan Pablo Olmedo sostiene que las autoridades deben tener “mayor tolerancia frente a las críticas políticas” y que es indivisible el rango de Presidenta con el de ciudadana. También aborda la denuncia del PC ante la Comisión Interamericana de DD.HH. por el control preventivo de identidad.
Publicado el 04.06.2016
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La querella de la Presidenta Michelle Bachelet en que pide tres años de cárcel para cuatro periodistas de la revista Qué Pasa ha suscitado las críticas de diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión.

A ellos se suma Juan Pablo Olmedo, el primer presidente del Consejo para la Transparencia y abogado litigante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, quien aborda con “El Líbero” dicho recurso judicial; y también la denuncia que presentará contra el estado de Chile el Partido Comunista ante dicha comisión por su oposición al control preventivo de identidad, ley impulsada por el gobierno y que fue aprobada en el Congreso.

-¿Qué opina Ud. de la querella de la Presidenta Bachelet en contra de cuatro periodistas?

-Las autoridades de la república deben tener mayor tolerancia frente a la crítica política. No es entendible la escisión entre la persona y el cargo, sobre todo en el caso de la Presidencia de la República. La práctica de ejercicio de la  acción penal por parte de las autoridades en función de la protección de la honra, pensamos que estaba erradicada, y el presente caso, muestra lo contrario. Creo que la presentación fue un error.

-¿Cree que afecta la libertad de expresión, como sostiene la revista y algunos gremios, como la ANP?

-Es un riesgo serio a la libertad de expresión, los medios de comunicación son parte esencial del sistema democrático y son instrumentos de la libertad de expresión. El sistema interamericano de protección de derechos humanos ha sido claro en la importancia de la prensa como mecanismo de crítica política y control social. Los casos de Perú, Venezuela, Ecuador y Argentina, muestran la importancia que se le concede a este derecho en la región.

-¿De qué manera puede la Presidenta defender su honra cuando sienta que un medio de comunicación se la ha dañado?

-Ciertamente el recurso a los mecanismos de autorregulación de los medios de comunicación, a través de su consejo de ética y/o el reproche ético a los periodistas son alternativas eficaces para  ponderar los derechos y bienes jurídicos en juego en el caso concreto. Tras la alegación de falta diversidad en la información, que se sostiene en la querella, se encuentra la percepción de la concentración monopólica de la información por los medios de comunicación social,  siendo para ello la vía idónea la Fiscalía Nacional Economía.

Olmedo sobre el reclamo del PC ante la CIDH: “Lo que exige el sistema interamericano es el agotamiento previo de los recursos internos”

bancada del PC-¿Cuál es su opinión sobre la idea del PC de acudir a la comisión interamericana por el control preventivo de identidad?

-Cualquier persona, entidad o grupo puede acudir a los organismos internacionales de DD.HH. Es legítimo y está consagrado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. La pregunta es si la presentación de una denuncia tiene un efecto práctico en el sistema interamericano y para Chile. A la luz de las competencias de la Comisión que han de decidir el recurso a las competencias de promoción, investigación, difusión o aquellas conocer de quejas particulares por vulneración a la Convención Americana de DD.HH. En esta última competencia, que ha derivado en fallos en contra del Estado de Chile, como la Última Tentación de Cristo, Trillium sobre acceso a la información pública, y Karen Atala, entre otras, lo que exige el sistema interamericano es el agotamiento previo de los recursos internos.

-¿Se requiere un fallo previo de la justicia antes de ir a la comisión de la OEA?

-No basta la existencia de una ley que puede ser contraria a la convención interamericana de DD.HH. Sin perjuicio que ello ya es una vulneración, su constatación requiere de un caso concreto en que se haya aplicado esa ley y agotado los recursos internos en el estado respectivo -generalmente a través del poder judicial- para los efectos de concurrir a las instancias internacionales. Esa regla clásica en derecho internacional está todavía pendiente en el caso de su pregunta. Ello no obsta a que en función de las otras competencias de la Comisión Interamericana, como de difusión, información, conocimiento y recomendación, cualquier persona, grupo de personas (ONG, partidos políticos, asociaciones), e incluso el propio Estado pueda solicitar a la CIDH tomar conocimiento de situaciones que en opinión de los peticionarios puedan ser contrarios a la luz de la  Convención Interamericana, y por cierto, la Comisión tiene múltiples maneras de resolver tal solicitud, a través de una audiencia, realizar una visita al país, levantar una recomendación, pero todo ello en función de sus competencias de promoción de los DDHH en el hemisferio.

-¿Qué viabilidad le ve de que sea acogida?

-No conozco la presentación y no puedo plantear la vía que señala. En mi experiencia profesional, los casos en contra del Estado de Chile en los que me ha tocado intervenir, en materia de libertad de expresión, por ejemplo, son de larga data, entre siete y ocho años. El procedimiento de queja individual tiene tiempos largos de resolución. Ahora, hay otras vías más rápidas para llamar la atención de la comisión, como aquellas señaladas precedentemente.

 

-¿Es vinculante para el estado de Chile la consulta del PC?

-La comisión es órgano de la OEA, y cualquier persona puede hacer consultas o peticiones, que tienen que ser resueltas en su mérito. No tengo información  de la acción que plantea el PC, pero hay que distinguir el uso de las competencias de promoción o bien el recurso al procedimiento de queja individual. En el primer caso, son recomendaciones y, en el segundo, puede concluir en una sentencia obligatoria de la Corte Interamericana de DDHH.

-La comisión está en serios problemas económicos. ¿Cómo afectaría eso la solicitud del PC?

-El problema financiero ha existido siempre. Los países del hemisferio tienen una política que privilegia los DD.HH. que deber coherente con el apoyo financiero a los órganos de supervisión de DDHH de la OEA, la Comisión y Corte Interamericana. Lo que plantea la comisión en cuanto a la escasez de presupuesto debe llamar la atención de todos los estados del hemisferio para priorizar y entregar recursos para dar continuidad a un trabajo necesario e imprescindible en la región. De otro lado, la falta de recursos afecta el funcionamiento de la Comisión que no cuenta con consejeros full time, y también retarda la tramitación de los procedimientos. La respuesta al llamado de atención de la Comisión es la imperiosa necesidad de Chile de tomar liderazgo y concurrir junto a otros Estados de la OEA con recursos suficientes.

-La comisión se reunirá la próxima semana en Chile pero no verá casos chilenos.

-No tiene implicancia alguna. La agenda de trabajo de la Comisión se encuentra determinada con mucha antelación. La decisión institucional de sesionar en los países miembros de la OEA es una práctica habitual de larga data. Se justifica, entre otras razones, para maximizar el uso de los recursos y además realizar una labor de difusión del trabajo que realiza. Es una oportunidad para las personas, organizaciones y demás entidades de poder conocer su trabajo y formular peticiones

-¿Lo han contactado?

-No he recibido ningún llamado.

-¿Estaría disponible?

-Como abogado y por mi trayectoria y compromiso con los derechos humanos siempre voy a estar disponible para analizar y estudiar y aportar a mi país, pero tengo claro que cualquier compromiso en la esfera internacional es de largo plazo.

-¿Es caro?

-En todas las causas en las cuales he participado, la intervención es por convicción personal de favorecer cambios sociales relevantes en el país. El sistema  en mi opinión no está diseñado para resolver temas entre particulares. Por lo mismo, no puede ser prioridad para la intervención y representación profesional la cuestión de honorarios, lo contrario, son casos pro bono. Cosa distinta es el tiempo y los costos asociados a cualquier litigio internacional, que obviamente requiere recursos.